“¡Ay muchacho! Para hacer eso que tú propones hay que eliminar a par de familias [políticas] en este País que no quieren un cambio”.
Esas fueron las palabras con las que me respondió una amable señora en la fila para comprar mi almuerzo, al indagar y recibir de mí un resumen de la tesis que me encontraba por terminar, aquella que trata sobre reformar el sistema de gobierno puertorriqueño. Si bien sus expresiones podrían sonar un poco extremas, reflejan un sentir que no parece estar ajeno a la mayoría de la población de Puerto Rico: desconfianza y falta de legitimidad en las instituciones gubernamentales del País.
En el ámbito de la administración pública, cuando un gobierno tiene la capacidad directiva para gobernarse a sí mismo a través de sus instituciones —lo que a su vez abona a que pueda lograr sus metas colectivas— es conocido como gobernabilidad, término que se originó para la década de los años setenta. Mientras tanto, por instituciones se entiende las estructuras de orden social que conducen el comportamiento dentro de una sociedad.
En Puerto Rico, las instituciones suelen ser entidades públicas establecidas para alcanzar objetivos y metas, ya sean en forma de departamentos, agencias u oficinas gubernamentales. Sin embargo, existen instituciones no gubernamentales que también controlan el orden social, como son las iglesias o las instituciones bancarias.
En una situación utópica, toda sociedad se beneficiaría al contar con buena gobernabilidad por parte de su gobierno. No obstante, como tal perfección aún elude a la humanidad, la ingobernabilidad se convierte en una realidad latente. Expresado de la manera más simple, ingobernabilidad es la incapacidad del gobierno para gobernarse a sí mismo través de sus instituciones.
Así las cosas, ¿es Puerto Rico ingobernable? Por el momento no, pero tampoco se pueden negar los síntomas de esta aflicción.
Las faltas en la transparencia, la rendición de cuentas y de legitimidad, la inhabilidad para controlar la corrupción, la ineficiencia del gobierno, la ignorancia del estado de derecho por políticos y administradores, la deficiencia de la administración pública, la violencia, la desigualdad social y la pobreza, son algunas de las situaciones que pueden llevar a un país a entrar en una crisis de gobernabilidad. Observando los ejemplos mencionados, es difícil no trazar algunos paralelismos con Puerto Rico.
En el caso de las pintorescas palabras dichas por la señora en la fila del almuerzo, presumo que la institución con poca legitimidad ante sus ojos es la Asamblea Legislativa, puesto que allí es de donde deben surgir las propuestas de enmienda a nuestra Constitución. Es de suponer que cualquier reforma o enmienda constitucional que vislumbre un cambio al esquema de nuestro sistema gubernamental, poniendo en riesgo el “trabajo” de legisladores y otros políticos que erróneamente han “profesionalizado” sus puestos, tiene poca probabilidad de aprobarse. El fiasco del referéndum de 2005 en favor de la unicameralidad nos sirve como evidencia.
Son estas acciones, se terminen concretando o no, las causantes de que la institución que es la Asamblea Legislativa pierda la confianza de la ciudadanía.
¿Cómo remediar esta grave realidad? Recordemos que no es solamente la Rama Legislativa en este estado de crisis de ingobernabilidad. En los pasados días, la Rama Judicial se ha visto involucrada en una serie de situaciones que están afectando su percepción ante la sociedad. Ni hablar de la Rama Ejecutiva y sus más de 100 entidades que la componen, especialmente cuando son las instituciones más cercanas a la población, por virtud que proveen algún tipo de bien o servicio.
Así las cosas, muchos apuestan a la gobernanza, concepto que se utiliza cada día más como uno de los remedios para mejorar la gobernabilidad.
La gobernanza, según definido por la Real Academia Española, es “el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Es fácil comprender cómo la gobernanza puede abonar a una mejor gobernabilidad, puesto que el Estado por sí solo no tiene la capacidad real para responder satisfactoriamente a los múltiples desafíos de las sociedades modernas.
No creo que exista un mejor sistema dentro de un país que ver a todos los actores concernidos elaborar juntamente políticas públicas para el beneficio de toda la sociedad. No todo debe venir de arriba para abajo, del gobierno a la ciudadanía, como muy penosamente estamos acostumbrados.
Sin embargo, tampoco podemos pretender, como he escuchado a muchos sugerir, que surja la gobernanza sin incluir al Estado por entender que es deficiente o incapaz de sentarse de “buena fe” con los demás actores para lograr esto. Desafortunadamente, y sin negar lo anterior, el Estado y sus instituciones son necesarios para lograr la gobernabilidad. Sin su intromisión, no sería posible tener gobernanza.
Tal y como está constituido nuestro sistema, el Estado siempre será el actor principal que cuenta con todos los mecanismos para ganar.
Así las cosas, el mejor remedio para rectificar nuestra crisis de gobernabilidad debe concentrase en tratar de alcanzar un punto medio. Por un lado, hay que unir esfuerzos entre los actores no estatales para desarrollar ese concepto de gobernanza, que tenga como fin último el beneficio de toda la sociedad puertorriqueña y no alimentar el protagonismo.
Por otro lado, se debe empezar a recobrar la legitimidad de la ciudadanía hacia las instituciones que regulan su existencia. No hay una forma fácil de lograr esto, pero tal vez un buen comienzo sería que, aquellas personas que vitoreaban desde afuera la necesidad de un cambio, se mantengan fieles a esos enunciados y no caigan en la trampa de lealtad partidista que corrompe hasta el más implacable de los idealistas bienintencionados una vez logren alcanzar puestos y posiciones de liderazgo dentro de las instituciones. De lo contrario…bueno, mejor es soñar que todo es posible.
El autor es Maestro en Administración Pública y egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
