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San Juan visto desde el municipio de Gurabo. El 98 por ciento de Puerto Rico está designado como Zona de Oportunidad. (Sebastián Márquez Vélez)
Modesta Irizarry no sabía que su pueblo, Loíza, en la costa norte de Puerto Rico, fue designado como una Zona de Oportunidad. En el barrio Salud en Mayagüez, al oeste, Orlando Serrano tampoco se había enterado de que su comunidad está bajo la misma categoría, al igual que casi el 98 por ciento de la isla.
Las Zonas de Oportunidad fueron designadas como parte de la reforma contributiva del presidente Donald Trump, y ofrecen una reducción de 37.5 por ciento a 20 por ciento en la tasa contributiva federal a fondos que inviertan en “comunidades de bajos ingresos”. El proyecto de ley en Puerto Rico para viabilizar este programa federal, además exime del pago de arbitrios por construcción y reduce el 50 por ciento del pago de patente municipal durante 15 años para inversionistas de Puerto Rico y de Estados Unidos.
“Ahora mismo estamos tratando de entender lo de las Zonas de Oportunidad”, dijo el organizador comunitario Roberto Thomas desde el área de la Bahía de Jobos, al sur, entre los pueblos de Salinas y Guayama.
Los líderes comunitarios Irizarry, Serrano y Thomas dijeron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que sus comunidades no han tenido acceso a información sobre las Zonas de Oportunidad.
Mientras, decenas de inversionistas y ejecutivos sí han tenido la oportunidad de orientarse y escuchar a funcionarios del Gobierno explicar los beneficios de este programa en varias conferencias y foros.
En Estados Unidos, los gobernadores de los estados designaron como Zona de Oportunidad el 25 por ciento de los territorios que cualificaban. En contraste, una excepción del Congreso permitió que casi el 98 por ciento de Puerto Rico fuese declarado Zona de Oportunidad, incluyendo a Vieques, Culebra e Isla de Mona. Con esa excepción, pudieron ser designadas como Zona de Oportunidad áreas que no cualificaban bajo la definición del censo de “comunidad de bajos ingresos”.
Tracy Hadden, científica sénior de datos en el Centro de Bienes Raíces y Análisis Urbano de George Washington University, describió la designación de casi el 98 por ciento de Puerto Rico como Zona de Oportunidad como “una situación realmente extraordinaria” que no se ve en otros lugares de Estados Unidos. En entrevista con el CPI, Hadden resaltó que Puerto Rico es especialmente vulnerable al cambio climático por ser una isla del Caribe expuesta a huracanes y a las elevaciones del nivel del mar.
“Las Zonas de Oportunidad fueron designadas sin tomar esos factores en cuenta… Si las personas guían menos y ocupan menos tierra, se desacelera el cambio climático. Porque ocupar menos tierra deja más tierra disponible para la captura de carbono y conducir menos emite menos gases de efecto invernadero. El clima extremo y el aumento en el nivel del mar ya están sucediendo. Pero, por ejemplo, Red Hook, un barrio de Brooklyn en Nueva York, fue designado como Zona de Oportunidad, y hay modelos que dicen que la calle principal de Red Hook va a estar bajo agua en 15 años”, señaló Hadden, coautora de un estudio sobre las Zonas de Oportunidad para Smart Growth America.
El proyecto de ley para viabilizar las Zonas de Oportunidad en la Isla está estancado en la Legislatura desde noviembre. El Senado lo aprobó, pero no estuvo de acuerdo con las enmiendas que le hizo la Cámara.
Desde el 18 de diciembre el CPI solicitó una entrevista con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y a pesar de múltiples gestiones de seguimiento con su oficial de prensa durante tres meses, e incluso visitar su oficina, el representante se ha negado a hablar del tema de las Zonas de Oportunidad.
El representante Antonio Soto, que dirige la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) de la Cámara de Representantes, dijo al CPI que la pieza legislativa se encuentra en Comité de Conferencia y que se están discutiendo las “definiciones de crédito” y “el Comité” que evaluará los proyectos que se propongan para las Zonas de Oportunidad. Soto no quiso dar detalles sobre cuáles son las preocupaciones con esos dos puntos de la ley.
El CPI abordó a Méndez a la salida de una conferencia legislativa que se dio a puerta cerrada en el Centro de Convenciones. “Sí, ya hay un acuerdo”, dijo sobre el proyecto de ley de las Zonas de Oportunidad. “Se discutió [durante la conferencia]. Quizá la próxima semana va a estar siendo aprobada en la asamblea legislativa”.
De izquierda a derecha: el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, el gobernador Ricardo Rosselló, y el presidente de la Cámara Johnny Méndez en la conferencia de prensa donde se informó del Grupo de Trabajo Multisectorial para Mitigar el Cambio Climático. (Suministrada por La Fortaleza)
La pieza legislativa no contiene mecanismos para asegurarse de que los municipios se beneficien o se proteja a las comunidades del impacto de inversiones de gran escala, ni para integrarlas al proceso de desarrollo económico que promete, observó el CPI.
“El proyecto de ley local elimina todos los mecanismos tradicionales de compensación, te exime del pago de contribuciones de la construcción, y del 50 por ciento del pago de patente municipal durante 15 años. Al eximirse de esas dos cosas, hace que el municipio no reciba nada o muy poco del beneficio de la inversión que se desarrolla”, advirtió Pedro Cardona, planificador y exvicepresidente de la Junta de Planificación.
“Estos pagos de patente se hacen para compensar, o sea: tienes este desarrollo de élite o tal, pero ese desarrollo aporta a lo que son los sistemas educativos del municipio, al mejoramiento de las carreteras, para que todo el mundo pueda disfrutar del beneficio de tener esa inversión allí. Cuando eliminas eso, la proporción es totalmente inclinada hacia el desarrollo particular y no hacia el colectivo, no hacia el conjunto social”, abundó.
Cardona contrapuso el poco beneficio que podrían recibir los municipios designados como Zona de Oportunidad versus la carga que recibirán durante el proceso inicial de proyectos de desarrollo o redesarrollo.
“Tú vas a tener unos impactos sobre las infraestructuras municipales del agua, sobre las carreteras, tienen unos impactos sobre un montón de cosas. Y entonces no recibes ningún beneficio, o muy poco beneficio”, dijo Cardona, quien imparte el curso de teoría urbana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.
Rolando Ortiz, alcalde de Cayey que terminó en febrero su rol como presidente de la Asociación de Alcaldes, dijo que a los ejecutivos municipales no se les ha consultado sobre el proyecto de las Zonas de Oportunidad.
“Nosotros no hemos sido consultados y ese tipo de medida es confiscatoria, y cuando se trata de incentivar la actividad económica en perjuicio de los municipios, no es correcto. El Gobierno central ha abandonado la infraestructura en los municipios y cuando se legisla a costa del ingreso municipal, en estos tiempos en que el Gobierno ha quitado recursos a los municipios, pues eso va en contra de nosotros”, dijo.
Admitió que no conoce el concepto ni la legislación de las Zonas de Oportunidad, pero consideró que es “un esfuerzo genuino para activar la economía, que se supone que tenga beneficios a largo plazo y no todo tiene que ser negativo. En otras jurisdicciones [los incentivos] han tenido un impacto positivo a largo plazo. Pero no se debe reducir tanto [el pago de patente municipal y las contribuciones por construcción], o no deben de ser las dos”.
Funcionarios no dan prioridad a integrar a las comunidades
El motivo original de la legislación federal es incentivar el desarrollo económico en comunidades desventajadas. Mientras que en los estados de EE.UU. se aplicaron las Zonas de Oportunidad a las áreas que cualifican como una comunidad de bajos ingresos, en Puerto Rico, además de que todas las comunidades de bajos ingresos fueron designadas, también se incluyeron otras áreas que no son de bajos ingresos, hasta cubrir el 98% del territorio.
El representante Antonio Soto cree que ningún [inversionista] “va a invertir en áreas donde no tengan un retorno de inversión. En áreas deprimidas, no valdría la pena porque no tienen retorno de inversión. En esas áreas no se hará un hotel; tal vez algo de vivienda o una égida, lo que la Oficina de Permisos determine que encaje”.
Sobre la integración de los municipios y las comunidades al proceso de desarrollo, el representante señaló que “depende del interés del inversionista y de la planificación que haya en el área para que sean armónicos”.
Desde que se construyó Ciudadela en Santurce por ejemplo, “la calle completa ha mejorado y no ha habido desplazamientos”, dijo Soto al CPI.
Pero en Santurce sí hubo desplazamientos. En donde ubica hoy Ciudadela, complejo de apartamentos que cuestan de entre $128,000 y $335,000, antes estaba el barrio San Mateo. Sus residentes fueron desalojados y sus casas demolidas por la empresa de construcción con el aval del Gobierno y el Departamento de Vivienda en el año 2005.
“Los municipios pueden someter comentarios al Comité [de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad]”, dijo Soto.
El “Comité de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad” estará adscrito a La Fortaleza. Su presidente será el Principal Oficial Financiero, que actualmente es el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado y los otros miembros serán el Principal Oficial de Inversiones, Gerardo Portela, y el director ejecutivo de la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia (AAFAF), Christian Sobrino. “El Gobernador podrá nombrar miembros adicionales al Comité para atender solicitudes específicas”, establece el proyecto.
Maldonado lideró la inclusión de Puerto Rico como Zona de Oportunidad desde La Fortaleza mientras era secretario de la Gobernación. A preguntas del CPI sobre cómo se va a proteger e incluir a las comunidades en los desarrollos que se propongan, el funcionario contestó que se realizará una “Cumbre Comunitaria”.
Raúl Maldonado, Principal Oficial Financiero del país, lideró las gestiones para la designación de Puerto Rico como Zona de Oportunidad. (Gabriel López Albarrán /Centro de Periodismo Investigativo)
“Próximamente vamos a estar en una conferencia, una Cumbre Comunitaria donde vamos a atender las 736 comunidades que están en Puerto Rico y los 336 residenciales públicos, para explicar a los líderes comunitarios como pueden hacer Zonas de Oportunidad. Porque por ejemplo, si tú quieres hacer un almacén para guardar alimentos para una comunidad, eso cualifica”, indicó Maldonado. También dijo que hará una serie de seminarios con líderes comunitarios y estudiantes.
Contrario a lo que dijo Maldonado, la cumbre comunitaria no tendrá como tema principal las Zonas de Oportunidad, si no la recuperación de las comunidades afectadas por el huracán María, dijeron tres líderes comunitarios al CPI.
“[Las zonas de oportunidad] no es el tema central, pero sí era un tema que lo íbamos a tratar de incluir”, dijo al CPI Héctor Albertorio, director de la Oficina del tercer sector y base de fe de La Fortaleza, uno de los encargados de coordinar la cumbre.
El 5 de marzo el Gobierno de Puerto Rico realizará el 2019 Opportunity Zones Summit en el Centro de Convenciones para explicar los beneficios de las Zonas de Oportunidad a inversionistas. Según el comunicado de prensa que solo fue emitido en inglés, participarán, además del Gobernador, Gerardo Portela, Carlos Mercader, Director de Asuntos Federales de Puerto Rico, Jovita Carranza, Tesorera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y Daniel Kowalski, Asesor del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
Hace seis meses Maldonado y Portela viajaron a Estados Unidos para presentar a Puerto Rico como Zona de Oportunidad a firmas de inversión y se reunieron en la Isla con ejecutivos de bancos como Citibank y JP Morgan.
“En la primera ronda de presentaciones que hicimos en Wall Street, teníamos ya 600 millones en dos fondos nada más que están ya aquí buscando la inversión, tienen ya el dinero separado en un fondo. Lo que estamos haciendo ahora es, a los Goldman Sachs de la vida, a las firmas bien grandes, fuimos, les presentamos, y están incluyendo en su portfolio de inversiones a Puerto Rico como una de las medidas más atractivas”, dijo Maldonado en entrevista con el CPI.
Hasta febrero de 2019 se habían registrado al menos diez corporaciones bajo la categoría de “Opportunity Zone Fund” en el Departamento de Estado. Este es el tipo de entidad requerida para optar por los beneficios de las zonas de oportunidad. Ocho de ellas pertenecen a inversionistas de Estados Unidos, en su mayoría asociados a empresarios de Puerto Rico. Tres de estas ocho están asociadas una misma firma de bienes raíces: Morgan Reed. Solo dos corporaciones aparentan ser de inversionistas locales.
“Lo que pasa es que el [inversionista] local no lo va a abrir hasta que se haga la legislación local. El beneficio mayor para el local es que tenga el mismo beneficio contributivo que en Estados Unidos, que es una tasa reducida en contribución sobre ingreso y cero tax en ganancia de capital. Así que tan pronto pase la legislación, tú vas a ver que va a haber decenas de fondos en Puerto Rico; está todo el mundo pendiente a eso”, dijo Maldonado.
Conferencias y cumbres para inversionistas
Los inversionistas interesados en las exenciones contributivas de las “zonas de oportunidad” tuvieron una conferencia el 30 de enero en el hotel Vanderbilt en Condado, organizada por la firma de bienes raíces Colectivo 360. En el comunicado que emitió la entidad se anunciaban las Zonas de Oportunidad como un mecanismo para invertir en las “comunidades en dificultades”.
Otro de los invitados fue Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico.
El proyecto de ley para las Zonas de Oportunidad, no establece que el programa de exenciones contributivas sea dirigido a las comunidades de escasos recursos. El documento de 58 páginas apenas menciona el concepto de comunidad de bajos ingresos. Donde único se incluyen estas palabras es en la exposición de motivos, para explicar que no solo las comunidades de bajos ingresos fueron designadas zonas de oportunidad.
“Definitivamente las Zonas de Oportunidad son un programa para promover la inversión en comunidades. Así es como se llama esto: community development programs. Especialmente, y como se mantiene en la ley, en lo que son comunidades que están desventajadas económicamente y socialmente”, comentó Laboy.
¿Cómo se integran las comunidades en ese proceso?, preguntó el CPI.
“Estamos en este momento… Este tipo de evento es bien importante para atraer el tipo de inversionista, porque al final del día, tú tienes que lograr dos cosas: traer a los que quieren invertir y empatarlos con los proyectos. Esto va a hacer al final la calidad del proyecto, lo que va a definir si los inversionistas están interesados o no en meterse en esto. Y en la definición del proyecto, ahí es que yo veo una gran oportunidad para integrar a las comunidades”.
¿Cómo?, insistió el CPI.
“Bueno, eso no va a suceder aquí porque esto es para atraer inversionistas”.
¿Pero, va a pasar posteriormente?, cuestionó el CPI.
“Bueno, en el caso mío, en el caso del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), cada proyecto tiene una estrategia. Por ejemplo Roosevelt Roads, que no está ahora mismo escogido bajo las Zonas de Oportunidad, sí queremos que se incluya y nosotros estamos reuniéndonos con la asociación que representa a las comunidades de Ceiba y Naguabo. Ese es un ejemplo de lo que yo quiero hacer con el resto de los proyectos que nosotros estamos auspiciando”.
La entrada del evento costaba $500 para audiencia general y $3,000 por ocupar las “mesa de auspiciadores”, que estaban reservadas para ejecutivos de firmas como KPMG, Kevane Grant Thornton, Somera Road, Reality Realty o BMA Group. La sala estaba repleta y, según uno de los oradores, el 30 por ciento eran inversionistas de Estados Unidos. El orador principal fue el gobernador Ricardo Rosselló.
En la conferencia también participó Alberto Bacó, exdirector del DDEC, pero esta vez del lado de los inversionistas.
¿A usted le interesa hacer un fondo para invertir en proyectos de Zonas de Oportunidad?, preguntó el CPI a Bacó.
“Sí, uno de mis proyectos en la vida privada es un fondo de redesarrollo y de industria de hospitality. Yo creo mucho en la economía del visitante, creo mucho que parte del futuro de Puerto Rico está en duplicar la industria del turismo. Así que estoy levantando un fondo. Ya tengo inversionistas para el fondo, que va a ser el Puerto Rico Rediscovery and Redevelopment Fund”.
En el proyecto de ley local no hay un mecanismo para integrarlas o proteger a las comunidades que fueron declaradas Zonas de Oportunidad, le dijo el CPI.
“En esa parte, yo entiendo que se debe promover la discusión”, respondió Bacó.
¿Cómo?, se le preguntó.
“Bueno, que públicamente se hable de cómo evitar los males que normalmente… Porque por legislación es muy difícil porque entonces lo que hace es que la gente no invierte. Tú quieres que inviertan, pero tú también quieres que no ocurran los efectos negativos de la gentrificación. Así que hay que promover diálogo, hay que promover foros como este y traer ese punto y discutirlo”.
En el foro, sin embargo, nadie discutió este asunto.
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