El gran saqueo: la liquidación del plan de pensiones de la UPR

Me permito interrumpirles en cualquier parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se encuentren, para unirme a todos los sectores de la comunidad universitaria convocados a participar de una manifestación en apoyo a la Junta del Sistema de Retiro de la UPR mañana viernes 11 de mayo a partir de las 9:00 a.m. en el Jardín Botánico de Río Piedras, lugar donde se encuentra la Administración Central de la institución.

Esta convocatoria tiene la intención de comunicar a toda la comunidad universitaria y al país, nuestra determinación de defender al plan de retiro de beneficios definidos que no es otra cosa que un contrato que avaló el Sistema de Retiro de la UPR y la propia universidad, con los 19,000 participantes del plan –sean estos retirados o empleados activos y cotizantes–.

Nuestra Constitución manda a que no se aprueben leyes que menoscaben los contratos existentes. La intromisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) —que impulsa modificaciones a los planes de retiro de Puerto Rico— es inconstitucional porque afecta contratos y la política pública que los nutre de significado social y sentido histórico.

La pregunta que debe hacerse un participante del plan es: ¿por qué debo participar de esta concentración?

La contestación es sencilla. Congelar los fondos del plan de beneficios definidos de la UPR y la imposición de un plan de contribución definida es el comienzo de la liquidación del plan de pensiones de la UPR.

Congelando los activos del sistema se impide que el fideicomiso que ahora existe –con la única finalidad y obligación legal de pagar pensiones– pueda recibir las contribuciones patronales a las que está obligada legalmente la UPR como institución (también el Gobierno de Puerto Rico como último responsable del sector público).

Esta contribución económica, junto a la que realizan mensualmente todas y todos los miembros activos del sistema, es necesaria para asegurar la exitosa continuidad de nuestro plan. Cualquier otro escenario tendrá consecuencias catastróficas para los participantes; cosa que ya ha sucedido en Puerto Rico y a nivel internacional.

El propuesto plan de contribución definida –e impuesto por la JCF– ya se ha experimentado en Puerto Rico. Su última víctima fue el plan de pensiones de la Junta de Retiro de los maestros que pasó de ser un sistema confiable a uno con grandes problemas de liquidez.

Esa misma experiencia se ha vivido en Chile, Argentina, Venezuela, las ciudades de Detroit y New York, Washington D.C. y los estados de Nueva Jersey, Rhode Island, Delaware e Indiana, entre otros. El mismo escenario de fracaso se ha escenificado recientemente en México, Irlanda y Grecia.

El gran problema de los planes de contribución definida es su dependencia a los bancos comerciales y su vulnerabilidad al vaivén del mercado de valores. Es decir, que esas cuentas individuales son una caja de ahorros insegura y susceptible a desaparecer por la gestión, o mala gestión, de los bancos comerciales. Por eso, hay que reconocer y defender la sabiduría de nuestra Junta del Sistema de Retiro de depositar nuestros fondos en un fideicomiso que reduce grandemente el impacto negativo de la especulación bancaria.

Para entender lo que sucede en Puerto Rico basta con analizar lo que está pasando con los demás sistemas de retiro. Nadie se llame a error, transferir los fondos de pensiones del gobierno al Fondo General tiene poco que ver con asegurar el compromiso con el pago de las pensiones. En realidad, se trata de una estrategia mercantilista ante la corte de quiebra para confundir las arcas del fondo general con el de las pensiones y poner en peligro esos mismos fondos que son enteramente recurrentes y los recibe el gobierno mensualmente.

La ley habilitadora del ya aprobado nuevo saqueo —la Ley 106 del 2017— libera a todas las agencias del gobierno de Puerto Rico a realizar la aportación mensual que les corresponde a los planes de pensión. También, dispone de todos los activos físicos y líquidos, es decir, que toda la riqueza que puedan tener acumulados los sistemas pasen al fondo general.

Finalmente, el estatuto desvirtúa la naturaleza social de los planes de pensión. En palabras más claras, se destruye el funcionamiento orgánico de los planes –la lógica del poder colectivo de ese grupo orgánico– creando diversos grupos de interés en cuentas individuales, lo que, ciertamente, debilita su naturaleza y rentabilidad.

La situación es que cuando se congelan las fuentes de riqueza de los fondos de retiro, creando cuentas individuales al presente, se obtendrá como obvio resultado reducir los fondos de pensión de beneficios definidos a mediano plazo y, a largo plazo, se liquidarán para aliviar la carga económica de un gobierno “emprendedor” que ya no se preocupa por sus ciudadanos.

Si la deuda es de todos, como ciertamente es, por qué no se intervienen los fondos de retiro, las carteras de inversión y las pensiones de todos los empleados, públicos y privados, de Puerto Rico. Eso pondría a pagar a varios de los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Además, ¿por qué los bancos no son obligados a reducir un 20% o 30% del valor de todas las hipotecas de manera que se distribuya la carga económica de la crisis? ¿O es que esos contratos valen más que los contratos que ahora se está violando con la intervención a los planes de retiro?

A fin de cuentas, ¿por qué una universidad que en general funciona bien –considerando que subsidia la matrícula de sus estudiantes y así evita la exclusión social de sectores pobres en Puerto Rico– se le castiga con recortes de $450 millones? Y, a pesar del mejor consejo de sus administradores, se le impone un aumento de la matrícula para hacerla inaccesible para las mayorías.

No me cabe la menor duda de que la congelación propuesta de los fondos del retiro es el principio del fin de los sistemas de retiro que hoy conocemos.

Significa que en aproximadamente cinco o seis años esos fondos desaparecerán y, aún más, que los que hoy están pagando sus pensiones no verán un solo dólar de ese dinero porque la voracidad del sector bancario los desvanecerá. Cosa que, como mencioné, ha sucedido en otros lugares del mundo.

El patrón es claro, es la externalización o privatización y posterior liquidación de los sistemas de pensiones como resultado de la gran especulación resultante.

No nos llamemos a error, esta no es una controversia entre los pequeños bonistas del patio y los retirados. Es de ambos contra el gran capital internacional financiero presente en Puerto Rico en un par de docenas de multinacionales.

Los bonistas del patio ya perdieron sus inversiones desde el día uno de la gran desafectación pública y especulación llamada Promesa. En realidad, la mayoría de estos ya han sido substituidos por los acaparadores de los fondos llamados “buitre” que le compraron por centavos el valor neto de 16,000 millones de dólares en inversiones y bonos de Puerto Rico. Es su caso, me temo que el robo ya está perpetrado.

Es decir, ya han sido desafectados de su riqueza los pequeños bonistas del patio. También, ha sido intervenida la otra gran fuente de riqueza de nuestro pueblo, es decir, el bolsillo colectivo de todos los empleados y empleadas en Puerto Rico a través de todas las reformas laborales implantadas y las prometidas tanto en el sector público y privado. Entonces están en turno los fondos de pensiones y los fondos millonarios de las cooperativas de Puerto Rico.

El plan de pensiones de beneficios definidos de la UPR ha funcionado bien y es un sistema rentable y sustentable, en parte, porque se han ido tomando y se tomarán, medidas para que continúe a perpetuidad.

Actualmente, complementa su liquidez con una cartera de inversiones que tiene un valor aproximado de $1,500 millones y que produce $170 millones anuales en beneficios. Congelar los fondos del plan es una locura, eso es como quitarle el oxígeno a un paciente que lo necesita. Administrativamente no existe razón lógica para hacerlo, salvo que la intención sea su liquidación.

Nuestra participación en la concentración de mañana es importante para apoyar a aquellos sectores políticos, los que sean, que no quieren que se toquen las pensiones. También para acompañar a la gerencia universitaria y exigirle que mantengan con toda firmeza su determinación de no acatar los aspectos del plan fiscal propuesto para la universidad que violan nuestra Constitución y la política pública existente hacia nuestra UPR y sus pensiones.

Para los que no necesiten mayores razones académico-administrativas para movilizarse, baste con añadir que las políticas de ajuste y austeridad fiscal no funcionan hoy, ni han funcionado nunca en ningún país del mundo. Lo único que hacen estas políticas es aumentar la deuda de los países más pobres y destruir los cimientos de democracia donde quiera que se imponen.

Eso se lo puedo decir con seguridad porque participé de un Congreso Permanente de la Red Sindical Mundial de Investigación (Global Union Research Network /GURN) que esta afiliada a la Red Mundial de Estudios del Trabajo y que sesionó en España entre 2013 y 2016 para discutir estos temas. Las conclusiones fueron categóricas, las políticas de ajuste sirven a los intereses de los ricos y poderosos haciéndoles más ricos y poderosos a costa de bienestar del resto de la sociedad.

La situación que enfrentamos, repito, puede resumirse fácilmente con dos palabras: fraude y robo. En ambos casos, aplicados estos términos contra la gente que más ha trabajado y más se ha sacrificado en nuestra universidad, los trabajadores y trabajadoras más pobres, asalariados y que trabajan por cuenta ajena.

Ciertamente, es claro que los retos que enfrentamos no son exclusivos para el sistema de retiro e incumben toda nuestra universidad, a toda la comunidad universitaria y a nuestro país que subsidia la educación casi gratuita de sus hijos e hijas .

Ese gran saqueo, ese gran robo, tiene el propósito de desafectar los haberes públicos al servicio del pueblo y su reorientación a servir los intereses mercantilistas e ilimitadas ambiciones económicas de un sector minoritario de nuestra sociedad que ya controla el 70% de todos los ingresos generados en nuestro país.

Estamos viviendo momentos trágicos en que los que más tienen, los más poderosos, intentan quitarle a los más pobres toda su riqueza, toda su seguridad, toda su identidad como trabajador y trabajadora, en aras de construir una sociedad más obediente, más dócil, más polarizada en dos grandes sectores, los que tienen y los que no tienen, y caracterizada por unas políticas públicas de exclusión social e injusticia estructural.

Para lograr esto, hay que silenciar primero a la UPR, silenciar su compromiso con Puerto Rico y convertirla en una universidad elitista.

Ahora, convenientemente, los poderosos quieren que hagamos sacrificios por nuestro país para proteger la integridad de sus negocios privados, que cedamos nuestros derechos, que olvidemos los convenios y derechos contractuales, que renunciemos a nuestros beneficios adquiridos, incluyendo y sin limitarnos a nuestras pensiones, que no es otra cosa que la limitada porción de riqueza que nos provee el estado de derecho.

En fin, que aceptemos callados y como designio divino todos estos ajustes fiscales, toda esta austeridad, toda esta mala faena gubernamental de quitar todo a los que menos tienen, todo ello en contradicción profunda con la esencialidad democrática de la Carta de Derechos de nuestra Constitución.