Hace poco más de una década, en abril de 2000, representantes de 160 países del mundo se reunieron en Dakar (Senegal), con motivo del Foro Mundial de la Educación. De este encuentro surgiría el Marco de Acción para una “Educación para Todos” y el firme compromiso de velar por el cumplimiento de seis objetivos básicos en materia de acceso a la educación e infancia, con una fecha clave en el horizonte: 2015. A cuatro años de agotar el plazo impuesto, la UNESCO presenta hoy en Nueva York su informe de seguimiento que, este año, aborda de manera explícita uno de los contextos en los que más patente se muestra y, paradójicamente, más se invisibiliza, el fracaso de la comunidad internacional a la hora de garantizar este derecho humano básico: los conflictos armados.
Según el informe Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, en la actualidad 28 millones de niños y niñas se ven privados de su derecho a recibir una educación a consecuencia de los conflictos armados, un 42 por ciento del total mundial de los niños en edad de ir a la escuela primaria que están sin escolarizar. “Las guerras están destruyendo las posibilidades de recibir educación a una escala cuya magnitud no se reconoce suficientemente. Los hechos son elocuentes: más del 40% de los niños del mundo que no van a la escuela viven en países afectados por conflictos. En esos mismos países se registran algunas de las mayores desigualdades entre los sexos y algunos de los niveles más bajos de alfabetización de todo el mundo”, sostiene la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
Las consecuencias de los conflictos armados para los más jóvenes (cabe recordar que el 60% de la población de gran parte de los países en situación de conflicto tiene menos de 25 años de edad) los exponen a otras situaciones de riesgo como la violencia sexual o a la posibilidad de convertirse en “blancos legítimos” para los combatientes. Además, según la UNESCO, la probabilidad de que los niños de los países empobrecidos en conflicto fallezcan antes de cumplir los cinco años es dos veces mayor que la que aquéllos que viven en el resto de países empobrecidos no afectados por conflicto armado. Aunque estos últimos son una minoría. De los 35 países que entre 1999 y 2008 han sufrido conflictos armados o guerras, un total de 30 son países de ingresos bajos o ingresos medios-bajos. En ellos, resalta el informe, es cada vez más habitual que las escuelas, educadores y estudiantes se conviertan en objeto de ataque, a pesar de que esto constituye una clara violación del derecho internacional. En Afganistán, los ataques contra centros escolares pasaron de 347 en 2008 a 613 en 2009, resalta el informe, que destaca también las acciones armadas contra escuelas para niñas en Pakistán; o en el norte de Yemen, donde durante los combates entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes en 2009 y 2010 se destruyeron unas 220 escuelas.
Paralelamente, las violaciones y otros abusos sexuales se extienden como arma de guerra, no solo contra mujeres, sino también contra niños y especialmente niñas. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, un tercio de las víctimas de violaciones fueron menores de edad, y de éstos, un 13% tenían menos de 10 años, si bien, recuerda la UNESCO, es posible que el número real sea entre diez y veinte veces superior. Los efectos de este tipo de violencia sobre la educación son devastadores, asegura la organización, “daña el potencial para aprender de las víctimas, crea un clima de miedo que hace que las niñas se queden en casa y lleva a la ruptura de muchas familias, lo que deja a niñas y niños sin un entorno adecuado para su educación”.
Todos estos aspectos, apunta el director del informe, Kevin Watkins, ponen de manifiesto “el fracaso de los gobiernos a la hora de defender los derechos humanos” y la persistencia de una cultura de impunidad en torno a la violencia sexual en contextos de conflicto armado. Para Watkins “es hora de que la comunidad internacional pida cuentas a quienes perpetran crímenes tan odiosos como las violaciones sistemáticas, y que respalde las resoluciones de las Naciones Unidas con una acción firme y resuelta”.
Pero la comunidad internacional anda ocupada en otros menesteres más lucrativos. Indudablemente, el gasto en armamento militar merma los recursos que los países donantes podrían destinar a apoyar la educación de la infancia en los países empobrecidos. Sólo con lo que los países ricos dedican durante seis días al gasto militar sería posible cancelar el déficit anual de financiación del programa “Educación para Todos”, cifrado en 16.000 millones de dólares.
Tampoco el sistema internacional de ayuda humanitaria parece tener muy en cuenta las necesidades educativas de los niños y niñas en países afectados por conflicto armado. Según se desprende del informe, la educación sólo representa un 2% del total de la ayuda humanitaria y únicamente satisface a una proporción muy reducida de las peticiones de apoyo, apenas un 38%, la mitad del porcentaje medio en el resto de sectores receptores de ayuda.
Por otra parte, las prioridades en materia de seguridad dominan la agenda de la ayuda humanitaria de los países donantes. Esto conlleva que la ayuda se destine a un número muy reducido de Estados y que, muchas veces, los países más pobres del mundo se queden fuera del reparto. Por ejemplo, mientras que la ayuda para la educación básica en Afganistán se ha quintuplicado en los últimos cinco años, países como Chad o la República Centroafricana han visto cómo la ayuda que se les dispensaba aumentaba muy lentamente o se estancaba y, en el caso de Costa de Marfil, disminuía.
Además, la UNESCO recuerda que en los países en situación de conflicto armado se produce una clara desviación hacia el gasto en armamento de los fondos públicos que podrían invertirse en educación. Así, entre los países más empobrecidos del mundo, un total de 21 destinan más dinero al presupuesto militar que a la escuela primaria. Una reducción de su gasto militar de tan solo un 10% supondría la posibilidad de escolarizar a 9,5 millones de niños y niñas que a día de hoy se ven privados de ese derecho.
Para el arzobispo y Premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu, quien junto con otras personalidades como Shirin Ebadi, José Ramos-Horta o Rania de Jordania, ha participado en el informe de la UNESCO con una contribución especial, urge tomar acciones decisivas. “Lo que le pido a los líderes del mundo es que enuncien esta sencilla declaración de intenciones: ¡Basta ya! […] Hago un llamamiento a los dirigentes de los países ricos para que presten una ayuda más eficaz a las personas que se hallan en zonas afectadas por guerras”. Tutu exige a los donantes una voluntad tan determinante como aquélla de los que ven cómo destruyen sus escuelas y hacen todo lo posible por seguir manteniendo su educación. “Sin embargo, a las poblaciones de los países en conflicto se les suele proporcionar poca ayuda para la educación y ocurre a menudo que no reciben el tipo de ayuda adecuado […] La ayuda al desarrollo adolece del síndrome del “demasiado poco y demasiado tarde”. Uno de los resultados de esto es que se están perdiendo oportunidades para reconstruir los sistemas de educación”.
Si bien la UNESCO reconoce en su informe algunos logros positivos, como el descenso de la mortalidad en niños menores de cinco años (de 12,5 millones en 1990 a 8,8 millones en 2008), para la organización “el mundo no va por buen camino” si de lo que se trata es de alcanzar las metas fijadas para 2015. Entre algunos de los principales frenos a los avances figura el hambre, que afecta a uno de cada tres niños en los países en desarrollo (195 millones en total) y que conlleva daños en su desarrollo cognitivo y obstaculiza sus perspectivas educativas a largo plazo; o las desigualdades de género. “Si en 2008 se hubiera alcanzado en el mundo la paridad entre los sexos en la enseñanza primaria, hoy habría 3,6 millones suplementarios de niñas matriculadas en las escuelas”, afirma el texto. Estas disparidades también tienen que ver con el nivel de educación de las madres. “Si el promedio general de mortalidad infantil en el África subsahariana se situara al nivel del promedio de mortalidad infantil de los niños nacidos de madres con estudios secundarios, el número de niños pequeños fallecidos en esta región disminuiría en 1,8 millones”, revela.
En definitiva, concluye la reina Rania de Jordania en una de las páginas del informe, “mientras haya niños de países en conflicto sin escolarizar, no se podrán alcanzar las metas de la Educación para Todos y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y al mismo tiempo el radicalismo y la violencia crecerán superando todas las previsiones […] La educación no sólo impide que los conflictos estallen, sino que coadyuva a la reconstrucción de los países en situaciones de conflicto cuando éstas acaban. Hay algo mucho más importante que la inevitable reconstrucción de la administración y las infraestructuras: la reconstrucción de las mentes”.
*Lea el artículo original en Periodismo Humano.