Diálogo UPR | El juez que castigó a Google

1 de marzo de 2010 Por Diálogo Opinión

SOBRE EL AUTOR

Diálogo

Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.

Youtube se ha convertido en el medio por el cual podemos verlo todo. A través de este portal cibernético podemos presenciar eventos deportivos y culturales, episodios de series, cortometrajes y películas, noticias, entrevistas, comerciales, videos musicales e infinidad de videos personales de millones de usuarios. Por esta ventana cibernética, también podemos ser testigos (o en muchos casos voyeuristas) de la vida privada de gente desconocida. Pero ¿qué pasa cuando esta ventana se abre en la vida privada de alguien que no lo desea? Peor aún, ¿qué pasa cuando es publicado un video que no sólo atenta contra la privacidad de una persona, sino contra la moral, la ética, las buenas costumbres e incluso contra la ley? Este es el caso del video que mostraba a un menor de edad con autismo víctima del abuso de otros menores, subido a Internet en el 2006, alojado en uno de los servidores de la empresa Google y por cuya publicación, el juez italiano Oscar Magi, sentenció la semana pasada a tres empleados de dicha empresa. Rápidamente, Google, apoyada por millones de internautas, asociaciones de periodistas e incluso el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), criticó la decisión del juez Magi y buscará una apelación argumentando que estos tres empleados son inocentes pues nunca vieron el video. Además, la política de la empresa es que no se hace responsable del material publicado por sus usuarios, y que todo elemento ofensivo será eliminado sólo si algún otro internauta lo califica como impropio. Scott Rubin, portavoz de Google, ha explicado al diario español El País que la pretensión de que su compañía funja como vigilante del contenido audiovisual que se aloja en sus servidores es inconcebible e insólita. Según los cálculos de la empresa, a Youtube se suben veinte horas de video por minuto. Para realizar un control y un monitoreo de este material se necesitaría tanto recurso humano que habría que cobrar por el servicio. Esto haría que las páginas de Youtube, Blogger, Yahoo, Facebook y toda la web 2.0 desapareciera tal como la conocemos. Para Rubin, esta sentencia es “un atentado a los principios fundamentales de libertad” en la Internet.. Si legalmente se puede castigar a un servidor por el contenido subido por un usuario, los dueños de páginas de Internet se verán cohibidos a prestar este servicio sin monitoreo alguno, por lo que se acabarían los servidores gratuitos. Pero el juez italiano tiene también una firme argumentación: “la lógica de empresa no puede prevalecer sobre la dignidad de la persona“. Oscar Magi es un juez de renombre en su país, visto como un verdadero paladín por sus colegas. Hace unas semanas condenó a condenó a 23 agentes de la CIA por el secuestro del egipcio Abu Omar, por lo que en cuestión de meses se ha vuelto en una persona non grata para la embajada de EEUU en su país. El diario El País lo ha descrito de la siguiente manera: “Magi es un juez progresista, culto y muy trabajador. Lector de Oscar Wilde, fue juez de instrucción del maxiproceso Manos Limpias, que desmanteló el sistema de financiación ilegal de los partidos en 1992, y milita desde hace 32 años en la corriente Magistratura Democrática, a menudo identificada en Italia con las célebres ‘togas rojas’ que han desesperado a Silvio Berlusconi hasta inducirle a decir, la semana pasada: ‘Son peor que los talibanes’”. Por su parte, el embajador estadounidense en Italia, David Thorne, expresó que “los abusos no son una excusa para violar el derecho a un Internet libre“. El problema aquí radica en que lo que se está confrontando son dos valores igualmente importantes y contundentes. Por un lado, el derecho a la libertad de contenido y una Internet abierta para todos por igual, sin distinción de clase social. Si la potestad de publicar material se reserva sólo para el que pueda pagar por el servicio, las personas que no tengan los recursos para esto se verán imposibilitadas de colocar sus cosas en la red. Por otro lado, el derecho a la intimidad, a la dignidad humana. Es menester el que existan mecanismos que salvaguarden a los menos privilegiados y a todo individuo de la exposición involuntaria y denigrante. En el trancado juego de la lucha de valores y la ética, cada quien tomará partido por el bando afín a sus prioridades y su crianza. Pero no hay un método exacto para definir quién está en lo correcto cuando ambas argumentaciones son completamente válidas.