En el texto de ayer el autor denunció cómo la Junta de Control Fiscal intenta confundir a los puertorriqueños utilizando ciertos términos que surten el efecto de suavizar el impacto arrollador de las políticas de austeridad impuestas por el gobierno federal. En ese primer artículo se detalló cómo se ha jugado con la palabra “vulnerable”.
Otros términos corrompidos por el discurso de la junta son los siguientes: “alianzas, plan, transparencia, junta, promesa, objetivos fiscales, servicios esenciales, competencias, modelos, contingencias y otros”. Son todos ellos vocablos que se han convertido en muletillas de nuestro entorno apalabrado por el régimen de la Ley Promesa.
Este trastoque de significados, donde el término abandona su finalidad cualitativa, se hace a sabiendas de los líderes anexionistas y las empresas inversionistas de la colonia. Además, ¿qué le importa a la nueva camada de asesores perjudicar el verdadero valor humano y cultural del lenguaje, en tanto que, su interés es seducir, con estribillos propagandísticos, para imponer su instinto político? El instinto político es capaz de apropiarse para sí del lenguaje compasivo y lleno de esperanza de izquierda del pasado siglo. Son todas ellas nuevas armaduras lingüísticas que favorecen la junta y al movimiento proestadidad, y que tienen como resultado exonerar a los culpables de la crisis fiscal de la colonia.
Sabemos que los funcionarios públicos son exentos de actos corruptos y lascivos en la medida que son protegidos por la ecuación bipartidista y los hace inmunes de toda querella criminal o de derrota política. Por ejemplo, los derrotados penepeístas, como el exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges, probado corrupto, en vez de recibir represalias es premiado por el gobernador con un empleo ejecutivo. Los perdedores son inmunes a su propia adversidad. Podemos hacer una larga lista de políticos acostumbrados a ganar con sobornos. Pocos son los buenos gobernantes que en circunstancias extraordinarias toman medidas extraordinarias para estar al lado de los de abajo.
Además, los mencionados términos (“vulnerable, esenciales, alianzas públicas – privadas”) son repetidos constantemente por los medios con la intención de que se conviertan en frases triunfalistas de la junta y encajan con la propaganda anexionista. La junta y el gobernador Rosselló usan las misma oraciones como una estrategia política que suavice las medidas antipáticas que llevarán a cabo en los próximos meses.
El nuevo estatuto federal precisamente generaliza términos que desdibujan la realidad aniquilando el pensamiento crítico. El resultado ha sido poner en la superficie un lenguaje inocente, muy limitado y cerrado, de tal manera que no interroga a magnates, banqueros, financistas y asesores. Principalmente, los medios de comunicación normativos han hecho un papel de fotutos de la retórica adormecedora de la junta. Antes, una Reforma Laboral llenaba de ilusiones a los trabajadores; pero en la Reforma Laboral de Rosselló las empresas pueden despedir a los trabajadores. El gobernador dice que tiene medidas de “contingencias” para medir los riesgos y peligros de su plan. En cambio, la contingencia no alcanza el peligro de perder la calidad de vida, la educación y la salud.
El término “alianza”
Dicen los funcionarios que el nuevo plan para Puerto Rico, busca “alianzas público-privadas”. Sin embargo, no explican quiénes son los aliados, ni qué se negocia. No se habla de qué se gana y qué se pierde en el tratado de alianzas público privadas. El público no sabe cuáles son las condiciones de los convenios que el gobierno se propone hacer. Parece ser que el gobierno tiene preferencia en mantener privadas sus alianzas públicas. Las acciones políticas del gobernador ya ha levantado una barrera entre su incógnito plan y el vocabulario de la junta que está obligado saquear de la Ley Promesa.
El Imperio Romano creó un sistema de alianzas con sus enemigos. Y hacían un juramento al emperador y quién no aceptaba ser aliado le cortaban la cabeza. Muchas veces se buscan las alianzas para saber quién es leal y quién es enemigo. De acuerdo al léxico que maneja el gobernador, aprendido de la junta, el término “alianza” tiene la connotación de conquistar a la empresa privada ofreciéndole regalos públicos.
La Universidad de Puerto Rico es parte del sistema de alianzas que impone la junta. Los $450 millones en recortes es parte de esa alianza descarada. Los estudiantes y los docentes son los que se oponen a la desconocida alianza donde, no se sabe qué funcionarios están en favor o en contra de los recortes. Pero se estima que los administradores de la universidad son obedientes a la alianza público-privada planeada para la universidad. Los que favorecen la alianza caminan por terrenos movedizos y el capital privado corta ingresos y cabezas.
Entre tanto, el gobernador como ‘fan‘ de la junta, oferta la educación pública avanzada en alianzas con las empresas privadas. La junta y el gobernador proyectan una imagen dócil de alianzas para salvar la universidad pero, el resultado real y lo que se quiere es la privatización sin piedad. Por lo tanto, el gobierno PNP promueve la conquista con una administración despótica de la universidad para las empresas privadas y con una bien acogida diversificación demagógica. Se quiere salvar la universidad pactando en alianzas con quién sea. Los estudiantes y los docentes son meramente fichas en la mesa de apuestas. La alianza es un pacto en equidad entre dos partes o más pero para la Ley Promesa “hacer alianzas” es obediencia y entrega de los bienes comunes del pueblo al sector privado.
El anexionismo, el gobernador y la junta hablan el mismo lenguaje. Salen de sus salones hacia el público homologando un léxico digital donde no se distingue qué es lo real y qué es lo virtual. Si el cacareado plan de Puerto Rico existe es porque es una ilusión óptica en la Internet.
La palabra “esencial”
Veamos rápidamente la palabra “esencial”, que es igualmente una falacia que coincide con el vocerío de la Ley Promesa. Ha dicho reiteradamente el señor Rosselló, que su plan fiscal protege los “servicios esenciales”. Este es un lenguaje donde “lo esencial” excluye la connotación de “derecho fundamental”. No hay que estar despierto para notar que ese énfasis es molestoso. Pues, si afirmo que la educación es esencial a la formación de un buen ciudadano, implica que el derecho a la educación es primordial a la formación de un ciudadano honesto y democrático.
Los políticos, en nuestra isla encantada, y en su mayoría anexionista, plantean que es esencial esto y lo otro, pero suprimen el principio del derecho a la educación, el empleo, la salud, al agua y la electricidad. El significado de derecho está apartado de la frase “servicios esenciales”. Los agentes de la junta se burlan del término. Nos engañan con esas palabritas entendidas a medias. Y a todos nosotros nos da una sensación de vacío, de calor y frío, dependiendo cuán críticos seamos. Ese vacío es lo que la junta quiere que experimentemos. El lenguaje de la Ley Promesa provoca impotencia para actuar y entender la magnitud del problema que nos afecta. Es un lenguaje político que agrede nuestro estado de ánimo. Es un lenguaje que ataca nuestra capacidad de responder y nos da terror saber lo que se nos oculta.
Lo siguiente intenta demostrar las nuevas codificaciones que traen los bucaneros federales de la junta. Creemos que un derecho no se puede privatizar, pero los filibusteros de la junta creen que un servicio esencial sí se puede vender o privatizar. De la misma manera, la educación pública es un derecho reconocido, pero bajo la nómina del gobierno de Rosselló, la educación pública con el nuevo renglón de “servicio esencial” puede ser vendida a intereses privados. La salud es otro derecho reconocido por las naciones del mundo, pero bajo el gobierno actual, que busca a como de lugar dineros para pagar a los acreedores, “la salud esencial” puede ser transferida a la privatización y el derecho a comer tierra.
Por tanto, todo lo que aprendimos en la escuela sobre los derechos del ciudadano es ahora codificado de “servicio esencial”. Pero sepan además que para la junta los “servicios esenciales” dejaron de ser derechos fundamentales para convertirse también en “servicios accidentales”. Entonces, si los derechos de la población no están garantizados por el estado las implicaciones humanitarias podrían ser profundas
De modo que, la Ley Promesa ha creado un nuevo comportamiento político perverso entre el gobierno y los ciudadanos. Veamos. Los electores eligen sus representantes para promover el bienestar social, pero con la junta los legisladores no se sienten obligados a favorecer a los sufragistas ni a los que sufren. Actuarán sin reparos porque tienen la licencia de la junta para hacer negocios con los derechos adquiridos del pueblo hasta destruirlos y negarlos sin miramientos. Tal para cual, la junta y sus lacayos se sienten inmunes a la prensa, al pueblo y al sistema jurídico colonial. Tal y como se avecina, muy pronto también los puertorriqueños tendrán que aprender que la libre expresión y la movilidad dentro de la isla no son derechos humanos sino “servicios esenciales” listos para ser subastados.
Todo lo que sea generoso o razonable llevará muy pronto el sello de “servicio esencial”. Es decir, las tarifas de marbete subirán porque son generosas y la promesa de más impuestos al peaje en las carreteras coartarán nuestras libertades de trasladarnos de un sitio a otro en la isla. Lo absurdo va imponiéndose más y más en la medida que se va cumpliendo la Ley Promesa.
Mientras tanto, poco o nada ocurre para aliviar a las cientos de miles de personas que viven angustiadas y sufriendo sin el debido reparto de culpas. Hay miles de familias colgadas en el aire sin protección y empobrecidas. En tanto que el amado país sigue en la debacle sin la debida descolonización, sin la anhelada soberanía.
El nuevo sistema de signos ha trastornado nuestra manera de comprender nuestra agonía y los medios de comunicación tienen dificultad en descifrar el vocabulario arbitrario y bochornoso de los funcionarios; parecen ser más aliados de este vocabulario que adversarios. Insisto que, el lenguaje de la junta busca confundir o suavizar el impacto adverso del plan fiscal en la población. El joven gobernador también se enreda en su mensaje populista. Es difícil conciliar su lealtad de pagar a los acreedores y, a la misma vez tener entusiasmo para pensar en quiénes son vulnerables.
Hay que recordar que Washington le ha ordenado a Rosselló la implementación sin demora de la Ley Promesa, y su primera instancia es buscar cooperación y alianzas para imponer la junta fiscal. Esa es su gestión política más importante en este momento. La protección y prosperidad de los ciudadanos no son la prioridad. Y el pueblo puertorriqueño solo es un residuo de perdedores y su autodestrucción y borrachera es una estrategia que continúa siendo eficaz para los dueños de la colonia.
La junta fiscal se ha trepado en la cima pero no sabe cómo mantenerse ahí. Nosotros tenemos que hacerla caer con la fuerza de nuestras acciones soberanas y nuestras palabras puertorriqueñas.
