El pasado 30 de junio, el pueblo Puertorriqueño se horrorizó con las imágenes que eran presentadas por los cuatro canales principales de la Isla. Oficiales de policía arremetían violentamente contra estudiantes y manifestantes que protestaban en el Capitolio. Incluso algunos periodistas y reporteros fueron agredidos. Mientras observaba estas imágenes tuve una especie de sensación de déjà vu. Instantáneamente vinieron a mi mente todas las veces que participé en marchas y protestas en contra del régimen chavista en Venezuela, que fueron diseminadas por medio del uso de la fuerza bruta y el gas lacrimógeno.
Este hecho es el punto final de una serie de consideraciones que llevo esbozando a lo largo de estos últimos dos meses de huelga universitaria y contienda social. De entrada le advierto al lector que el planteamiento que expondré a continuación seguramente generará reacciones adversas en aquellas personas que radicalmente apoyan o se oponen a los dos gobiernos que pondré sobre la mesa, pero pido que lean cada palabra que escribo concienzudamente para que aprehendan el análisis que pretendo realizar: El régimen del Comandante Hugo Chávez en Venezuela tiene grandes y profundas similitudes a la administración del Gobernador Luis Fortuño en Puerto Rico.
Por más opuestas que puedan ser sus ideologías principales y por más que uno critique abiertamente al otro, la conducta de ambos gobiernos presenta puntos en común que no sólo llaman fuertemente la atención, sino que presenta una alarmante intransigencia antidemocrática en la administración de turno en Puerto Rico: una actitud que busca antagonizar y demonizar a todo quien se oponga a los dictámenes del Gobierno.
En Venezuela, todo aquel que no apoya la “Revolución Bolivariana” del Comandante Chávez es instantáneamente catalogado por los entes del Gobierno y sus seguidores como un “oligarca”, un “burgués traidor a la patria” que pertenece a una “minoría” de la población que está siendo utilizada por “elementos afectos al Imperialismo” que buscan desestabilizar al Gobierno para luego realizar un Golpe de Estado. Así pues, se desdeña toda crítica, marcha, protesta o manifestación en contra del presidente Chávez y su administración. Según esta línea de pensamiento, el ciudadano común que no está afiliado a ninguna postura política, no puede quejarse de las decisiones gubernamentales porque simplemente no existe.
De forma sorprendentemente análoga, el Gobierno de Puerto Rico y sus partidarios catalogan de “revoltosos”, “comunistas” y “melones” que se oponen al “progreso del país”, miembros de una pequeña “minoría” conformada por meras marionetas de “grupos externos con agendas políticas desestabilizadoras” que buscan generar caos y desorden en la Isla. Así se invalida, igualmente, toda crítica, marcha, protesta o manifestación en contra de las decisiones del gobernador Luis Fortuño y su Gobierno. Aquí tampoco existe el ciudadano común no afiliado a ningún partido o ideología.
Habiendo dejado claro con esta demonización, el por qué estos opositores no pueden ser tomados en cuenta y por qué representan un peligro para la sociedad, ambos regímenes entienden entonces que está justificado el uso de los mecanismos represivos del Estado para aplacar estos “conatos de desestabilización” mediante el uso de la macana, el gas lacrimógeno, la fuerza bruta y la violencia desmesurada y aplicada con saña. El discurso es el mismo: estos grupos deben ser castigados por “representar una amenaza al bienestar de la sociedad”.
De igual forma, ambos gobiernos comprenden que, en nombre del beneficio de toda la sociedad, se deben tomar medidas que afecten a una porción de la misma en un principio, favoreciendo a la otra parte. En el régimen chavista, es la pequeña y la mediana empresa, los propietarios de negocios, los dueños de terrenos y sobre todo la clase media, la que resulta más perjudicada, en beneficio de los menos privilegiados, en nombre de una revolución que apunta a un todavía no comprensible “Socialismo del Siglo XXI”. En la actual administración penepé, son las comunidades especiales, los grupos minoritarios, las instituciones culturales y artísticas, los empleados públicos, los estudiantes de la Universidad Pública y la clase obrera, quienes deben sufrir para poder llevar adelante una agenda progresista, en la que serían los empresarios y propietarios los beneficiados y a largo plazo, según la administración y de forma no muy bien explicada, todo Puerto Rico.
Sin importar la ideología detrás del régimen o el sector víctima del abuso y el agravio, ninguna política pública que afecte a un sector, beneficiando a otro, puede ser alabado. Un Gobierno debe legislar y trabajar a favor de toda la población. De igual manera debe estar abierto a la crítica y a la oposición de un sector, para evitar que, ensimismado en su proyecto gubernamental, no quede cegado ante la injusticia y la desproporción.
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