Los estudiantes universitarios no tienen por qué aceptar, sin más, la mala y muy venenosa herencia que le propone la nueva administración. Una universidad subordinada a la dictadura y supremacía del capital financiero, acrítica al estado de situación política de nuestro país, que defiende tibiamente sus derechos institucionales y se allana tambaleante ante el cuestionamiento de sus valores. Estos jóvenes tampoco tienen por qué aceptar los miedos, frustraciones y la sumisión generalizada al orden establecido, por demás inmoral e indigno, que le están proponiendo sus mayores dentro y fuera de la comunidad universitaria.
En fin, que los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazan la “psiquis” del colonizado que ahora se les quiere imponer, so color de la existencia de una crisis permanente donde defenderse se interpreta como una anomalía de la conducta apropiada. Una crisis que se quiere resolver sin que precisamente, las multinacionales, los bancos, los constructores, las aseguradoras, los bonistas del patio y aún más los extranjeros, entre otros sectores de interés, paguen la cuota que les corresponde. Una crisis que solo parece resolverse exprimiendo más al pueblo, arrancándole sus derechos y pisoteando su dignidad. Ante esto, parte de la cátedra parece estar aterrada por la incertidumbre que produce la nueva propuesta gubernamental, lo que le impide elaborar proposiciones claras de forma ágil y con justa perspectiva. Los estudiantes, en cambio, se mantienen incólumes ante los nuevos retos y preparan su alternativa, que no es didáctica, ni jurista sino combativa. La lucha propuesta es desigual, y el Estado mismo es el contrincante.
A pesar de esto, el movimiento estudiantil ha decidido luchar porque, en general, observan consternados cómo el resto del país –con limitadas excepciones– es renuente a defenderse ante la violación descarada de todo aspecto social protegido en nuestro estado de derecho, comenzando y sin limitarse con los contundentes mandatos sociales de nuestra Constitución. También, porque les da asco la nueva propuesta de sociedad que se devela y está contenida en la ley federal Promesa y en el resto de legislación flexibilizadora de los derechos y garantías sociales, destacándose la suspensión de los derechos laborales y los del debido proceso de ley en transacciones de personal.
Ningún hijo debe ser obligado a sufrir las consecuencias de los errores de sus padres. Tampoco, tienen estos por qué aceptar lo que por conveniencia o convicción prescriben sus mayores como modelo de ciudadanía o actuación ciudadana. Hoy el movimiento estudiantil enfrenta un feroz ataque de múltiples sectores, dentro y fuera de la universidad, ante su determinación de desafiar la lógica cruel del colonialismo que domina el escenario social en Puerto Rico, especialmente en la universidad pública.
Muchos sectores e individuos parecen querer recordarle a los estudiantes que su propuesto paro universitario de siete días que comienza el 28 de marzo, y la subsiguiente huelga indefinida a partir del 6 de abril, no son convenientes para la universidad, ni para el país, ni para las relaciones entre la institución y el gobierno de turno; ni tan siquiera, dicen, resulta práctico para los mismos estudiantes. Las amenazas de todo tipo son reales: se les quiere convertir en el patito feo, en los desafectos que no aceptan el orden establecido. De hecho, para sustentar el ruego, se esgrimen una serie de argumentos que, sin dejar de ser relevantes, no atienden a la médula de toda la situación.
Es decir, la crisis que sufre la UPR no la crearon los estudiantes y su desprendida protesta es solamente una respuesta al colonialismo más vergonzoso que le ha tocado enfrentar a nuestro archipiélago. Los mayores estamos desmovilizados. Agraciadamente, el movimiento estudiantil en Río Piedras no lo está. Agraciadamente, además, han decidido luchar a pesar de las limitadas herramientas con que cuentan y las amenazas cada vez más agresivas del pensamiento colonialista de derecha y de izquierda. Sin embargo, y aunque existe el riesgo de ser aplastados injustamente, les acompaña la razón y la lógica de la justicia social que va más allá del contexto universitario y que considera inmoral e ilegítimo el orden establecido por Promesa. Será legal por las leyes del imperio, pero es inmoral de acuerdo a las leyes de la comunidad internacional.
Hace décadas, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el colonialismo era un crimen contra la humanidad. También, esta institución internacional se ha expresado en 26 ocasiones, la última de estas en agosto del 2016, en relación al derecho de autodeterminación que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas, siendo evidente por demás el incumplimiento de Estados Unidos con las normas de convivencia internacional. Tal parece que en Puerto Rico no nos hemos enterado de esto, se nos olvidó o estamos tan acostumbrados a vivir bajo el estado de derecho impuesto por el amo del norte, que todo resulta socialmente aceptable.
El movimiento estudiantil universitario, especialmente en Río Piedras, parece estar entre los pocos movimientos sociales que se dan cuenta de que es necesario protestar ante lo que acontece en Puerto Rico como un todo y ante las amenazas contra la UPR en particular. Los que recomiendan cautela al movimiento prácticamente han aceptado que la universidad debe consentir un recorte de cientos de millones de dólares en su presupuesto y que se aumente sustancialmente la matrícula universitaria, que es lo mismo que cerrar el acceso de miles de puertorriqueños a los estudios universitarios. Lo anterior, sin sopesar cómo estas medidas en sí mismas son razones suficientes para desacreditar a la universidad, porque sumará múltiples incumplimientos institucionales a la ya larga lista de los requerimientos de las agencias certificadoras que no ha podido satisfacer la institución hace años.
Son los continuos recortes del presupuesto universitario, la deuda impagada del gobierno con la universidad, la intervención político-partidista en la administración universitaria y eventos similares acontecidos más crudamente por la última década, los que al final del camino han aumentado la posibilidad de que se desacredite a la UPR. A ello ha contribuido muy poco los reclamos del movimiento estudiantil. Utilizar este conveniente argumento ahora para desmovilizar a los estudiantes es un chantaje. Los que piden prudencia al movimiento estudiantil, también parecen aceptar que se recorten las pensiones de los jubilados en una escala que oscila entre 10% y 24%; que se impongan más impuestos a los más pobres y vulnerables; y que se destruyan miles de empleos, entre muchos otras medidas de austeridad cuya finalidad es crear una sociedad más desigual e injusta.
Es decir, aceptarlo todo, como se han aceptado los últimos 10 años de medidas de austeridad que ha sufrido nuestro pueblo y que en su totalidad están basados en violaciones a nuestro estado de derecho con lecturas defectuosas y convenientes de las disposiciones sobre emergencias laborales contenidas en la constitución. El abuso ha sido de grandes proporciones, la tolerancia mucho mayor.
Los estudiantes no son ciegos, ni actúan caprichosamente. Estos han sufrido en carne propia las consecuencias de las medidas de ajuste. Han visto lo que le han hecho el gobierno y los patronos a los trabajos de sus padres, a la estabilidad económica de sus familias, al abandono de sus comunidades y al destierro económico programado de miles de sus amigos y familiares que han tenido que abandonar el país. Son testigos de un gobierno que se quita, que rehúye su responsabilidad social y deja a sus ciudadanos a merced de los ricos emporios del capital. Estos reconocen el desasosiego que vive nuestro país, pero a diferencia de sus mayores, quieren combatirlo y están dispuestos a sufrir las consecuencias.
A los estudiantes, el nuevo orden social no les toma en cuanta y los convierte en trabajadores precarios. Todas las leyes de la reforma laboral son un duro golpe contra la juventud. La promesa es un futuro donde tengan que optar entre el desempleo, la emigración, el subempleo o el sometimiento a condiciones de trabajo, que como poco son indignas, mal remuneradas y desprotegidas de garantías sociales, incluyendo y sin limitarse a reducidos beneficios marginales, cuando estos existan. El cuadro es patético y poco halagador. ¿Qué persona en su sano juicio aceptaría un cuadro tan desalentador?
Por eso luchan los estudiantes. Porque aspiran a más, porque les hemos enseñado a pensar, a ser críticos y actuar como corresponde a una persona honesta, profesional y democrática, que vislumbra cómo se desvanecen –cada día más– los anhelos hacia la construcción de una democracia boricua. Y ahora, ante la gran prueba de su carácter, los abandonamos. Los criticamos y no nos ponemos en su lugar: más bien queremos que ellos y ellas se sometan a nuestra pasiones y temores.
Es necesario aunar voces con el movimiento estudiantil. Ellos han dado la señal de que los ajustes se pueden hacer desde una perspectiva más justa. En su lucha, están representadas todas las reivindicaciones que exige o debería exigir nuestro pueblo, entre estas el respeto a los mandatos de nuestra constitución; el respeto de la autonomía universitaria; a requerir del sector corporativo interno y foráneo que paguen lo que les corresponde en contribuciones, y que no puede ser 4% o menos en tiempo de emergencia, una medida cuya sola implementación evitaría otras medidas tan drásticas como las propuestas.
También se incluye el respeto a la protección de los derechos esenciales de la salud y la educación, a la que la misma ley Promesa está obligada; a la protección de los maestros de la escuela pública y la defensa de la educación gratuita; a la protección de nuestros ancianos y la integridad de sus pensiones; a la protección de los derechos laborales en general y el rechazo de todo planteamiento de la economía clásica que defiende que recortando derechos sociales y laborales somos más competitivos y más productivos, una verdadera falsedad ideológica.
Asimismo, se combate la penalización de la destrucción del trabajo y del despido libre y caprichoso por parte de los patronos; y la derogación inmediata de las reformas laborales flexibilizadoras de derechos sociales dispuestas en las leyes 3 (Ley de Emergencia y Ajuste Fiscal), 4 (Reforma Laboral en el Sector Privado) y 8 (Reforma Laboral en el Sector Público), todas del 2017.
Las medidas de austeridad solo producen austeridad, injusticias, pobreza y más austeridad. Los estudiantes lo saben, lo han estudiado y por eso luchan en su contra. Ayudémosle, admiremos su determinación a responder o por lo menos no los desanimemos en su esfuerzo por defender tanto a la UPR, como a la gente de nuestro país. Los estudiantes no quieren que las cosas se queden como están, lo que quieren es que las reformas sean más justas, ponderadas e inclusivas. De mi parte, hoy y siempre: ¡Que vivan los estudiantes!
