Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La licenciada Sheila Vélez Martínez es profesora de leyes de la Universidad de Pittsburg en Pennsylvania. (Ronald Ávila-Claudio/Diálogo)
Con el propósito de disipar la confusión que han generado las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) realizó un conversatorio con la licenciada Sheila Vélez Martínez, profesora de leyes de la Universidad de Pittsburg en Pennsylvania.
Durante la actividad, La política migratoria en la era Trump, la abogada y egresada del Recinto de Río Piedras de la UPR ofreció detalles de las tres nuevas órdenes ejecutivas sobre inmigración que firmó el presidente.
A su juicio, la política que más afectará a los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados y a los 40 millones que sí tienen papeles es el Border Security and Inmigration Enforcement. Esta orden, explicó la profesora, retiró las prioridades que había establecido Estados Unidos al momento de una deportación.
“Antes se daba prioridad para deportar a las personas culpables de delito grave. Ahora se espera que las fuerzas de inmigración puedan deportar a cualquier inmigrante”, señaló.
No obstante, la comisión de delito sí se mantendrá como prioridad al momento de articular la detención de un inmigrante. “Mientras más delitos tenga la persona, probablemente estará arrestado más tiempo. […] Pero no estar en detención no quiere decir que usted no esté en proceso de deportación”, sostuvo.
Asimismo, el Border Security and Inmigration Enforcement rehabilita el programa Secure Communities, que permite a policías locales certificarse como oficiales de inmigración. Esta orden, según la licenciada, tiene a las comunidades en “vilo” porque aumenta las redadas masivas.
Como parte de las nuevas instrucciones bajo este estatuto, se aumentarán los oficiales de inmigración en el sur de Estados Unidos, se expandirá el programa que permite la deportación de personas sin vista previa ante un juez y el gobierno federal tendrá mayores poderes sobre la información privada de los inmigrantes.
La segunda orden que discutió Vélez Martínez fue la Enhacing Public Safety in the Interior of the Unites States, disposición que exige al gobierno crear un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
“Esto no es posible por razones físicas como ríos y desiertos. Se ha discutido que es humanamente imposible construir una pared, como la que se quiere construir, porque no existe la capacidad humana para resistir el calor del desierto, para llevar la maquinaria, el costo es incalculable”, sentenció la abogada.
De acuerdo con Vélez Martínez, la orden menciona que el muro estaría flanqueado por nuevos centros de detención. También expande la política de arrestos contra inmigrantes y hace más complicado que el Estado otorgue asilos.
La Enhacing Public Safety in the Interior of the Unites States también trastoca las políticas migratorias referentes a los menores de edad que llegan a Estados Unidos sin adultos que les acompañen.
“Los menores no acompañados no pueden estar en centros de detención para adultos, sino en un hogar transitorio hasta ser ubicados con familiares y amigos. La propuesta es que si estos niños entraron no acompañados pero terminan viviendo con su mamá o su papá, se les quitará la designación de ‘menores no acompañados’ y podrían ser removidos de manera expedita”, indicó Vélez Martínez.
La profesora agregó que el documento, firmado por Trump, también ordena investigar a los padres de estos menores con el propósito de comprobar si tuvieron alguna injerencia en el proceso de entrada de los niños a Estados Unidos. Si esto se comprueba, los progenitores podrían ser acusados ante la ley.
Vélez Martínez también habló sobre la movilización de base comunitaria que provocó la orden Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreing Nations, conocida como el Musilm Ban. Esta directriz del presidente Trump negó la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de seis países musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La experta señaló que los tribunales de la nación norteamericana inhabilitaron la orden del presidente gracias al esfuerzo de comunidades de inmigrantes, organizaciones y universidades que se movilizaron a favor de los derechos humanos.
Las tres órdenes ejecutivas, apuntó la abogada, contienen una instrucción para darles propaganda a las actividades delictivas, por causas religiosas, cometidas por refugiados. Esto, con la intención de justificar los estatutos expedidos por la Casa Blanca.
Comentarios
Las opiniones y comentarios expresados en la red social Facebook, aquí reproducidos, no reflejan las ideas o posturas de Diálogo UPR, ni sus afiliados. Sugerimos un diálogo respetuoso y de altura al participar del intercambio de opiniones.
TAGS
SOBRE EL AUTOR
Ronald Ávila Claudio
Periodista. Cursa una Maestría en Periodismo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee un Bachillerato en Publicidad y un Grado Asociado en Tecnologías de la Comunicación.ronald.avila@upr.edu | ronald.avila.claudio@gmail.com
Notas Relacionadas
