MEXICO DF- Desde comienzos del año, una escena se repite en México: el Gobierno tiene que presentar condolencias a familiares de víctimas inocentes de la violencia desbordada de la guerra contra el narcotráfico. Adolescentes han muerto en fuegos cruzados entre soldados y sicarios, e incluso niños han fallecido en emboscadas o en retenes militares en los últimos meses, mientras cuerpos de supuestos narcotraficantes asesinados por rivales aparecen colgados en transitadas autopistas. El presidente Felipe Calderón, que cumple el cuarto año de su mandato, lanzó poco después de asumir su cargo una serie de operativos con decenas de miles de militares y policías federales para tratar de controlar al narcotráfico en el país. Pero hoy su estrategia, varias veces aplaudida por su vecino y mayor socio comercial Estados Unidos, se está viendo superada y sin mucho margen de maniobra, según especialistas. “Cada vez queda más claro que esta estrategia está mostrando sus límites y que la violencia va a seguir incrementándose”, asegura José Antonio Crespo, analista del privado Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Desde que Calderón asumió el poder, son casi 20,000 los muertos por la violencia de la droga, la mayoría de ellos supuestos narcotraficantes. Pero además, en los últimos tiempos las denuncias contra militares por abusos han crecido. Aunque el Gobierno logró la captura de algunos líderes de estas bandas, la violencia no cede. Tan solo en los primeros tres meses del año la cifra de muertos trepa a 2,500; y si sigue a este ritmo en el primer semestre podría acercarse al total de víctimas del año pasado. Calderón asegura que sus antecesores dejaron que los narcotraficantes se metieran “hasta la cocina” del Gobierno Federal mexicano y que la actual espiral de violencia se debe a su decisión de enfrentarlos. Pero otros creen que el problema es que los operativos se lanzaron sin una estrategia de combate a las estructuras logísticas de transporte de drogas, a la corrupción en los distintos niveles de Gobierno y a la falta de una reforma judicial de fondo para darle más poder a jueces y fiscales. “Están aplicando únicamente técnicas represivas con el Ejército y una policía federal corrupta”, explica Edgardo Buscaglia, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), asegurando que las buenas intenciones del presidente no son suficientes. “Ahora están rezando para que la violencia baje a través de que se consolide un grupo criminal sobre otro como podría ser el cártel de Sinaloa”, opinó. DAÑOS COLATERALES El epicentro de la violencia es la fronteriza Ciudad Juárez, que ha sufrido cerca de 5,000 homicidios relacionados con el narcotráfico en los últimos dos años pese a que miles de militares y policías federales estaban patrullando la urbe. Allí, un comando armado acribilló en una fiesta en enero a 13 estudiantes, a quienes supuestamente confundió con narcotraficantes. La situación subió de temperatura en marzo cuando tres personas vinculadas al consulado estadounidense murieron a balazos, lo que indignó al presidente Barack Obama. Gran parte del problema con la estrategia del Gobierno es que los operativos son reactivos y no de inteligencia, opinó Alberto Islas, de la consultora de seguridad Risk Evaluation. “La estrategia del Gobierno está desarticulada y otro problema es la impunidad. Ya deberíamos tener una comisión que investigara los más de 18,000 muertos que van desde que inicio esta administración”, indicó Islas. Hasta el momento, y a pesar de la ofensiva del Gobierno, nada ha podido detener las sangrientas luchas del cártel de Sinaloa -que dirige el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán- con sus rivales por las rutas clave para introducir drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo. El cártel de Sinaloa, que opera sobre todo en la costa Pacífico norte, luce como el más poderoso actualmente, pero no se queda atrás el del Golfo, que controla amplias zonas del oriente del país hasta el Caribe ni tampoco el de los Beltrán Leyva, antiguos aliados de Guzmán. En la norteña y rica ciudad de Monterrey, sede de algunas de las grandes empresas mexicanas como Cemex y hasta hace poco a salvo de la violencia, dos estudiantes universitarios murieron a mediados de marzo en medio de un tiroteo entre soldados y sicarios cuando salían de un centro de estudios. En Durango, 10 niños y jóvenes de entre 8 y 21 años murieron acribillados por una emboscada de sicarios en una aislada carretera del estado, zona de cultivo de marihuana y amapola. La semana pasada, el Gobierno otra vez tuvo que dar sus condolencias tras la muerte de dos niños de 5 y 9 años que iban a la playa con su familia en el norteño estado de Tamaulipas, sede del poderoso cártel del Golfo, y quedaron atrapados en el fuego cruzado entre sicarios y militares. “Muchas veces no se puede escoger como se quisiera el campo de los enfrentamientos”, declaró al respecto el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en una rueda de prensa. Los padres de los niños acusan a soldados de haberles disparado.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
