El país de cuatro sótanos: crónica de un gobierno moribundo (parte 2)

"La Junta de Control es juez y parte de nuestra crisis fiscal". (Archivo)

20 de enero de 2017 Por Especial para Diálogo Opinión Resaltado

Por: Ricardo Cobián Figeroux

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

Aquí se exponen las intrincadas relaciones de complicidad y contubernio entre los gobiernos de turno con los inversionistas del país. La falta de rendición de cuentas y las formas en que operó el oportunismo y la depredación de la deuda fiscal. Y el estrecho vínculo de varios miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) con los intereses de inversión de capital para los que trabajan. Una Junta que es juez y parte de nuestra crisis fiscal.

The usual suspects

La declaración explosiva del gobernador Alejandro García Padilla de que “la deuda es impagable” supuso un manotazo al avispero de las casas acreditadoras y a los bonistas e inversionistas de toda laya que tienen en el sótano pillado 70 mil millones de dólares. Y, como es de suponer, en este panal de comején monstruosamente inmanejable están junto a los pequeños, los grandes y súper grandes intereses corporativos y financieros de la socialité: jueces, políticos, empresarios, inversionistas y allegados. Manotazo que bien podría destapar la madeja de inversiones de alto riesgo, de fraude, de contubernios financieros, de complicidad y de posibles transacciones ilegales –como la entelequia fiscal de la llamada “deuda extra constitucional”- prácticas que por décadas se hicieron a espaldas del pueblo. Hecho éste que les ha servido de excusa para retirarle la confianza al gobierno en los mercados de capital. Pero, lo cierto es que la deuda es impagable y es inmoral.

Como sabemos el business de las casas acreditadoras es vender deuda para ganar dinero a partir de una clasificación establecida. Por ejemplo A+ para deuda de inversión segura a un porciento de interés relativamente pequeño y C hacia abajo para una inversión de riesgo con un porciento sanguinario. Por consiguiente, son las casas acreditadoras las que establecen las reglas del juego de la compra y venta de bonos de inversión de capital. Dependiendo de su clasificación, el gobierno de Puerto Rico puede o no vender deuda para coger prestado para hacer obra, invertir en mejoras o levantar nueva infraestructura y, al propio tiempo, garantizar los servicios esenciales y los pagos al principal acordados. Todas estas transacciones se realizan de acuerdo a las fuentes de repago, de ingresos propios y de gastos del gobierno central según los datos suministrados por el BGF.

Si el gobierno falsea los números o si las casas acreditadoras y de inversión no corroboran como les corresponde por ley la información financiera, tentadas quizá por las ganancias de miles de millones de dólares, los inversionistas por un lado, estarían comprando deuda bajo condiciones engañosas y el gobierno, con la compra de bonos a tutiplén, se estaría endeudando cada vez más y más. No podemos olvidar que la venta de bonos es también un mega negocio para los intermediarios de la banca financiera que, a su vez, necesita cada vez más capital de inversión para generar más deuda pública, para aumentar más ganancias para generar más deuda. Es el ciclo de la especulación de las casas de “curetaje”.

Este escenario dantesco del espiral de endeudamiento a través de los años, explica cómo la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Banco Gubernamental de Fomento, así como muchos de los Municipios entre otras dependencias gubernamentales con presupuestos multimillonarios, hayan caído en la más abyecta insolvencia. Las deudas de las corporaciones públicas aumentaron de $27, 209 millones en el 2006 a $47,979 millones en el 2015 y pica y se extiende. ¡Un aumento nada menos de $20,770 millones en apenas ocho años!

Por solo dar un ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, una agencia que arrastra la inconcebible deuda de $9 mil millones (hay quienes la calculan en $11,000 mil millones), las casas acreditadoras le otorgaron clasificación de bonos de inversión, posiblemente a sabiendas de la insolvencia que arrastraba desde antes del 2010. Más aún, la cantidad que las firmas de inversión prestaron para mejoras capitales y mantenimiento no solo no se llevaron a cabo, sino que año tras año se le estuvo prestando para las supuestas mismas mejoras.

Peor aún, se estuvo pagando el barril de petróleo a precio de oro, pero comprando el de pescao abombao, el más contaminante y de peor rendimiento. Entonces, el dineral que tomaron prestado ¿adónde fue a parar?… o es que hay un plan maestro, no necesariamente para privatizar la AEE per se como se ha denunciado (pues no hay quien cargue con ese muerto, ni brujo que lo reviva) sino para entregarle a los “revitalizadores” los suculentos contratos multimillonarios de infraestructura que ya asoman por ahí. Por ejemplo, para la construcción del complejo de Aguirre Offshore Gasport (AOGP). Dicho esto, ya está en la mesa pendiente de aprobación la moción de reconsideración de la AEE ante la Comisión de Energía de Puerto Rico -que posiblemente sea desmantelada por la nueva administración. Para colmo de traqueteos Alejandro García Padilla, apenas nueve días después de su juramentación, nombró a la Junta de Gobierno de la AEE a Harry Rodríguez García, quien poco después asumió la presidencia. Dicho nombramiento fue influido por el convicto Anaudi Hernández, exrecaudador del PPD. Dios los cría, Chaco. La situación de la AEE Ilustra, a modo de botón de muestra, el festín de esta danza de los millones que por décadas bailaron al son que le tocaban, igual un vals que un bolero, con guitarra o con violín.

No deja de levantar banderas de alerta las posibles clasificaciones fraudulentas de las casas acreditadoras en contubernio con ejecutivos de las grandes firmas de inversión y con la complicidad de altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y de otras corporaciones gubernamentales. No deja de levantar bandera de alerta de un posible esquema “legal” para validar la ilegalidad de la deuda extra-constitucional. Todos parecen bailar al son que le tocan en la guarida del pirata.

Si al círculo de este Inferno financiero le añadimos el hecho de que Carlos García y Juan Ramón González, miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, fungieron de presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la incumbencia de Luis Fortuño y Rafael Hernández Colón, respectivamente, y ocuparon altos puestos ejecutivos en el Banco Santander. Ambos fueron responsables de una cuantiosa suma de la deuda pública de este país, encargados de flotar deuda billonaria con un interés de usura.

Ramón González fue presidente de Santander Securities del 1986 al 1989 y de Santander BanCop del 2001 al 2008. En el caso de Carlos García, durante su presidencia en el BGF, facilitó la emisión de $61,000 millones en bonos del Banco Santander obteniendo un botín de $1,100 millones en honorarios. Luego de su renuncia fue nombrado vicepresidente del Santander Holdings USA. Por otra parte, José Carrión III, el flamante presidente de la JCF, es un alto ejecutivo experto en seguros, cuñado por más señas del excomisionado residente Pedro Pierluisi y vinculado a la familia dueña del Banco Popular. Carrión III manejó cientos de millones en bonos de Puerto Rico y está directamente vinculado al negocio de la industria de gas natural. Ojo aquí a la pezuña.

Entonces, qué hacer, qué esperar de estos ilustres linajudos de las finanzas en la que se ha depositado la responsabilidad de enderezar, sanear, estabilizar, administrar y disciplinar el erario con un Plan Fiscal maestro. El futuro del fiasco del fisco queda pues en sus inmaculadas manos con la complacencia de los mismos que la arruinaron. Ellos juran que no vienen a gobernar excepto si el gobernador no toma las decisiones correctas. ¿Ironía o cinismo? Entonces, dónde está la transparencia, si algunos de estos señores ha sido juez y parte de este desmadre.

Lo que tenemos en realidad es una apropiación “legal” del tesoro público para “cuadrar” el presupuesto y regresar al mercado de capital y de paso, por qué no, acomodar los intereses bonafides de sus socios inversionistas. Tal es así, que se llegó a considerar para dirigir la JCF a un tal Bill Cooper, uno de los artífices del lenguaje de PROMESA y director de Staff del Subcomité de Energía que preside el recalcitrante conservador Rob Bishop. Sin hablar de que estuvieron considerando nombrar a Fernando Batlle otro exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico bajo el mandato de Luis Fortuño y presidente de Valores Santander a cargo de las emisiones de bonos municipales. ¿Habrá alguna pezuña metida en esto?

Ahora bien, de la terna de candidatos: Bielenberg, Fontana y Shah que la Junta “propuso” para coordinar la llamada “revitalización de la economía”, el gobernador realizó el simulacro de libertad condicionada y escogió a Mister Bielenberg pero, ¡Atención… Atención!, resulta que los tales candidatos son socios activos de McKinsey, Erns & Young y PwC´s Capital Proyects & Infraestructure respectivamente. Empresas especializadas en proyectos de infraestructura. No podemos obviar que según la Ley PROMESA estos proyectos llamados “críticos” de infraestructura podrían llevarse a cabo sin subasta, sin cumplir necesariamente con la reglamentación ambiental, ni con el Plan de Uso de Terrenos y con una aprobación “fast track” de permisos que sería la exquisitez desmedida de todo contratista.

La JCF también contrató a Proskauer Rose como la principal firma externa de consultoría legal -responsable de la redacción de la llamada ley de quiebra criolla- y que ha tenido contratos tan recientes como en junio pasado con el BGF por $6.6 millones. La JCF contrató también como asesor legal externo a la firma local O´Neill & Borges, empresa en la que fue socio Pedro Pierluisi y en la que hasta hace poco trabajó su hijo mayor Michael Pierluisi, recién designado para dirigir el DACO. O´Neill & Borges le ha facturado $2.2 millones en contratos al Banco Gubernamental de Fomento y al presente mantiene un contrato de $95,000 hasta junio de 2017. La JCF contrató también a la empresa Mc. Kinsey & Co, como Consultor Estratégico. La misma firma en la que Aaron Bielenberg “fue” socio activo. Pero tranquilos boricuas que son solo $2 milloncitos mensuales que le pagamos a la Junta por su abnegada y desinteresada hazaña de enderezar las finanzas del país.

En la cancha de Washington se está jugando el Wall Street Open. Donald Trump acaba de designar a varios cangrimanes de la raqueta: Steven Mnuchin como secretario del Tesoro, Wibur Ross como secretario de Comercio, Todd Ricketts como subsecretario de Comercio y RexTillerson como secretario de Estado.

Veamos: Mnuchin, un veterano de las finanzas en Wall Street, fue director de Finanzas de la campaña presidencial de Trump, jefe de Información Financiera de Goldman Sachs, una firma que maneja inversión de riesgo (mejor conocida en el ambiente como buitres) que le ha vendido a Puerto Rico miles de millones en préstamos. Los tumbes más recientes fueron en contubernio con Fortuño en el 2011 y con García Padilla en el 2016. En el primero fue por $1.4 billones de inversión para privatizar la autopista PR-22 y PR-5 por 40 años con una ganancia aproximada de $400 millones anuales, y el segundo caso García Padilla renegoció una extensión de 10 años más con una inversión de $115 millones y una ganancia de $1.25 billones para Goldman y Abertis (la corporación española que entró en el guiso). Y como si fuera poco, acaban de nombrar a Luis Fortuño a la Junta de Gobierno de Abertis. ¿Habrá alguna pezuña metida en esto?

Volvamos al Wall Street Open y a Mister Mnuchin. Entre otras encomiendas del designado secretario del Tesoro, que nos toca directamente, está la coordinación de la asistencia que el gobierno federal nos provee. Mnuchin, como es de suponer, se opuso firmemente a la Ley de Quiebra para Puerto Rico y se opone a la ley Dodd-Frank que regula las operaciones de inversión de Wall Street. Fue uno de los que adquirió el banco IndyMac en quiebra por $1,600 millones que poco después vendieron por la bagatela de $3,400 millones. Uno de sus principales socios es nada menos que John Paulson (¿se acuerdan de él? Ley 20 y ley 22 para millonarios “inversionistas” residentes en la isla) pues ahí está Mr. Paulson, uno de los inversionistas que más se ha beneficiado de la crisis económica con la compra de propiedades devaluadas y quien participó en la nebulosa emisión de $3,000 millones en bonos en el 2014.

Por su parte, Wibur Ross tampoco es un pellizco de ñoco. Es un inversionista con una modesta fortuna estimada en $2,900 millones. Experto en reestructuración de empresas quebradas (ojo al pillo) y crítico, por demás señas, de los acuerdos comerciales internacionales (TPP, NAFTA y TLC) del gobierno de Obama. Es fundador del fondo de inversión WL, Ross & Co. Su opinión sobre la deuda de Puerto Rico es monda y lironda: el gobierno es demasiado grande y hay demasiada gente chupando fondos del mantengo federal. En otras palabras Chaco, hay que reducir la nómina y eliminar beneficios sociales. Seguro que este raquetero profesional tiene en juego varios millonsejos atascados en el botín de la deuda. Todd Ricketts es un jugador menor, otro inversionista multimillonario no menos poderoso de la industria financiera.

Pero ¿qué me dicen de Mister Rex Tillerson para la secretaría de Estado? Este acaudalado petrolero es el principal jugador y CEO de Exxon Mobil, condecorado además por el Gobierno ruso. ¿Transparente como el fango, no? Habrá que seguirle la pista a estos pescadores cuando empiece el río revuelto de la desregulación y los pejes gordos de los contratos comiencen a saltar como esturiones.

Entonces, digo yo, sería exótico preguntarse ¿a quién o a quiénes se les van a otorgar estos suculentos contratos de infraestructura? Entonces, ¿sería razonable sospechar que por inclinación, digamos natural, favorecerían los intereses de sus socios corporativos y allegados? Entonces, a estos Bielenbergs de la vida que suponemos vienen con mucho ímpetu, le vamos a pagar un billetaje por sus nobles y sacrificadas “coordinaciones revitalizadoras” y le vamos a entregar, como se supone, el guiso y el guisómetro también. Ya Donnahue, Alix Partners, et al, se guisaron 47 millones de la arruinada AEE y $30 millones más a los asesores de los asesores de los acreedores, pero ¡tranquilo boricua que ahora es que es!

¡Habrase visto transparencia igual! ¿O es que la mezcla de necedad, impotencia e incompetencia que causa este tóxico coctel de la deuda pública, ha dejado como zombis a Juan del Pueblo, a los cortesanos de Santa Catalina y a los tecnócratas criollos de la vieja escuela de la toma y dame? ¿Y la Junta qué tal?… pues bien, organizándose, como debe ser, para otorgar contratos imprescindibles de asesoría legal, de consultorías estratégicas y de otros “servicios de asesorías profesionales”. Están moviendo sus fichas, como debe ser, para cumplir con el acomodo razonable según dicta la ley PROMESA. Transparente como el fango… ¿no? Cosas veredes, Chaco.

Cómo terminará esta telenovela turca que recién ha comenzado con el desenmascaramiento del ELA, con la llegada del clan de los siete samuráis y su gesta purificadora, con nuestro abnegado Revitalizador, con las firmas de Asesores Externos Internos y demás Allegados que prometen originales peripecias de la mano del nuevo gobierno tutelado. Ya Donald Trump está blindando su gabinete de coroneles y de top executives corporativos para desmantelar la ley de Reforma de Wall Street y desregular la especulación financiera.

Habrá que ver Chaco, qué quedará de nuestro estado de derecho, rehén de una Junta, protegida por los godfathers del estado corporativo y acatada por sumisión digamos inevitable del gobierno tutelado. No se trata de que hayamos retrocedido, se trata en realidad de que nunca nos movimos más allá de la Ley Foraker. Es el efecto del Sillón Syndrome (S.S. por sus siglas en español e inglés). La sensación de que nos movemos aunque seguimos en el mismo lugar. La ilusión de que avanzamos aunque no nos hemos movido ni un centímetro. (Zenón de Elea tenía razón: la flecha no se mueve, la tortuga no será alcanzada por Aquiles). Lo demás es ficción jurídica, un engaño más monumental que la deuda pública.

No se pierda mañana: Juan del Pueblo y los siete samuráis de la Junta.

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