El consenso entre representantes del sector estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) es que existe un problema de transparencia: es decir, que la administración universitaria ha fallado en entregar los documentos que justifican los supuestos del plan fiscal revisado de la institución, lo que le impide a la junta certificar el documento tal como se le entregó la semana pasada.
Lo anterior resume el contenido de la reunión que se dio hoy entre cuatro presidentes de consejos estudiantiles y el presidente de la JCF José Carrión III, la integrante Ana Matosantos y la directora ejecutiva Natalie Jaresko en el edificio Seaborne en Hato Rey, donde ubican las oficinas del ente fiscal.
“Lo que salió de esta reunión es que la administración de la UPR ha incumplido con someter un plan fiscal que cumpla con las expectativas de la comunidad universitaria y con las de la JCF. Jaresko nos esbozó que el documento sufrirá cambios mayores, porque no se puede certificar” tal como está, señaló Marcus Ramos Cintrón, presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
“[Ellos] estuvieron en la disposición de enterarse de cuáles eran nuestras preocupaciones con el plan fiscal revisado”, sostuvo Neftalí Sánchez Cordero, presidente del CGE del Recinto de Río Piedras. Aunque un portavoz de la JCF confirmó la reunión, indicó que no se emitirían reacciones al respecto.
Al momento, se perfila un aumento escalonado hasta $140 en el crédito subgraduado (de los $57 actuales), así como $200 en el crédito de cursos de maestría y $250 en el crédito de cursos doctorales (de los $140 actuales, en ambos casos).
Lo que la JCF y los estudiantes reclamaron es el documento que justifique por qué ese número –que fue propuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)– y no otro. El presidente interino Darrel Hillman favorecía un aumento escalonado de $57 a $115 al final de los cinco años.
Dudas con los modelos de conglomerados
Otro asunto que tanto la representación estudiantil como la JCF cuestionan es cómo se ejecutaría la consolidación administrativa de unidades –que, en esencia, reduciría el sistema de la UPR a cuatro o cinco recintos–.
El plan fiscal revisado del centro docente ofrece dos modelos de conglomerado de unidades. El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, explicó que la decisión depende de lo que suceda con el Recinto de Río Piedras –es decir, si se queda solo o si encabezaría un conglomerado–.
Los criterios para los conglomerados responden a la cercanía geográfica y la similitud en los ofrecimientos académicos. La JCF busca más documentos que presenten criterios adicionales.
Otro cuestionamiento es cómo se realizará la consolidación académica, lo que tendría una doble implicación: que la oferta académica se daría a base de los conglomerados, de forma tal que se evite la duplicación de esta, y que se revisen aquellos con baja demanda o bajas tasas de retención y graduación.
“No se sabe específicamente cómo se va a implementar y cuánto, al final del día, se va a ahorrar la universidad con esas consolidaciones administrativas y el reenfoque de la oferta académica”, indicó Nancy Cardona, presidenta del CGE del Recinto de Ciencia Médicas.
Dicho de otro modo, se estaría cuestionando los sobre $190 millones que, en los cinco años de vigencia del plan fiscal de la UPR (2019-2023), la universidad se estaría ahorrando por concepto de attrition –el congelamiento y eliminación de plazas docentes y no docentes–.
Ramos Cintrón sumó que la representación estudiantil se unirá a las solicitudes de “información cruda” que hará la JCF en las próximas horas. Además, señaló que la junta estaría publicando estos documentos, “así que por lo menos esperamos que a través de la junta podamos tenerlos para así poder articular propuestas”.
“Tenemos que entender que ningún sector ahora mismo ha podido someter propuestas bajo las métricas que impone la JCF porque no tenemos la información. Aparentemente la JCF tampoco la tiene, por lo que estará haciendo las solicitudes de información para hacer los cambios pertinentes al plan fiscal”, dijo.
El asunto de la transparencia en el trámite y publicación de documentos no es único de la UPR. A nivel del gobierno central, se ha criticado que el plan fiscal no se haya publicado junto con los documentos base. En el caso de la universidad, parte de los documentos se han filtrado a través de las redes sociales, y en caso de publicarlos, se hace sin que la comunidad universitaria haya participado en el proceso e, igualmente, sin la totalidad de los documentos base de las proyecciones.
El plan fiscal revisado de la UPR se certificará en o antes del 20 de abril. En el trayecto, la JCF sostendrá reuniones semanales con la administración universitaria, que tiene ayuda de la Aafaf, para afinar el documento de cara a su aprobación.
Diálogo espera una reacción de la administración universitaria.
