Cambios drásticos en los procesos operacionales del Departamento de Hacienda, recortes presupuestarios a distintas dependencias del Estado, una transformación al aparato público de Salud, recortes multimillonarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como la ‘promesa’ de que no se despedirán empleados del Gobierno son solo algunos de los puntos contenidos en el Plan Fiscal que la administración de Ricardo Rosselló Nevares entregó esta semana a la Junta de Control Fiscal (JCF).
De acuerdo con lo expuesto en el plan, —publicado en la madrugada del miércoles— la crisis de Borinquen no es más que el resultado de un fracasado modelo político-económico. Ante eso, se destaca que lo esbozado para cumplir con las exigencias de la JCF ha sido preparado con una proyección de diez años y con la misión —según lo proyectado en diciembre por el organismo federal— de cerrar una brecha presupuestaria de $67 mil millones durante la próxima década.
Datos obtenidos del Plan Fiscal. (José Encarnación / Diálogo)
No obstante, el plan desarrollado por el nuevo gobierno destaca proyecciones distintas a la suma proyectada por la JCF a finales del año pasado. En lugar de una brecha de $67 mil millones, se ha propuesto una suma que totaliza unos $55,200 millones, principalmente, por los cambios en las proyecciones del crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB), de acuerdo a los señalamientos gubernamentales.
En ese contexto, el gobierno de Rosselló se ha posicionado a favor de la adopción de medidas fiscales que —de acuerdo al informe— reducirán la brecha de financiamiento en unos $32,700 millones en los próximos dos lustros al tiempo que se crea un superávit de unos $11,600 millones en el flujo de efectivo nacional.
Y es que, según detalla el plan —enfocado en diez áreas específicas, así como en cuatro apéndices adicionales—, la situación fiscal de Puerto Rico responde a que el aumento del gasto público entre el 2000 y el 2008 llevó a una práctica recurrente de financiamiento de déficit, por lo que tales tendencias —se asegura— resultaron en un incremento de 131% de la deuda pública durante ese período.
Sin embargo, el análisis del actual gobierno anexionista no detalla que, en cuatro años de administración, el gobierno del exgobernador, Luis Fortuño, contribuyó a la deuda al aumentarla en poco más de $16,500 millones mediante 14 préstamos a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que, eventualmente, ascendieron a casi nueve mil millones ($8,980,945,000), según denuncias de la oposición política.
Igualmente, el plan establece que el fracaso fiscal del archipiélago borincano inició a partir de este siglo. O sea, el análisis se centra a partir de la data correspondiente a la administración de la exgobernadora Sila María Calderón, de manera que ignora el contexto del pasado siglo y concentra sus esfuerzos en el ejercicio de responder a estadísticas de Standard & Poor’s y reportes de Moody’s Investors Service.
Se destaca a su vez que el Plan Fiscal actual se encamina en una dirección distinta a la de la versión presentada en octubre por la administración popular del exgobernador Alejandro García Padilla, pues esta versión se compromete a generar mayores ingresos para atacar “responsablemente” la crisis socio-económica que arropa al país.
De acuerdo al Plan, durante el cuatrienio pasado el gobierno de García Padilla sobreestimó los ingresos gubernamentales en un 7% cada año, mientras el sector público ha experimentado una reducción anual constante del 4% en su fuerza de trabajo desde el año fiscal 2013, a pesar de que no se ha traducido en reducciones de gastos relacionadas con la nómina pública.
En ese sentido, y en busca de impactar rápidamente el panorama actual, la administración de Rosselló Nevares ha propuesto la implementación de un Programa de Empleador Único (Ley 8 de 2017), iniciativa que pretende maximizar la eficiencia en las asignaciones de recursos humanos mediante la simplificación del proceso de movilización de empleados dentro del gobierno.
A través de esa movilidad —se indica—, el Gobierno podrá garantizar la oferta de servicios sin la necesidad de despidos. Además, se asegura que este programa resultará en la alineación de los beneficios de vacaciones tanto para el sector público como para el sector privado, así como en igualdad de beneficios marginales a través de todo el gobierno. Para facilitar la movilidad, el Gobierno ha planteado que establecerá beneficios uniformes para todos los empleados del Estado.
Datos obtenidos del Plan Fiscal. (José Encarnación / Diálogo)
Curiosamente, se dice también que el hecho de que el Gobierno sea un empleador único, junto con servicios de centralización –para lograr economías de escala mediante la eliminación de servicios duplicados dentro del Gobierno– y junto a servicios de externalización –para lograr la transferencia de servicios del Gobierno a entidades privadas con antecedentes probados y así prestar servicios de “mayor” calidad y de una manera “rentable” – permitirá reducciones significativas en los costos relacionados con la nómina, lo que se traducirá en un impulso a la economía local.
Con el fin de generar ahorros de $6,500 millones en la próxima década, el Gobierno ha dicho en su plan que se pretenden reducir los subsidios a la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como a los municipios.
En esa línea, el Gobierno ha dejado claro que la UPR debe considerar una reforma en todo su aparato de gobernanza: una consolidación administrativa para incrementar su eficiencia; la especialización de algunas de sus 11 unidades académicas para enriquecer la calidad de sus servicios; reducir en su inversión por empleado para beneficiar la nómina; aumentar los servicios al Gobierno; y enfocar su matrícula en las necesidades de la enseñanza.
En lo referente a los municipios, el Gobierno pretende modernizar el régimen tributario de la propiedad, pues ha planteado en su informe que Puerto Rico cuenta con un modelo anticuado e ineficiente.
Es por esto que la implantación de un nuevo modelo impositivo sobre la propiedad será evaluada a base de los valores del mercado, de manera que se actualicen regularmente y con cada venta. Este nuevo sistema —asegura el Plan Fiscal impulsado por Rosselló y que responde a las exigencias de la JCF— producirá un total de $426 millones en ingresos, distribuidos en —al menos— $350 millones para los municipios y $76 millones para el Gobierno Central.
Datos obtenidos del Plan Fiscal. (José Encarnación / Diálogo)
Los servicios de salud tampoco estarán exentos de intervención. De acuerdo a lo contenido en el plan, se espera que la actual administración trabaje reformas para hacer posible una reducción en gastos de aproximadamente $2,500 millones en los próximos diez años.
Para alcanzar esa cifra, el Gobierno intentará establecer tarifas uniformes para proveedores y servicios auxiliares. De forma genérica, se habla de limitar las tarifas de reembolso de Medicare, correspondientes al año fiscal 2015, a un promedio de 70%.
También, se añade que será necesario establecer alianzas con el Departamento de Corrección, el Departamento de Salud, las Managed Cared Organizations
(MCO) y otras jurisdicciones de Medicaid (Florida y Nueva York) para aumentar el escrutinio de los pagos de primas para beneficiarios que han abandonado el sistema y para ampliar el programa de coordinación de beneficios de intercambio de datos.
De igual modo se incluye que para investigar y enjuiciar a los proveedores y pacientes que usen de manera incorrecta los fondos de Medicaid, habrá que establecer una oficina de Medicaid Fraud Control Unit (MFCU), así como una plataforma de Medicaid Management Information System (MMIS) para procesar la acreditación de proveedores, determinar la elegibilidad y autorizar y pagar reclamaciones.
Ambas iniciativas, de acuerdo al plan, se iniciaron en el 2011 por la administración del entonces gobernador Luis Fortuño pero no fueron concretadas.
Si una cosa quedó puntualizada en el informe de la actual administración, es que “para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso”, se redoblarán esfuerzos para establecer y hacer cumplir las reglamentaciones sobre el uso adecuado de Mi Salud.
El Gobierno pretende poner en marcha estrategias de ahorro para controlar el gasto en medicamentos ambulatorios. Para lograrlo, se prevé un aumento de los descuentos farmacéuticos aplicables a los medicamentos de marca y de especialidad, hacer cumplir la dispensación obligatoria de medicamentos genéricos, actualizar el formulario de medicamentos preferidos para aumentar su rentabilidad y establecer iniciativas de ahorro compartido con instituciones que se beneficien de precios más competitivos.
Según el plan, la reducción del gasto en farmacia proporcionará un ahorro de $500 millones en costos de medicamentos para los próximos dos lustros. Asimismo, se especifica que la reforma de las pensiones aportará a la reducción de la brecha financiera con una inyección de $600 millones en la próxima década.
Datos obtenidos del Plan Fiscal. (José Encarnación / Diálogo)
Reacción al Plan FIscal
De acuerdo al economista José Alameda, son varias las preguntas que surgen a raíz del Plan Fiscal presentado por la administración Rosselló. Para el experto, resulta interesante que las propuestas contenidas en el plan relacionadas al tema de salud destaquen la necesidad de mantener los fondos y programas federales, pues cuando la pasada administración planteó la misma necesidad ante la JCF, el organismo sentenció que el gobierno de Puerto Rico tenía que romper con la dependencia federal.
“Ellos están considerando que el gobierno federal dará dinero de Medicaid. Pero la JCF tuvo un impasse con García Padilla porque en su plan propuso que el dinero de la Ley 154 se tenía que quedar. Y también proponía que el dinero de Medicaid se quedaba. Pero la JCF dijo que había que romper con la dependencia y eso no está en el plan Rosselló, sino que acoge lo que en su momento criticó, porque se dieron cuenta que si quitan los mil millones de Medicaid y quitan a la vez los millones de las foráneas, pues se cae el sistema”, aseguró el también profesor del Recinto Universitario de Mayagüez.
“Dice que no está de acuerdo con reducir gastos en salud y que tampoco está dispuesto a recortar gastos gubernamentales y eso, porque si no hay que botar gente. Pero cuando llega a la UPR ahí sí hay (recortes). Es una mala interpretación de lo que es la universidad del Estado”, agregó Alameda, a la vez que manifestó que el elemento fundamental es que la JCF reclama que en la proyección del 2018 hay una caída en la economía de 16.1%.
Según Alameda, se sabía de antemano que había tres opciones ante la crisis: aumentar recaudos, reducir gastos o la combinación de aumentos con recaudos y reducción de gastos, “pero lo que dicen en las campañas políticas es todo un montaje, porque la gente quiere oír buenas noticias”.
“La economía es la ciencia de lo que no hay, lo que se estudia es la escasez, esa es la base fundamental. Por lo tanto, se trata de repartir las cosas de la mejor manera, por prioridades. El problema, entonces, son las prioridades en las que uno se basa para distribuir lo que se tiene. Ahí es que está todo este engranaje de reducciones que lamentablemente, si se reducen todos estos gastos, pues también se achica la economía local, porque lo que nadie dice es que todos estos ajustes reducirán la base contributiva”, puntualizó.
El sector privado, herramienta de reestructuración
Por otro lado, se destaca que se hará lo posible por coordinar con la JCF el que se proporcione a los acreedores la certeza razonable de que cualquier reestructuración será implementada “de buena fe” y no sujeta a la renegociación. Y es que la misión —según establecida— es desarrollar una estructura de capital que facilite la participación del mercado privado en la actividad económica en la isla.
Para la puesta en marcha del Plan Fiscal, el Gobierno señala que se requerirá el desarrollo de métricas de desempeño para medir el progreso y la eficacia de las reformas fiscales. Además, a través de un modelo PMO, el cual consistirá en la creación de grupos de trabajo, y eventualmente de subgrupos de trabajo, centrados en los sectores que requieran de intervención inmediata. No obstante, estos sectores no se identifican en su totalidad.
Cada grupo de trabajo evaluará las contribuciones necesarias y coordinará lo que ha sido descrito como “obligaciones de información interna y externa” que responderán a PROMESA y todos los cuerpos fiscales envueltos.
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José Encarnación
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Completó un grado de Bachillerato en Información y Periodismo de la Escuela de Comunicación. Amante de los deportes y la literatura. encarnacionjose1994@gmail.com @encarnajm94
