Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La bandera de Estados Unidos junto a la bandera de Puerto Rico. (WikiCommons)
Lo que han hecho dos pistolas.
La inexistencia de poderes soberanos del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico fue confirmada en la mañana de ayer por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la decisión del caso “El pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle”. En este caso, los acusados Luis Sánchez Valle y Jaime Gómez Vázquez buscaban librarse de resultar convictos en Puerto Rico por venderle una pistola cada uno a un policía encubierto.
Habían sido acusados por las autoridades boricuas bajo la Ley de Armas del 2000 de Puerto Rico, pero mientras los cargos estaban pendientes, un gran jurado federal también sometió acusaciones contra ambos. El caso se vio en el Tribunal de Distrito Federal, donde un juez rechazó el argumento del gobierno local de que Puerto Rico y Estados Unidos eran soberanías separadas para fines de la cláusula constitucional contra doble exposición en casos criminales.
Se declararon culpables ante los federales, y aludieron que no les aplicaba la cláusula “doble exposición” (en inglés “double jeopardy”), que indica que Puerto Rico y Estados Unidos pueden procesar a una persona por la misma conducta bajo leyes criminales equivalentes. Y no les aplicaba porque Puerto Rico no tiene soberanía propia y los que mandan en cualquier aspecto que corresponde a este territorio es el Gobierno de los Estados Unidos.
En la decisión, el Tribunal Supremo indica que ese mismo organismo jurídico “concluyó a principios del siglo XX que los territorios de Estados Unidos, incluida una encarnación temprana de Puerto Rico, no tienen una soberanía diferente a la de Estados Unidos”.
De manera “simple”, indica el Tribunal Supremo, en aquel entonces “el Congreso confirió la autoridad para crear la Constitución de Puerto Rico”, que a cambio da autoridad para presentar cargos criminales. “Eso convierte al Congreso en la fuente original de poder para los fiscales de Puerto Rico, como lo es para el Gobierno federal”, dictaminó el Tribunal Supremo en la decisión emitida en el día de ayer, suceso que ha sido eje de debate y discusión a plenitud.
“La constitución de la Isla, por significativa que sea, no rompe esa cadena”, expresó la juez ponente Elena Kagan en la decisión.
“Así que la Claúsula de Doble Exposición prohibe que tanto Puerto Rico como Estados Unidos procesen a la misma persona por la misma conducta bajo leyes criminales equivalentes”, concluyó.
La decisión del Supremo federal aludió además al Tratado de París en el que España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos, indicando que la nación archipiélago nunca dejó de ser una colonia en esa transferencia por lo que no puede agenciarse haber tenido soberanía al avistarse en el panorama estadounidense.
De armas de fuego a “necrofilia política”
“Tuvo que venir un caso criminal, la venta ilegal de un arma, a mostrarle al mundo que cualquier soberanía que se creía del ELA era fantasía”, indicó el analista y otrora profesor de política, el doctor José R. Rivera, en conversación con este diario.
Rivera resaltó que “durante mucho tiempo, los enemigos y detractores del ELA han levantado argumentos para mirarle la fisura, la grieta al ELA y convencernos de que era una abominación y no una alternativa descolonizadora”, como realmente es la autonomía plena, la independencia o la anexión, la estadidad. Con esto, la defensa de aquellos partidarios del ELA colonial quedó completamente desarticulada, en especial el sector del Partido Popular Democrático que vive de la nostalgia.
“Aquí quienes deben tener algún desarraigo son aquellos que históricamente lo han defendido, sobre todo los populares que se empeñan en defender aquel ELA adherido a un modelo que ya está muerto. Eso es un acto de necrofilia política”, articuló Rivera.
Interesante término ese de “necrofilia política”. Tras leer las “declaraciones autorizadas” para la prensa que ayer dio el gobernador Alejandro García Padilla, alguna mente avispada pudiese pensar que el Primer Ejecutivo realiza tal práctica.
“Exhorto a los puertorriqueños a evaluar la opinión que emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso de Sánchez Valle en su justa perspectiva. Dicha opinión reconoce extensamente la realidad práctica de Puerto Rico a partir de la creación de la Constitución del ELA en 1952. A ese fin, subraya que vivimos bajo un estado de derecho ‘distintivo y de hecho excepcional’ que emana ‘de una constitución ratificada por el voto’ directo del pueblo”, comienza García Padilla su defensa del ELA en un comunicado de prensa emitido en la tarde de ayer por Fortaleza.
El Estado Libre Asociado se inauguró el 25 de julio de 1952
García Padilla indicó en la misiva que “la opinión también destaca que ‘ese desarrollo constitucional fue de gran significado y convirtió a Puerto Rico en soberano’, en el significado usual de ese término”.
El gobernador calificó lo dicho por el Tribunal Supremo como un “análisis histórico–que aplica únicamente al ámbito de doble exposición en casos criminales– sobre el origen de los poderes para imponer leyes penales”. García Padilla entiende que la decisión de la máxima corte estadounidense “no menoscaba los poderes de nuestra autonomía actual”.
Dijo el actual mandamás del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: “La opinión es contradictoria porque a la vez que reconoce el espacio de autogobierno del que Puerto Rico disfruta, similar al de los estados, ata la fuente de ese gobierno propio, en casos específicos, a la soberanía del Congreso, no a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”.
Los votos disidentes y el estadounidense que “ha hablado”
García Padilla concurrió con las opiniones disidentes de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor en el veredicto emitido por el Tribunal Supremo, quienes aluden a que el Congreso ha puesto las suficientes herramientas legales en las manos de Puerto Rico para tener autonomía jurídica soberana.
“Recordemos que Breyer y Sotomayor son jueces que tienen vínculos con Puerto Rico”, destacó el abogado federal Leo Aldridge, al ser consultado por este rotativo.
“La jueza Sotomayor, como todos saben, tiene raíces puertorriqueñas. Breyer tuvo como oficial jurídico a Aníbal Acevedo Vilá y fue juez del primer circuito de apelaciones de Boston que es el que tiene la jurisdicción de Puerto Rico”, recordó por teléfono el también profesor de temas contemporáneos en el derecho penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.
En el caso de Breyer, el doctor Rivera entiende que este juez “conoce lo suficiente de Puerto Rico como para vivirse la fantasía terrible del ELA” y carga alguna convicción para que, “aun dentro de todas las abominaciones jurídicas que significa el ELA, se le puede encontrar una razón de ser”. Con respecto a la jueza Sotomayor, Rivera no se atrevió a decir que disidió “meramente por ser boricua”, pues la problemática sicosocial de la nación va más allá de eso.
“Independientemente de lo que podamos considerar que es la alternativa más digna, todos los sectores de Puerto Rico entienden que hay una identidad propia. El hecho de convencernos a nosotros mismos de que tenemos una soberanía sin tenerla es una idea muy poderosa y nos la creemos. En el caso de Sotomayor, una jueza muy preparada, ciertamente su pensamiento reconfortante es encontrar que Puerto Rico tiene una particularidad propia en el marco jurídico”, dilucidó Rivera.
Al fin y al cabo, todo apunta a que el ELA terminó siendo, como explicó Rivera “un espejismo”. Al menos, si efectivamente un día nació, ya está muerto.
“Si yo fuese el que titula en un periódico le pondría: ELA, 1952-2016”, resumió el profesor Aldridge.
“Las tres ramas de gobierno de Estados Unidos han dicho sin miramientos y vacilaciones que Puerto Rico es un territorio, que es una colonia y más nada que eso. La decisión de hoy del Supremo federal da la última estocada a aquellos que pensaban que el ELA aun podía sobrevivir”, dijo el abogado federal y experiodista.
La decisión de ayer del Tribunal Federal, recalcó Aldridge, se une a las declaraciones en diciembre pasado de Casa Blanca, mediante su procurador general, Donald Verrilli, quien dijo que Puerto Rico era un territorio. Verilli acudió ante el Tribunal Supremo como amigo de la corte en el caso sobre doble exposición “El pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle”.
“Ahí está lo que dijo el Procurador General que equivale a Obama decirle al mundo que Puerto Rico es una mera colonia y está lo que dijo el Supremo, que no hay soberanía a la hora de procesar criminales. Entonces, tienes al Congreso diciendo que vamos a tener una Junta de Control Fiscal porque creen que nosotros no nos sabemos gobernar. Ahí tienes tres formas en las que el estadounidense ha hablado, tres formas contundentes”, acertó Aldridge.
Un combativo AGP rumbo a la ONU
García Padilla, sin embargo, dice que dará la batalla. Entiende que “esta postura tiene que aclararse, ya que en pleno siglo 21, ni para Estados Unidos, ni para la comunidad internacional, ni para Puerto Rico, es aceptable que la soberanía política de un pueblo dependa del parecer de la legislatura de otro, así sea que solo se trate del enjuiciamiento criminal de sus ciudadanos”.
El gobernador reafirmó su desaprobación al resultado de la opinión mayoritaria del Supremo. Manifestó que “está equivocado” y ahora hay que “evaluar las consecuencias políticas”. Dijo que “es nuestro deber defender ante la comunidad internacional, ante el pueblo de Estados Unidos y, sobre todo, ante el pueblo de Puerto Rico, nuestras facultades de autogobierno”. García Padilla irá al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en la sesión pautada para el próximo 20 de junio, “como había anticipado en mi carta del 26 de diciembre de 2015, al Secretario General de dicha organización”.
Puerto Rico vuelve a la ONU; el final parece ir por el principio. El profesor Aldridge recordó que las opiniones disidentes de la votación del Supremo federal mencionan la Resolución #748 de la ONU de 1953, cuando Estados Unidos le dijo al mundo que Puerto Rico no era una colonia. “Esto es un papelón”, aseveró el letrado del Tribunal Federal en Puerto Rico.
“Durante su gran período de desarrollo en el siglo XX, los Estados Unidos, ya convertidos en una potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, trataron de convencer al mundo y a los puertorriqueños que aun con su condición territorial, Puerto Rico no era una colonia, y que se había cedido una autoridad, soslayada bajo unos documento legales y jurídicos”, agregó Rivera, evocando la memoria de un momento en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética “parecían promover una agenda descolonizadora”.
“Y esa autoridad se ha ido minando, si es que eventualmente existió”, agregó Rivera, resaltando aquel momento como “un truco discursivo” de los Estados Unidos ante la ONU.
“Fue un espejismo, básicamente, no creo que haya mejor palabra”, finalizó.
Mira la decisión del Supremo federal en el caso “El Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle” pulsando aquí.
Mira la resolución #748 de la ONU (1953) sobre Puerto Rico pulsando aquí.
Mira la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecida e 1952, pulsando aquí.
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SOBRE EL AUTOR
Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
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