No puede existir un plan económico y social para la recuperación de Puerto Rico que no proponga la eliminación de las leyes de cabotaje que rigen en la Isla. Estas han impuesto el uso de la marina mercante estadounidense desde comienzos de siglo XX como medio de transporte de lo que se importa al país aumentando en un 40 por ciento todos los productos que llegan mediante este medio. El huracán María y la devastación que este ocasionara han creado mayor conciencia de lo que afecta esta política a la economía puertorriqueña.
No es posible que solo se concedan diez días de suspensión de su vigencia, gracias a la petición del gobernador Ricardo Rosselló al presidente Donald Trump, debido a que Puerto Rico está pasando por una crisis humanitaria por los efectos del huracán María que le azotara el 20 de septiembre de este año.
La prensa ha informado que hay alrededor de 48 muertos y que hay muchos desaparecidos a consecuencia del huracán por falta, entre otras cosas, de diesel y oxígeno en centros de envejecientes y hospitales. Las carreteras han estado obstruidas por árboles, postes y cables, además de objetos diversos, lo que ha hecho ardua la tarea de llevar suministros esenciales como el agua y alimentos a todas las comunidades.
Otros elementos que han ahondado la crisis han sido las inundaciones en Toa Baja (Levittown) por la apertura de una represa que causó el caos entre los residentes de la zona y la pérdida de parte de sus propiedades, además del hecho de que durante los días posthuracán muchas farmacias, al no poder utilizar el sistema de computadoras, no aceptaron los planes médicos contribuyendo así al encarecimiento de los medicamentos en plena crisis.
Lo mismo hicieron muchos de los que otorgan servicios de salud. La carestía de comida y agua en los barrios y comunidades del centro de la Isla y de las zonas afectadas ha llevado al racionamiento en la alimentación y al hambre. Al momento los daños se calculan en $85,000 millones, lo que incluye la devastación de la infraestructura de energía eléctrica y el sistema de información.
La eliminación de las leyes de cabotaje se daría tanto en el campo naval como en el aéreo. El análisis llevado a cabo por el doctor José Caballero Cueto, comisionado por el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico, arrojó que aumentaría el turismo en un 17 por ciento y, por consiguiente, habría efectos favorables sobre la economía puertorriqueña.
La Junta de Control Fiscal, si no es removida por los efectos que el huracán María en la Isla, no debe tampoco estar ajena a esta situación, ya que la misma tiene como encomienda elaborar un plan de desarrollo para la Isla. La creación de este debe tomar en cuenta que el 80 por ciento de las cosechas puertorriqueñas se perdió por los fuertes vientos del fenómeno atmosférico que fue María.
Esto nos plantea el aumento en las importaciones y el bloqueo de la pronta posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria a la que debemos aspirar. Antes de que se desate una hambruna debemos abolir las leyes de cabotaje, aunque este no es el único aspecto legal que es necesario cambiar.
Sabemos que hay carestía de agua en el País y que algunos han recurrido a beber agua no potable, lo que puede degenerar en graves enfermedades y epidemias. Debemos lograrlo mediante el consenso urgente de todos los sectores políticos, pues es un requisito indispensable para la restauración de la economía, la salud y la sobrevivencia de los puertorriqueñ@s.
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La autora es catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.
