“¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña.
Si no somos, dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán, ustedes comprarlos?”.
(Extracto de la carta que envió el Gran Jefe Seattle de la tribu de los Suquamish al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce en el 1854.)
Las palabras expresadas por el gran Jefe Seattle de la tribu Suquamish, hace ya más de un siglo, cobran hoy más vigencia que nunca en el suelo borincano. La deuda pública del país se ha convertido en un enorme pulpo cuyos tentáculos se extienden hacia espacios inimaginables: la salud, la educación, la seguridad pública y hasta nuestros recursos naturales.
Existe una genuina preocupación entre científicos, abogados, planificadores, líderes ambientales y otros especialistas de que nuestros terrenos agrícolas, playas, bosques y reservas naturales sean utilizados para pagar la deuda pública de la isla, que ronda en $70,000 millones.
Y es que la Junta de Control Fiscal (JCF), que se creó bajo la ley federal Promesa (Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act), le da poderes absolutos a ese organismo para disponer como ellos entiendan sobre todos los recursos del país a fin de poder efectuar los pagos a los acreedores.
De acuerdo con un informe realizado por el abogado James Snow, del Pinchot Institute for Conservation en Washington DC, al que Diálogo tuvo acceso y en donde se analiza el impacto de la Ley Promesa sobre los recursos naturales de Puerto Rico, la JCF “puede incluir la venta, arrendamiento, u otra disposición de propiedades del Estado Libre Asociado que son manejados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tales como los bosques, las reservas naturales y los santuarios estuarinos”.
La amenaza se asoma en dos vías: por la posible venta de estos bienes patrimoniales o por la fragmentación de estos recursos para darles paso a los llamados “proyectos críticos”, que no son otra cosa que obras de infraestructura como carreteras y puentes; o proyectos dirigidos a mejorar servicios, como agua, luz (energía) y comunicaciones.
En nuestra décima edición de Diálogo Verde, investigamos a fondo este tema. Aunque, como concluye Snow en su informe, aún no existen indicaciones concretas de que, en efecto, estos recursos hayan sido puestos a la venta con fines de liquidar la deuda, la exhortación es a mantenerse vigilantes.
Existen varias señales de alarma como lo son las nuevas flexibilizaciones a la Ley de Permisos de Construcción tras la llamada “Reforma de Permisos”. La prensa del país adelantó la semana pasada que los salvaguardas para garantizar la protección de los recursos naturales que les fueran incluidos a ese proyecto en el Senado, no pasarán por el cedazo de la Cámara de Representantes ni de Fortaleza.
Asimismo, levanta bandera roja una lista a la que Diálogo tuvo acceso sobre áreas naturales protegidas, entre las que figuran reservas naturales, bosques estatales y refugios de vida silvestre, que aunque son administradas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales su titularidad reside parcial o totalmente bajo algunas corporaciones públicas que han hecho emisiones de bono y cuya insolvencia podría implicar que dichos recursos terminen en manos de los acreedores.
Se ha utilizado mucho lo que dice nuestra Constitución con respecto al pago de la deuda como argumento para pagar a los acreedores por encima de cualquier otra cosa. Pero, curiosamente, en el mismo artículo VI de nuestra Carta Magna, donde figura el mandato de que ante una insolvencia en las arcas gubernamentales se debe pagar primero los intereses y amortización de la deuda, también aparece el mandato constitucional de proteger nuestros recursos naturales.
“Será política del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales” (Sección 19). El fin que se establece es claro: “para el beneficio general de la comunidad”.
“¿Dónde está el bosque espeso?… Destruido. ¿Dónde está el águila?… Desapareció. Así se acaba la vida y sólo nos queda el recurso de intentar sobrevivir”, de este modo termina la carta del gran Jefe Seattle a Pierce. Los motivos de ese presidente estadounidense, del siglo 19, al pretender apropiarse de las tierras de esta comunidad de indios parecen no distar mucho de los objetivos de los acreedores de Borinquen en la actualidad. Como muy bien recalcó el legendario jefe indio: no es este un asunto liviano, lo que está en juego aquí es nuestra sobrevivencia.
La invitación es a reflexionar sobre ello a través de esta serie de reportajes que comenzaremos a publicar a partir de hoy hasta el 22 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional de la Tierra.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
