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La Junta de Gobierno se reunió por más de dos horas en la Administración Central de la UPR. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó hoy en la noche comisionar una auditoría externa para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso de concesión de becas presidenciales a 13 personas, quienes cursarán estudios doctorales en el exterior a un costo de $224,643 para la institución.
La entidad auditora tendrá que rendir un informe —sea final o de progreso— ante la junta para la próxima reunión de este cuerpo el 21 de marzo.
También se aprobó una moratoria en el proceso de auscultación de las becas presidenciales para el próximo año académico, sujeta a los hallazgos que devele la auditoría externa y que, de acuerdo a la intención de varios miembros de la junta, será la punta de lanza para enmendar la Certificación 72 del año académico 2006-2007. El informe de la investigación será recibido por el Comité de Ley y Reglamento de dicho organismo.
La discusión sobre las alegadas irregularidades en la otorgación de las becas fue movida para el final de la reunión a solicitud del presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez. Así, pudo inhibirse de participar en un tema que, dijo, lo toca personalmente.
Su sobrina, Mónica Sánchez Sepúlveda —quien es arquitecta y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ponce— fue una de las becarias a pesar de que el Comité Institucional no la recomendó.
La discusión sobre las becas presidenciales giró en torno al proceso de solicitarlas, uno de los puntos más criticados en la discusión pública por la laxitud y ambigüedad del texto de la Certificación 72.
La versión del presidente
De acuerdo a Uroyoán Walker Ramos, presidente de la UPR, el 17 de mazo de 2015 se emitió una comunicación a los rectores de las 11 unidades para que identificaran cuáles era las líneas académicas o de investigación que estaban en el interés institucional primordial de cada campus.
Ese proceso cerró el 30 de marzo, sin que ningún rector comunicara las líneas de interés institucional identificadas como prioridad.
Cabe señalar que para ese entonces —el año académico 2014-2015—, no había un presupuesto asignado para las becas presidenciales.
No fue hasta junio que Administración Central recibe la información requerida a los rectores. Es entonces cuando un mes después —del 3 al 15 de julio de 2015, con el nuevo año fiscal y un presupuesto de $350,000 para las becas— se abrió el periodo de convocatoria para que los rectores nominaran candidatos a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. En total, el Comité Institucional recibió y recomendó 15 candidaturas. Walker Ramos concedió 13 becas.
La candidatura de Mónica Sánchez Sepúlveda no había sido recomendada inicialmente por el comité, pues le faltaban documentos. Una vez los recibe, deja su candidatura a discreción de Walker Ramos, quien le concede la beca.
El presidente detalló que, al adjudicar las becas, los nombres estaban tapados. “La primera lista que veo no tiene la tabla. Después en el proceso claramente veo los nombres”, complementó.
Ante preguntas para que explicara cómo se dio la convocatoria en las once unidades, Walker Ramos respondió que ese particular era prerrogativa de cada rector y que el proceso de la convocatoria no está reglamentado ni la Certificación 72 ni en la Certificación 103 del año académico 1988-1989, su antecesora.
“Cómo se divulga en cada recinto es asunto de los rectores. Cada rector o rectora utilizó el mejor medio de comunicación o publicidad que entendió disponible”, indicó.
Agregó que la decisión para otorgar las becas este año fiscal —que no se concedían desde el año 2010— fue una meramente presupuestaria. “O se abre la convocatoria o se espera un año adicional. Eso lo determinó el presupuesto”, dijo el presidente.
Por su parte, el representante estudiantil graduado, Christian Arvelo Forteza, señaló que “no estoy aquí para cuestionar los méritos. Yo no he visto el CV, no puedo decir si cumplen con los méritos o no, y me causa sospecha los tres [becarios] que se han discutido en la palestra pública. A mí lo que me preocupa es con qué cara van a ir a la Legislatura porque necesitan más chavos si la situación es que están dando dinero. En ese sentido, los estudiantes están bien molestos”.
Acto seguido presentó una moción para pedir a la junta que le solicitara la renuncia a Walker Ramos, pero fue derrotada.
“A mí lo que me preocupa es que este asunto sirva para que se justifique la intervención partidista en la Universidad. A lo mejor no se cometió una irregularidad, pero sí un error de juicio en el aspecto procesal y en el nombramiento de las personas seleccionadas”, agregó Arvelo Forteza.
Poco después se presentó la moción de auditoría externa y la moratoria al proceso de becas hasta que finalice la investigación.
Al margen la discusión sobre la reestructuración de la UPR
En cuanto a la discusión sobre el informe de reestructuración administrativa y estructural de la UPR comisionado a la AGB Consulting, la Junta de Gobierno acordó circular el documento oficial a la comunidad universitaria.
Como parte de la moción, también se determinó que el Comité Especial sobre Reestructuración Administrativa y Académica de la junta—establecido en aras de cumplir con la Certificación 145 del año académico 2014-2015— estará encargado de establecer el calendario y plan de trabajo para estudiar las propuestas detalladas en el informe. También, se aprobó una enmienda para que al comité se le unan los once rectores de las unidades del Sistema UPR.
Era palpable entre algunos miembros de la junta el malestar por la discusión pública que ha suscitado la circulación del borrador del informe de la AGB Consulting.
“Nosotros no podemos funcionar a base de las presiones de la prensa. [Si nos] preocupa lo que piense la prensa, vamos a tomar decisiones rápidas”, manifestó el abogado Juan Aponte, al insistir en que la Junta de Gobierno tenía que dejar claro que no había asumido una postura con respecto a las propuestas del informe.
Mientras, la representante claustral y secretaria de la junta, Gloria Butrón, expresó que “hay una molestia con la falta de comunicación, [una] preocupación genuina por parte de los miembros de la comunidad. No es solo divulgar el informe, sino divulgar las acciones que hagamos”.
Situación fiscal de la UPR
En el informe que rindió a la Junta de Gobierno, Walker Ramos dijo que se reunió con el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, para garantizar el acuerdo verbal de $18 millones semanales que recibe la UPR desde enero por concepto de las remesas.
El presidente agregó que le solicitó al secretario un alza en las remezas de aquí al 30 de junio, cuando termina el año fiscal. Ante la solicitud, Zaragoza Gómez le indicó que espera poder aumentar las cantidad entre $18.5 y $18.7 millones semanales, que redundaría entre $2 y $3 millones más por mes.
Asimismo, Walker Ramos se reunió recientemente con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, quien le indicó que no se contempla una nueva ronda de ajustes al presupuesto del Estado Libre Asociado.
En la primera ronda, emitida a través de la Orden Ejecutiva 27 del 30 de julio de 2015, la UPR tuvo que separar 1.5% de su presupuesto —unos $12 millones— para destinarlos como reserva presupuestaria. Desde entonces, el presupuesto de la institución está fijado en $821 millones. Una segunda ronda de ajustes presupuestarios efectuada en diciembre dejó inalterada a la UPR.
Walker Ramos agregó que la semana que viene —el 28 de febrero— se divulgará el borrador del Plan Estratégico 2016-2021 a las unidades. Este sustituirá el plan estratégico Diez para la década, aprobado bajo la presidencia de Antonio García Padilla en el 2006.
En otros asuntos, el presidente celebró que hasta el viernes 19 de febrero, la institución había recibido 17,820 solicitudes de nuevo ingreso —la cantidad más alta desde el año 2005.
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