A 13 meses de asumir la secretaría del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez apuesta a la intervención en negocios que no reportan el IVU o la retención patronal —o ambas—, a la eliminación de planes de pago preferenciales y de acuerdos finales con contribuyentes y empresas de alto calibre y a la publicación del nombre de las personas que aún no han reportado su tributo a Hacienda como estrategias para combatir la evasión contributiva.
El propósito: allegar más dinero al fisco, lograr un mayor grado de captación, y asegurar que la Ley de Contribuciones sobre Ingresos sea aplicada “uniforme” y “consistentemente”.
Precisamente, dichos adverbios fueron protagonistas en su alocución durante el foro ‘Justicia contributiva en Puerto Rico: ¿Cómo podemos llegar a ella?’, celebrado la semana pasada en el teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao. Allí, Zaragoza Gómez criticó lo que ha sido la norma en Hacienda por los pasados años: la deferencia que se otorga a los “influyentes” sobre el ciudadano común.
“¿Es posible hablar de justicia contributiva en el contexto típico de bajar las tasas, dar más beneficios, dar más exenciones, dar crédito, simplificar el sistema, si antes no nos aseguramos que la agencia que administra esas leyes lo hace de forma uniforme y consistente? Por mejor que sea la ley, en las pasadas décadas Hacienda no ha tratado a todos los contribuyentes de la misma forma”, planteó el funcionario.
No resulta casual que la agresividad de Hacienda paree con la actual crisis fiscal del País. La pregunta, más bien, sería por qué la agencia no ejecutaba los estatus como era debido.
Para Zaragoza Gómez, la respuesta está en que antes de su llegada, todo era “negociable para los influyentes”.
Por ejemplo, dijo, un contribuyente proponía “establecer unas tiendas de vender bicicleta, y se sentaba con Hacienda y llegaba a unos acuerdos de cómo iba a tributar. Ese es el departamento que ustedes no conocen. Porque mientras a ustedes o sus familiares se les daba con el libro en la cara, a los otros se les regalaba la casa”.
Si bien del texto de la ley se desprende que la agencia puede llegar a acuerdos con el contribuyente sobre cómo este tributará, el secretario criticó que en la Isla “se utilizaba para tranzar más allá”, lo que redundó en arreglos ilegales, reportes por debajo de la realidad y una captación incompleta. Algo similar sucedía con los planes de pago.
“En Hacienda existían dos planes de pago: el que le daban a la persona de a pie, que debía $3,000 y le daban dos años para pagarlo, y el que le daban a los influyentes. Si debían dos millones le decían ‘págate $100 mensuales por cuatro años y al final me haces un pago grande de $1,995,200’. Obviamente ese pago grande nunca va a aparecer: cuando llega el momento del cobrarlo, se daba otro plan de pago y así sucesivamente hasta que alguien en Hacienda se olvide”, explicó Zaragoza Gómez.
Además de eliminar la práctica de acuerdos finales y planes de pago con contribuyentes morosos, Hacienda también ha comenzado una campaña de intervención en establecimientos para combatir la retención de impuestos.
Como muestra, desde noviembre de 2015 más de 40 establecimientos han sido intervenidos por la agencia. De esos, 39 han radicado quiebra y han reabierto, indicó el funcionario.
“Si tú tienes un negocio cuyo modelo para que corra depende de que cobres el IVU y te lo robes, de que le retengas el dinero a los empleados y te lo robes, ¿yo debo seguir dejándolo que funcione?”, planteó el contable.
Asimismo, rechazó que la estratega de intervenir en negocios sea una anti business, y agregó que “aun si las intervenciones pueden llegar a afectar de forma permanente los negocios, esto va dirigido a lograr un objetivo a nivel nacional que va por encima de los objetivos particulares de cualquier contribuyente, que es hacer justicia con los que cumplen”.
“El estado de derecho en toda sociedad tiene un valor, y toda persona que está sujeta a determinado estado de derecho necesita sentirse que ese estado de derecho le aplica igual que le aplica a la otra persona. Hasta que no logremos eso, por más que hagamos reformas contributivas y quitemos y pongamos exenciones, nunca vamos a llegar realmente a la justicia contributiva”, subrayó Zaragoza Gómez.
