Para el inicio del próximo año escolar, más de 27 mil estudiantes del sistema de educación pública tendrán que continuar su formación escolar en otro plantel. En agosto más de dos mil maestros serán reubicados en otras escuelas. De aquí a menos de dos meses, los 179 edificios, que antes albergaban alumnos, estarán clausurados.
“Yo creo que 27 mil son un montón de estudiantes”, puntualizó el exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, quien entiende que la acción tomada por la actual secretaria de Eduación, Julia Keleher, fue un poco apresurada y no consideró todas las implicaciones que tiene para la comunidad escolar.
Según Aragunde, la prioridad para el Departamento de Educación siempre debe ser mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y un cierre masivo de escuelas, por el contrario, puede deteriorarlo. Entonces, parece haber una dicotomía entre lo que se propone Keleher y sus acciones.
La decisión de la secretaria de Educación, que surge como parte de su plan para reestructurar el Departamento y ajustarlo al recorte del 10% en su presupuesto, se traducirá en un ahorro de $7 millones para la agencia. Esto, considerando solo el gasto de agua y luz que conllevan los edificios.
“La guía no puede ser economizar dinero. El dinero es bien importante, pero el norte debe ser garantizarles a los estudiantes las condiciones óptimas en las que ellos puedan estudiar y aprender”, indicó Aragunde.
No obstante, Keleher ha asegurado desde que inició el proceso de evaluación y consolidación de escuelas que las clausuras responden principalmente a optimizar la calidad de los servicios que reciben los estudiantes.
Precisamente, en una entrevista radial con WKAQ, la funcionaria dijo que el cierre de esos planteles permitirá allegar nuevos programas educativos a las escuelas que permanezcan activas, redirigiendo así parte del dinero que se ahorrará en los servicios básicos de los edificios que estarán en desuso.
Pero estas razones no parecen convencer a las comunidades de las escuelas afectadas, ya que muchas de ellas están paralizadas desde el pasado lunes y se han manifestado frente al Departamento de Educación, solicitando que se reconsidere la decisión.
Ahora bien, el cuestionamiento medular tanto para Aragunde como para Nellie Zambrana, catedrática de Educación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), es si realmente las escuelas receptoras cuentan con el espacio suficiente para albergar a la comunidad escolar.
Cabe señalar que la secretaria de Educación inicialmente tenía una ‘lista de trabajo’—como la denominó— de 370 escuelas, cuya característica principal era la baja matrícula. Inclusive, la lista llegó a aumentar a 439 planteles, mas luego del proceso de evaluación, optó por consolidar solo 179.
¿La baja en matrícula justifica la consolidación?
“Ha habido una reducción en la población, hemos tenido una migración muy grande y eso puede afectar la cantidad de niños que hay en las escuelas. Lo que hay que cuestionarse es si es lo suficientemente grande en cada escuela de esas que van a cerrar esa baja en población como para que justifique el cierre”, dijo Zambrana.
Para la catedrática, experta en investigación, el hecho de que la población estudiantil haya disminuido no debió ser un factor determinante para el cierre. Por el contrario, entiende que el deber del Departamento de Educación es precisamente crear las condiciones necesarias para allegar más alumnos a las aulas de clase.
Entre tanto, Keleher aseguró que su acción estuvo mediada por más de un criterio. Entre ellos están: la baja matrícula, así como las condiciones de la planta física y el aprovechamiento académico de sus estudiantes.
Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, sostuvo que “la movida de Julia Keleher no responde a mejorar el aprovechamiento académico ni a mejorar las condiciones de aprendizaje de esos niños; todo lo contrario, estas van a precarizarse”.
La portavoz hizo hincapié en que la motivación de la titular de la agencia para cerrar escuelas se debe únicamente a intereses económicos y que su fin es utilizar esos fondos para pagar una deuda de la cual los alumnos no son culpables.
Crisis fiscal, cambio de escuela y estabilidad emocional
Por esta misma línea, la catedrática de la UPRRP, Anita Yudkin, expresó que el hecho de que esta decisión esté basada en elementos económicos y demográficos se distancia completamente de la visión del proceso educativo como un derecho humano.
Además, Yudkin, experta en psicología educativa, señaló que este cambio de entorno para los estudiantes puede afectar su estabilidad emocional. Sobre todo, enmarcado en una crisis económica y social como la que enfrenta el país actualmente.
“Los niños y jóvenes necesitan espacios en los que ellos se sientan seguros y donde ellos puedan dar continuidad a su proceso de formación y crecimiento”, sostuvo la catedrática.
Considerando que en estos momentos algunas de las familias tienen la incertidumbre de qué pasará con sus empleos o sus hogares, quitarles también la seguridad que les puede brindar un entorno escolar conocido, tiene mayor carga emocional y es más desestabilizador, explicó Yudkin.
Ahora bien, la catedrática también indicó que si se diera la consolidación de escuelas únicamente para beneficio de los estudiantes, entonces habría que velar para que se les acompañe y se les ofrezcan servicios profesionales que guíen ese proceso de adaptación a la nueva escuela. Según esta, ese elemento esencial no parece ser considerado por la secretaria de Educación actualmente.
Ante el cierre de sus escuelas, ¿qué les depara a los docentes?
Otro aspecto que pareciera incierto es precisamente el futuro de los maestros cuyas escuelas serán clausuradas. Especialmente aquellos que son transitorios.
Aragunde enfatizó en que “bajo ninguna circunstancia se pueden obviar las condiciones de los maestros”. Estas deben ser consideradas por Keleher y asegurarse de que no se afecten sus empleos en el proceso, dijo.
La secretaria de Educación ha reiterado en repetidas ocasiones que todos ningún maestro —incluyendo directores y personal administrativo— será despedido, sino que, al igual que los estudiantes, será reubicado en otras escuelas, ya sea con salón propio o compartido con otro maestro.
Martínez, por su parte, está convencida de que a muchos maestros no se les renovará el contrato, ya que, al cerrar 179 escuelas, se reduce también la plantilla de docentes que necesita el Departamento.
Para las escuelas clausuradas, hay un plan
Entre tanto, a partir de mayo habrá más edificios en desuso en la isla. Ante esto, varios sectores se preguntan qué sucederá con las escuelas clausuradas, pues la pasada administración también cerró más de un centenar de planteles y actualmente están abandonados.
“Entiendo que hay una preocupación sobre las escuelas que quedarán en desuso y vamos a tener un plan y será un plan de la misma calidad de todos los planes que yo he hecho desde que llegué aquí. Pueden confiar en eso”, puntualizó Keleher en entrevista con WKAQ.
Sin ofrecer detalles al respecto, la secretaria dijo que ya tiene algunas ofertas sobre la mesa de entidades interesadas en adquirir algunas de estas instalaciones. El plan es evaluarlas y posteriormente determinar qué edificio es más adecuado para cada una de las solicitudes.
