De espaldas a la realidad. Así aparenta marchar Puerto Rico ante la amenaza mundial que cierne sobre la producción de alimentos. Y es que a pesar de que instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial han instado a todos los países a desarrollar estrategias para enfrentar la crisis alimentaria con premura, la Isla no parece actuar conforme a esta urgencia. Dos de los recursos indispensables para garantizarles comida a la población: el agua y el suelo, se encuentran a merced de intereses ajenos a esta vital actividad para la subsistencia, según denunciaron varias fuentes consultadas por Diálogo. “Necesitaríamos alrededor de 800 mil cuerdas arables para producir alimentos y ya no las tenemos”, reveló el decano del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), John Fernández Van Cleve. Otros estimados basados en análisis realizados por la entidad Internacional de Acción Poblacional, que toman como punto de partida la cantidad mínima de tierra arable para alimentar una persona (0.18 cuerdas) así como los distintos tipos de dieta, elevan esta cifra entre 1.44 y 5 millones de cuerdas. Aunque Fernández Van Cleve manifestó que actualmente el número real de cuerdas podría rondar en poco más de 700 mil, estimados realizados por personal de la Oficina del Plan de Usos de Terreno (OPUT) en el 2005 identificaron tan sólo unas 524 mil cuerdas con potencial agrícola. Además, existe el agravante de que la mayor parte de esas tierras no están protegidas, lo que las deja en manos de los especuladores de terrenos. El planificador Carlos Maysonet indicó que sólo el 5 por ciento (menos de 90 mil cuerdas) de las tierras agrícolas de Puerto Rico está amparado por ley. “La tierra es un activo en riesgo. Es un activo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico pero que enfrenta el gran riesgo de ser convertida en otro uso”, anotó. “Ahora mismo, cada día que pasa, son más las tierras agrícolas que dejan de serlo para convertirse en urbanizaciones y centros comerciales. Cada día que esa condición continúa, aumenta el riesgo de que este país pueda sufrir una crisis alimentaria de gran magnitud”, aseguró el ex profesor de la Escuela de Planificación de la UPR. Según datos del censo agrícola federal, entre 1978 y 2002, el 30 por ciento de las tierras agrícolas en Puerto Rico reflejó un cambio en su uso (de 1,084,404 cuerdas en 1978 a 690,687 cuerdas en el 2002). En un artículo publicado en la revista Ambiente de la entidad Cumbre Social, la doctora Gladys González, del Departamento de Economía Agrícola del RUM, resaltó que el 60 por ciento del total de esas cuerdas agrícolas se perdió en un periodo de tan sólo cuatro años (entre 1999 y 2002). La catedrática advierte que, de continuar esta tendencia, Puerto Rico podría perder todas sus tierras agrícolas en el transcurso de las próximas dos décadas. “Se ha perdido terrenos en forma alarmante”, confirmó el Secretario de Agricultura, Gabriel Figueroa, quien también atribuyó esta situación a las presiones del urbanismo. “Tenemos que reconocer que en Puerto Rico existe una gran presión [hacia las tierras agrícolas] por el urbanismo y la industrialización”, añadió.Una de las zonas donde mejor se ilustra esto, de acuerdo con Maysonet, es en el Valle del Turabo en Caguas, una rica zona agrícola ocupada en la actualidad por miles de viviendas. Otra depredadora de las tierras boricuas, según uno de nuestros entrevistados, es la Autoridad de Carreteras. Fernández Van Cleve denunció que recientemente el Colegio de Ciencias Agrícolas se opuso a la expansión del expreso 22 en dirección a Aguadilla por el impacto que ocasionaría esta vía a 45 vaquerías de la zona y otros terrenos agrícolas. Van Cleve resaltó que el problema es que estos terrenos no son recuperables. “Terreno que se usa para urbanización, residencia, carretera o cualquier otro desarrollo urbano no es recuperable, se pierde de por vida”, advirtió. Tanto Fernández Van Cleve como Maysonet abogaron por la instauración del Plan de Uso de Terrenos (PUT) para poder hacerle frente a esta situación. El PUT, una valiosísima iniciativa propuesta desde el 2004 para comenzar a organizar mejor el uso del suelo, ha enfrentado múltiples escollos que han impedido su aprobación. Maysonet, quien dirigió la OPUT en sus inicios, señaló que muchas de estas presiones provienen del sector de la industria de la construcción. El Secretario de Agricultura también apuesta al PUT como una medida para lidiar contra las presiones voraces hacia el terreno. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura mira impotente el acoso sobre los suelos. “Hemos dado la batalla siempre, pero no tenemos la facultad para detener proyectos”, manifestó el Secretario. Señaló que el rol de la agencia en estos casos se limita a objetar o no objetar una consulta de ubicación. “Nosotros siempre objetamos y si encontramos que la zona ya fue impactada, emitimos nuestra opinión que en la mayoría de los casos es sostener el uso agrícola. Pero la realidad es que quien tiene la potestad final de otorgar eso [el permiso de uso] es la Junta de Planificación, y la Administración de Reglamentos y Permisos hace la rezonificación”, indicó. Diálogo solicitó conversar con funcionarios de la Junta de Planificación al respecto, pero, al cierre de esta edición, nuestra petición no fue atendida.
Otro recurso agrícola de mucha fragilidad es el agua. De acuerdo con un informe preparado en el 2005 por el Instituto de Investigaciones sobre Recurso de Agua y el Ambiente del RUM para el Plan Integral de los Recursos de Agua, la Isla cuenta con 126 cuencas hidrográficas cuyos usos van desde agrícolas y residenciales hasta comerciales e industriales. Según este informe, se presume que los sistemas de riego existentes son adecuados y pueden suplir la demanda de cultivos actualmente. No obstante, se prevé que esa demanda aumentará significativamente en seis años. Los cálculos fueron de 11.4 millones de galones diarios adicionales.La pregunta es, teniendo como referencia lo sucedido con el PUT, si se logrará un Plan de Aguas que permita una planificación adecuada de ese recurso antes de que llegue esa fecha. Por otra parte, la competencia por el uso del agua sigue en aumento. El científico agrícola Luis R. Pérez Alegría denunció que agencias gubernamentales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) siguen autorizando desarrollos urbanos contiguos a las reservas agrícolas sin proveerles infraestructura de agua. Pérez Alegría, que condujo un estudio sobre el Valle de Lajas, indicó que, desde finales de la década del noventa, la AAA ha permitido que los proyectos de vivienda se conecten a los sistemas de riego diseñados exclusivamente para esta reserva, una de las más importantes del País. Indicó que actualmente se extraen 8 millones de galones diarios (MGD) de agua, pero con la proyectada conexión de viviendas, la cantidad podría aumentar a 16 millones, lo que deja los abastos de la reserva en prácticamente la mitad de su óptima capacidad. Pérez Alegría explicó que la medida de rendimiento seguro de agua para ese espacio es de 40 MGD. “Esto coloca en vulnerabilidad la capacidad de producción de la reserva”, afirmó, al tiempo que señaló que estas acciones ponen en entredicho la Ley de Reservas Agrícolas. Todas estas incidencias convierten a Puerto Rico en un país muy vulnerable dentro del escenario de una crisis alimentaria. Su dependencia en un 85 por ciento de la importación de la comida hace el panorama aún más complejo. Dentro de los compradores de alimentos en un mercado cada vez más limitado, la Isla tendría que competir con países con un alto poder de regateo como China e India, una oferta mucho más lucrativa, advirtió Fernández Van Cleve. Otro factor mencionado por algunos de los entrevistados fue que, si por alguna razón, la frágil economía estadounidense no permitiese la millonaria transferencia en fondos federales para alimentos dentro de esta vorágine de aumentos de precios y contracciones en el mercado de los alimentos, Puerto Rico podría enfrentar una crisis tan aguda como la que experimentó recientemente Haití a raíz del incremento del precio del arroz. “En estos momentos, el problema no es tan grave pero, yo le aseguro, es cuestión de tiempo”, sentenció Fernández Van Cleve. El Decano instó a que no se espere a que llegue el hambre para comenzar a hacer el trabajo. “Ahora que estamos viendo los inicios de una crisis mundial, ahora es el momento que tenemos que trabajar y poner nuestros esfuerzos en desarrollar políticas [que enfrenten la situación], porque si no, vamos a sufrir”, aseguró.
Aunque el País aún no cuenta con una política pública oficial para enfrentar el dilema de la seguridad alimentaria, se han gestado algunas iniciativas multisectoriales para comenzar a atender este asunto. De un lado el Departamento de Agricultura ha establecido una alianza con una organización comunitaria, el Banco de Desarrollo Económico y una empresa privada para sembrar farináceos (yautía malanga, ñame, yuca y plátanos) en el Valle de Coloso en Aguada. El Secretario de la agencia indicó que lo que se busca es bajar los niveles de importación en algunos de los alimentos de la canasta básica. Figueroa confía en que el proyecto denominado “Sembrando el Desarrollo Del País”, sea el primero de otros esfuerzos similares. Asimismo, la agencia se ha pertrechado con un buen número de semillas de gandules, habichuelas, yucas, batata y plátanos. También el Colegio de Ciencias Agrícolas está trabajando en sus subestaciones experimentales para aumentar la producción de semillas de distintos productos de modo que estén disponibles para los agricultores, según informó a Diálogo el decano de esta dependencia, John Fernández Van Cleve. El funcionario indicó que como parte del conjunto de estrategias diseñadas por el Colegio también está desarrollar proyectos de agricultura urbana en Carolina, Guaynabo y Río Piedras desde la Estación Experimental de esta última ciudad. Anunció además que ahora en octubre declararán este periodo como el Año de la Guerra contra la Crisis Alimentaria. Comentó que a raíz de dicha declaración se realizará una serie de actividades educativas desde las distintas subestaciones experimentales alrededor de la Isla con el fin de orientar a la ciudadanía sobre la confección de huertos caseros y comunitarios y los techos verdes (un término alusivo a la agricultura urbana). También tienen proyectos en el área de investigación, donde trabajan en una alternativa para proveer fertilizantes (que por estar basados en el maíz, un biocombustible, se han encarecido desmedidamente) a los agricultores y en el componente de extensión, desde donde impulsan una campaña de concienciación a través de la iniciativa Comunidades al Rescate de sus Tierras. Asimismo contemplan producir un Plan de Desarrollo Agrícola orientado hacia la crisis alimentaria para presentarlo al gobierno entrante.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
