Los representantes de organizaciones ambientales y comunitarias de todos los puntos cardinales en la Isla denunciaron la venta y privatización de terrenos públicos en diversas áreas naturales protegidas. Estos advirtieron que esta acción ha sido iniciada por varias corporaciones públicas, lo que sumado a la propuesta de construcción de varios proyectos identificados como “críticos” por la administración del gobernador Ricardo Roselló, comprometerían los recursos naturales vitales para el desarrollo sostenible del País.
Las declaraciones hechas por miembros de la sociedad civil surgen en el contexto de la Ley Promesa, facultando a los miembros de la Junta de Control Fiscal a embargar y vender terrenos públicos de Puerto Rico para el pago de la deuda, y tras la aprobación de la Ley de la Reforma de Permisos, la cual penaliza a ciudadanos y organizaciones que radiquen demandas o lleven a cabo manifestaciones en contra de proyectos de construcción.
“La Administración de Terrenos contempla vender o alquilar por 99 años, terrenos de bosque seco asociados al Bosque Estatal de Guánica, cuya importancia ecológica es similar a los de esta reserva natural, para viabilizar la construcción de un resort bajo el nombre de A&M Dreams Puerto Rico. La corporación pública incumple con su deber de adquirir y habilitar terrenos para, entre otros fines, preservar sus valores naturales, sus playas, bosques y paisajes, según establece su ley orgánica, promoviendo la destrucción del verdadero atractivo turístico que tiene esta área, es decir, sus valores naturales”, señaló el biólogo Miguel Canals Mora, director de Asuntos Ambientales de la organización Vive Borikén.
“Emplazamos al gobernador Ricardo Rosselló a cumplir su palabra de que vivimos en un país de ley y orden, exigiendo precisamente a su administración cumplir con nuestras normas dirigidas a hacer justicia”, reclamó por su parte Maruja Serbia, presidenta de la Alianza Pro Corredor Ecológico de San Juan, tras denunciar la puesta en venta de un terreno administrado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en esta área natural protegida.
De acuerdo con el comunicado de prensa enviado por las diversas organizaciones pro ambiente, el anuncio de venta hecho por el BGF es contrario a la ley que protege toda esta zona desde su designación como área protegida en el año 2003 (Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, según enmendada).
Myrna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, se hizo eco de estas declaraciones al criticar la propuesta construcción de la planta de incineración de la empresa Energy Answers en el Municipio de Arecibo.
“Todo tiende a indicar que este proyecto fue incluido como uno crítico en la lista sometida a Casa Blanca por la presente administración, debido a que se menciona un proyecto de incineración o waste to energy para la región norte del país. Siendo esto así, ¿qué objetividad y rigor se va a poder esperar sobre la evaluación y cumplimiento legal de este y otros proyectos críticos promovidos por el gobierno, cuando ya de antemano están haciendo gestiones para facilitar su financiamiento por la vía federal?”, cuestionó la líder ambiental.
Ela Cruz, planificadora y directora ejecutiva de Ciudadanos del Karso, añadió por su parte que la propuesta construcción de la planta de incineración en el llano inundable del Río Grande de Arecibo, y en terrenos de gran valor asociados a la región del karso, evidencian la peligrosidad de trivializar el proceso de evaluación de proyectos a uno cuyo propósito principal es acelerar su aprobación.
“La ubicación de esta planta de incineración es un acto insensato de por sí. Más aún, menoscabaría las oportunidades para la creación de empleos mediante el fortalecimiento de la industria del reciclaje en Puerto Rico, y para colmo, a expensas de la salud de miles de ciudadanos en la región noroeste donde ya muchos sufren de diversas condiciones respiratorias”.
A estas preocupaciones se sumó el miembro de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), el licenciado Jesús Vázquez, quien alertó sobre las emisiones generadas por la planta de incineración y su potencial para contaminar cientos de cuerdas en la región noroeste, donde se encuentra la mayor concentración de vaquerías para la producción lechera en la Isla, incluyendo la contaminación y pérdida de terrenos de gran valor agrícola en otras regiones del País.
Vázquez, quien se ha especializado en temas sobre agricultura sostenible a través de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, expresó que “tal parece que la presente administración gubernamental se empeña en ignorar las consecuencias de haber permitido la construcción de la planta de carbón de AES en Guayama. Las cenizas generadas por esta instalación han afectado la salud de múltiples comunidades en el llano costero del sur, y la contaminación potencial de los suelos de gran fertilidad y acuíferos de la zona, tras el gobierno hacerse cómplice del incumplimiento de las condiciones legales que exigían la expatriación de estos desechos para su operación”.
Para Vázquez, la acción de apoyar a Energy Answers y la posible venta de más de 1,000 cuerdas de terreno de la Autoridad de Tierras a compañías dedicadas al cultivo de semillas transgénicas en la región, equivaldría a una declaración de guerra por parte de la administración gubernamental, pues comprometería seriamente la seguridad alimenticia de todos los residentes del país, y en consecuencia, nuestro desarrollo sostenible.
Las organizaciones hicieron un llamado de alerta a todos los ciudadanos y grupos de interés para que se informen sobre los proyectos críticos que están siendo contemplados, sus posibles impactos a la salud pública, y la venta de terrenos públicos para facilitar su construcción.
Igualmente, la venta de tierras públicas en reservas naturales, bosques estatales, refugios de vida silvestre, reservas agrícolas y áreas del litoral costero, como medida para generar fondos a utilizarse en el repago de la deuda gubernamental mediante los mecanismos adoptados bajo la Ley Promesa y la Ley de la Reforma de Permisos. Estas acciones, según enfatizaron, afectarían servicios ecológicos vitales asociados a la conservación de los abastos de agua y la protección de la costa, colocando a la población en una situación precaria frente a los impactos ocasionados por el cambio climático, lo que irónicamente haría mas difícil pagar la deuda pública.
A continuación, la lista de terrenos pertenecientes a corporaciones públicas y algunas de las áreas naturales protegidas manejadas por el DRNA, susceptibles a venta o enajenación privada. Fuente: DRNA. (2013). Lista de reservas Naturales de Puerto Rico. 20 p.
Reserva Natural Arrecifes de La Cordillera (ej. Icacos):
Compañía de Fomento Industrial (CFI) y DTOP
Reserva Natural Río Espíritu Santo (Río Grande):
Autoridad de Tierras
Reserva Natural de Humacao:
Administración de Terrenos y Autoridad de Tierras
Reserva Natural Hacienda La Esperanza (Manatí):
Autoridad de Tierras
Bahía Bioluminiscente de Vieques:
Compañía de Parques Nacionales y Compañía de Fomento Industrial
Laguna Cartagena (Lajas):
Administración de Terrenos
Pantano Cibuco (Vega Baja):
Autoridad de Tierras
Reserva Natural Caño Tiburones (Arecibo):
Autoridad de Tierras
Finca Belvedere (Cabo Rojo):
Administración de Terrenos
Reserva Natural Caño Martín Peña (San Juan):
DTOP y Autoridad de los Puertos
Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste (Luquillo-Fajardo)
CFI, Compañía de Parques Nacionales y Administración de Terrenos
Punta Cucharas (Ponce):
Administración de Terrenos
