La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó ayer tres proyecto de ley que podrían costarle, como mínimo, tres cuartos de millón de dólares anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Los proyectos, propuestos por la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, establecen un bono de medicinas [PC 1354], bono de verano [PC 1356] y un bono de Navidad [PC 1357] a los pensionados del Fondo de Retiro de la UPR. Tanto el bono de medicinas como el bono de verano serán de $100. Mientras que el bono de Navidad será en aumento escalonado de $200 a $600.
El documento sostiene que la UPR pagará con recursos propios esta nueva bonificación para quienes fueron sus empleados antes de pensionarse y para otros fines relacionados.
Añade, también, que para subsidiar el Bono de Verano, por ejemplo, la UPR tendrá que utilizar los recursos asignados al Sistema, un aumento de matrícula a estudiantes de nuevo ingreso y “a cualquier otro recurso que la Junta de Síndicos de la UPR decida consignar del Presupuesto de la Universidad”, según cita el documento.
De ser aprobados por el Senado y por el gobernador Luis Fortuño, los proyectos entrarían en vigor a partir del 1 de julio de 2013, y se le pagaría esta bonificación a todos los integrantes vigentes del Sistema de Retiro de la UPR.
Según explicó a Diálogo la oficial ejecutivo del Sistema de Retiro de la UPR, Rosa M. Ortiz, para el 30 de junio de 2011 las estadísticas oficiales de la oficina reportaron un total de 7,467 empleados que se benefician del plan de retiro. A estos, se le suman un aproximado de 400 ex empleados que cumplieron con el tiempo laboral necesario para reclamar este beneficio.
Utilizando estas estadísticas, la suma que la Universidad tendría que pagar por conceptos de bonificación, podría ascender a $746,700 sólo en el verano de 2013.
Además, según las estadísticas que ofrece la oficina de Sistema de Retiro de la UPR en su página web (www.retiro.upr.edu), el número de retirados que se beneficia del programa no aumenta acorde a la cantidad de empleados que aportan al programa.
De hecho, según indica el Actuarial Valuation Report de 2010, estudio técnico-jurídico que la Institución realiza de las prestaciones que establecen los Contratos Colectivos de Trabajo; el número de empleados adscritos al programa de retiro de la UPR -grupo que aporta al fondo de retiro- es de 12,075. Mientras que, según Ortiz, para el 2011, la cantidad disminuyó a 11,398.
La acción cameral, según la exposición de motivos del proyecto, responde a la búsqueda de atender “el reclamo de los maltrechos pensionados de la UPR”.
El documento explica que la Cámara de Representantes reconoce y respeta la autonomía de la UPR, no obstante, arguye que “también es cierto que representamos a todos los ciudadanos puertorriqueños, incluyendo a los pensionados del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, los estudiantes y a la misma Junta de Síndicos. Los pensionados del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico necesitan que se les haga justicia”, continúa el documento.
En la actualidad, la UPR está regida bajo la Ley Núm. 1 del 20 de enero 1966, que promueve la autonomía como corporación pública. No obstante, según explicó la profesora y catedrática del Departamento de Matemáticas de la UPR-RP, Ana Helvia Quintero, la Universidad forma parte del presupuesto del País, por lo que no puede objetar este tipo de proyectos, ya que son leyes que se trabajan de la misma forma que otras, independientemente de que no sean gastos propuestos por la Universidad.
No obstante, según explicó el director de la oficina de Sistema de Retiro de la UPR, José A. Lázaro, la postura de la su oficina durante las vistas públicas fue que la radicación de estos proyectos no ayuda al presupuesto de la UPR.
“Si estos proyectos vinieran con fondos asignados del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, serían buenos para nuestros pensionados”. Sin embargo, (…) “si la UPR no tiene esos fondos esto podría incurrir en el uso de los activos del Sistema (de Retiro), para cumplir con esa Ley”, destacó Lázaro.
