La Ruta 66 –un expreso entre Carolina y Canóvanas- sirvió de escenario para que el gobernador Luis Fortuño estampara su rúbrica en el proyecto legislativo que da paso a las Alianzas Público Privadas como mecanismo para desarrollar y operar obras públicas. De entrada, se informó que la administración Fortuño ha identificado nueve proyectos, incluyendo la extensión de la Ruta 66, para que se desarrollen mediante alianzas público-privadas. Según el Primer Ejecutivo, “de esta manera se pueden desarrollar proyectos de infraestructura, operar activos gubernamentales, o se puede prestar algún servicio esencial en un momento de insuficiencia fiscal en el Gobierno”. La nueva ley, crea la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), una corporación pública dentro del Gobierno de Puerto Rico y que estará adscrita al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La AAPP estará compuesta por una Junta de Directores, que incluye al Presidente del BGF, el Secretario de Hacienda, el Presidente de la Junta de Planificación, y dos personas nombradas por el Gobernador, que serán recomendadas por el Presidente del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La Autoridad es la única entidad gubernamental autorizada y responsable de implantar la política pública sobre estas alianzas, y determinará las funciones, servicios o instalaciones para las cuales se establecerán dichas alianzas. Las iniciativas dejan que el socio no gubernamental asuma las responsabilidades del desarrollo del proyecto, a cambio de recibir un beneficio por su operación. Para evaluar cada proyecto propuesto, la AAPP creará un Comité de Alianza por cada propuesta. La Junta de Directores y el Comité se dividirán las responsabilidades de evaluar los proyectos en sus diversas etapas. La Junta evaluará la deseabilidad y conveniencia de los desarrollos y asignará los proyectos a los Comités de Alianza. El Comité, a su vez, solicitará las calificaciones y propuestas, seleccionará los proponentes y negociará los contratos, entre otras funciones que tendrá a su cargo. Recaerá sobre la Junta la recomendación final del proponente y del contrato, en conjunto con la entidad gubernamental relacionada al proyecto. La decisión final será asumida por el Gobernador o la persona designada por éste. “Estas alianzas no conllevan el traspaso de titularidad de ningún bien público, y que éstos continuarán siendo del Gobierno”, afirmó el Gobernador durante la ceremonia. El sector sindical ha cuestionado públicamente el concepto de las alianzas público-privadas por entender que hay una intención de privatizar los servicios públicos.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
