Basta con abrir los ojos -y querer ver-, para darse cuenta del gran número de propiedades sin uso que hay en Puerto Rico. Muchas de las casas y los edificios abandonados que han sido ignorados por mucho tiempo se han convertido en un problema social, económico, ambiental, de seguridad y salud pública.
Ante la falta de atención a dicho problema, ochenta representantes de comunidades y organizaciones sin fines de lucro del país, hicieron un llamado al gobernador, Alejandro García Padilla, para que convierta en ley mañana martes el proyecto cameral número 2583. Esta pieza legislativa busca “promover la recuperación y rehabilitación de propiedades que, de otra manera, podrían perpetuarse como amenazas al bienestar público”, según lee la carta enviada al primer mandatario.
La medida sometida a la consideración de García Padilla, a través de la Cámara de Representantes, es producto de la colaboración de ciudadanos y de profesionales que han buscado y presentado alternativas para solucionar el problema.
El Proyecto pretende enmendar el Artículo 912 y 913 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930” y añadir un nuevo artículo a la Ley 31 del 2012. Esto con el fin de que los municipios reciban por vía de herencia las propiedades sin herederos ni titulares vivos que hayan sido declaradas estorbos públicos, para poder cederlas, donarlas, venderlas o arrendarlas.
La medida busca insertar a la isla en una tendencia internacional de desarrollo sostenible. Los expertos y los líderes comunitarios involucrados en la redacción del proyecto han utilizado como referencia el informe “Detroit Blight Removal Task Force” que revela lo conveniente que podría resultar para el bienestar común rehabilitar y poner al servicio de la comunidad los espacios y/o propiedades abandonadas e identificadas como estorbos públicos.
Entre los suscribientes de la carta, el documento y el proyecto de ley figuran Alfonso Lugo, presidente de Residentes Unidos en Lucha por Vietnam; Lourdes Barreto, portavoz oficial del Campamento No a las Cenizas en Peñuelas; Paula Muñiz, de la Asociación de Residentes Machuchal Revive; Guiomar García, directora ejecutiva de la Fundación Flamboyán; y Olga Villa Cancel, presidenta Asociación de Desarrollo Comunitario de Trastalleres.
También firmaron el documento profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, entre los que se encuentran Jorge Lizardi Pollock, director del Proyecto CIUDAD de la Escuela de Arquitectura (UPR-RP); Carmen A. Pérez Herranz, directora del Proyecto de Estudios Urbanos de la Facultad de Estudios Generales (UPR-RP); Mercedes Rivera, directora de CAUCE (UPR-RP) y Gilmarie Rivera Castellar y Eduardo M. Llegus Santiago de la Coalición Estudiantil Pro-Agricultura de la UPR en Ponce.
Asimismo, aparecen entre los firmantes Alexis Massol González, fundador de Casa Pueblo; Jesús Garay, presidente de U.S. Green Building Council – Capítulo de PR; Gisela Rosario Ramos, coordinadora de Casa de Cultura Ruth Hernández; el arquitecto Fernando Abruña; Ivonne M. Marcial Vega, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; los arquitectos Elio S. Martínez Joffre y Edwin Quiles Rodríguez, co-directores del Taller de Arquitectura Social; Ataveyra Medina Hernández, directora del Movimiento Una Sola Voz [Reúne a más de 140 organizaciones sin fines de lucro] y Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana.
