El Tribunal Constitucional (TC) español determinó a principios de esta semana suspender por un plazo de cinco meses la Ley de Consultas aprobada por el gobierno de Cataluña. La medida supone la paralización de la campaña sobre el referendo de autodeterminación que había sido previsto para el 9 de noviembre en la región, donde el pueblo votaría sobre la posibilidad de la creación de un Estado catalán y la independencia de este de España.
En una reunión extraordinaria que duró menos de una hora, el pleno del TC validó el lunes la inconstitucionalidad del proceso de consulta, señalada por el presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular. El organismo jurídico dispone de cinco meses para emitir una resolución final sobre el referendo, a cuyo término determinará si la suspensión continuará vigente indefinidamente o si da paso a la celebración del referendo.
Ya el presidente de Cataluña, Artur Mas, así como el parlamento de la región, se preparan para apelar la decisión dentro del plazo de veinte días que disponen, en aras de solicitar el levantamiento de la suspensión, con la esperanza de que se pueda celebrar el 9N, como se le denominó popularmente al referendo.
La Ley de Consultas fue aprobada por el parlamento catalán el 19 de septiembre con 106 votos a favor y 28 en contra. El 27 de septiembre la Ley fue firmada por Mas. La intención del referendo es conocer la opinión de los catalanes respecto al establecimiento de un Estado catalán. En caso de que esa opción sea favorecida, hay un segundo encasillado que indaga sobre la posibilidad de que ese estado sea independiente.
En Cataluña, una comunidad autónoma del noreste de España y con una población cercana a 7.5 millones, más del 80% del electorado y la mayoría de los miembros del parlamento apoyan la celebración de la consulta, basado mayormente en el interés de autodeterminación política y no necesariamente en un deseo de independencia.
Aunque entre distintos grupos catalanes la determinación del TC ha sentado un malestar que ha provocado protestas, manifestaciones y acusaciones de una complicidad entre el gobierno de Rajoy y los recursos judiciales para mantener el status quo, el profesor de Ciencia Política del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), el doctor Waldemar Arroyo Rojas, indicó que “es difícil reconocer eso, pues es entrar en el terreno de la especulación”.
“La constitución del Estado español está concebida como una que no admite la posibilidad de que se fragmente. Hay una cláusula constitucional que establece que el Estado es indivisible, aunque sí permite el espacio para las autonomías”, aclaró Arroyo Rojas.
El catedrático del RUM enfatizó que la búsqueda de una mayor autonomía no es reciente sino que hay todo un proceso histórico que le precede y que incluye también a otras regiones, como por ejemplo, el País Vasco.
Destacó que antes de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), Cataluña gozaba de autonomía. Con el régimen franquista, que estableció una república unitaria, la comunidad catalana y otras regiones autónomas como el País Vasco perdieron ese poder. Como consecuencia de la muerte de Franco en 1975, se reinstaló la monarquía parlamentaria actual, por lo que Cataluña y el País Vasco recuperaron su autonomía.
“El problema fue que también se concedió autonomía a otras regiones que antes no la tenían. Los catalanes entendían que ellos tenían más derecho a la autonomía que otras regiones”, explicó Arroyo Rojas.
Este factor se combinó con el inicio de la crisis económica de España cerca del 2008, lo que ha dado al reclamo de autodeterminación política un auge independentista desde entonces. Cataluña ha podido mantenerse estable en la crisis, siendo una de las regiones más prósperas de España, lo que ha convencido al electorado de la posibilidad de secesión.
A diferencia del pasado referendo independentista en Escocia, donde la pregunta era si el elector favorecía o no la independencia de Escocia, marcando su preferencia en el encasillado “sí” o “no”, el referendo catalán presenta dos preguntas, por lo que el referendo no necesariamente implica la independencia de la región. “Puede ser arreglo de libre asociación u otro similar de mayor autonomía política que mantenga a Cataluña como parte de España”, explicó el profesor del RUM.
Según Arroyo Rojas, el Estado español manejó torpemente este proceso, pues si hubiera concedido a los reclamos de autonomía que Cataluña demandaba desde el inicio, se hubiera evitado que la situación escalara hasta la consideración de la independencia.
