Al tiempo que miles de puertorriqueños se dirigían desde diversos puntos del área metropolitana a la Milla de Oro en Hato Rey para repudiar las medidas de austeridad que se han intensificado a partir de la imposición de la Junta de Cintrón Fiscal (JCF), múltiples organizaciones obreras hacían lo propio en el puente Dos Hermanos en Puerta de Tierra, desde donde se movilizaron hasta el Capitolio en el Viejo San Juan.
Bajo un fuerte sol opacado intermitentemente por amenazantes nubes, organizaciones como la Unión Independiente Auténtica (UIA), la Asociación de Maestros, la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras, reclamaron a los legisladores que habitan la Casa de las Leyes que tradujeran en acción sus expresiones en contra de la ruta que la JCF trazó recientemente con la aprobación de su plan fiscal para los próximos cinco años.
Trabajadores en el Paro Nacional. (Naomi Ramírez/ Diálogo)
“El Gobierno de Puerto Rico muestra un comportamiento pusilánime, pues sus planes fiscales sometidos a la junta no se diferencian mucho de los aprobados por el ente fiscal. En esencia, hablan el mismo idioma y buscan poner en marcha un plan fiscal lleno de medidas de austeridad y leyes antiobreras cuyo único propósito es pagar la deuda con intereses de usura que la junta vino a cobrar”, rezaba un manifiesto leído por la actriz Cristina Soler y la representante de la Heend Jannelis Santana en una tarima instalada frente al lado norte del Capitolio.
La resolución –que se indicó representaba el sentir de las organizaciones que se dieron cita a la demostración– censuró la indisposición de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a auditar la deuda pública, así como lo que entienden es el distanciamiento de su política pública con respecto a múltiples promesas de campaña dirigidas a establecer un “diálogo” con el país.
Asimismo, instaron a la Cámara de Representantes a darle paso a la resolución de la autoría del legislador independentista Juan Dalmau que fue aprobada en el Senado, a los efectos de detener los desembolsos presupuestarios a la JCF.
“Es falso que no hay opciones a las reformas estructurales que propone el plan fiscal. Vamos a combatir a la junta, e invitamos a los legisladores a desobedecer sus ejecutorias. Instamos a los funcionarios y funcionarias a la no colaboración con la junta. A que no sean cómplices del atropello contra nuestro pueblo”, imploró la declaración.
En tanto, el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, fue enfático en que los trabajadores “no tienen la culpa” de la crisis fiscal que ha llevado al gobierno a acogerse al proceso de quiebra amparado en el Título III de la ley federal Promesa.
“Si todos tenemos que aportar, ¿por qué a algunos se les dan grandes salarios y beneficios? De esta crisis están viviendo algunos pocos que tienen un salario mínimo de $250,000 [anuales], mientras se pretende que los trabajadores vivan con $1,000 [mensuales]”, manifestó en clara referencia a los sueldos de diversos funcionarios como la secretaria de Educación Julia Keleher, el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, el comisionado de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y los ejecutivos de la JCF Natalie Jaresko y Noel Zamot.
“Ante la situación que está pasando este país no puede haber una legislación más que atente contra los trabajadores, contra los sistemas de retiro, contra la UPR porque el pueblo está aquí en pie de lucha para defenderlo de los abusos que ha impuesto una Junta de Control Fiscal”, expresó el presidente de la Heend, José Torres.
El líder sindical despotricó contra la Junta de Gobierno de la UPR, cuerpo que ayer ratificó duplicar el costo de matrícula a los estudiantes de bachillerato.
“Es un ataque a los estudiantes, la universidad y el país. [El presidente de la Junta de Gobierno] Walter Alomar se cree dueño de la universidad. Nosotros no lo reconocemos como dueño de la universidad. Y ante eso vamos a dar la lucha con los estudiantes y toda la comunidad universitaria”, subrayó Torres.
En la manifestación también dijeron presente varios políticos del opositor Partido Popular Democrático, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, sus homólogos isabelino y vegabajeño Carlos Delgado Altieri y Marcos Cruz Molina, respectivamente, y el representante Luis Vega Ramos, quienes no desaprovecharon la oportunidad para lanzar dardos venenosos hacia la actual administración novoprogresista.
“No tienen que venir [a las protestas] si no se sienten cómodos. Pero hagan unas declaraciones contundentes. El gobernador puede dar una instrucción ahora mismo de que no se le pague a la Junta de Control Fiscal. No digan que están dispuestos a ir presos. Tomen acción”, dijo Cruz Soto a Diálogo, al unirse al reclamo para detener el flujo de fondos públicos dirigidos a la operación de la JCF.
Carmen Yulín Cruz dijo presente a marcha que llegó hasta el Capitolio. (Naomi Ramírez/ Diálogo)
“Simplemente no obedecer [a la JCF] no es opción. Tiene que haber actos afirmativos de rechazo a los intentos de la junta de hacer a los puertorriqueños más pobres. Hay que aprobar la resolución de un grupo de legisladores populares hemos presentado para pedirle al Congreso que derogue la parte de [la Ley] Promesa que tiene que ver con la junta y deje un mecanismo para reestructurar la deuda e ir a tribunales, así como rechazos específicos a las barbaridades que hay en el plan fiscal con la universidad y los pensionados”, indicó por su parte el representante Vega Ramos.
Al igual que la alcaldesa de San Juan, Vega Ramos rechazó que las medidas de austeridad fueran la receta correcta para rescatar a Puerto Rico de su crisis e impulsar el desarrollo económico.
“Quitarle dinero del bolsillo a la gente lo que hace es sacar dinero de la economía y eso a la larga es malo hasta para los bonistas”, sostuvo el legislador.
En contraste con las múltiples instancias de confrontación entre manifestantes y la Policía que se vivieron esta tarde en la Milla de Oro y en Río Piedras como parte del llamado Paro Nacional, la actividad en el Viejo San Juan fluyó con suma tranquilidad.
Luego de salir del puente Dos Hermanos a eso de las 10:30 a.m., los miles de manifestantes marcharon hacia el Capitolio, donde los esperaba cerca de una veintena de oficiales uniformados apostados frente a las puertas del recinto al momento de la llegada, poco antes del mediodía. Tras escuchar la declaración del movimiento, y bajo una leve llovizna, se fueron dispersando hasta quedar en el área solo unos cientos de ciudadanos menos de una hora más tarde.
Ni la Policía ni los grupos organizadores pudieron proveer algún estimado oficial de la asistencia al evento.
