En enero, el medio digital Animal Político publicó un reportaje sobre el presunto desvío de más de 28 millones de dólares del gobierno, a través de convenios con universidades públicas para realizar investigaciones que nunca ocurrieron.
En la operación estaban involucrados dos antiguos secretarios (ministros) de Desarrollo Social: Rosario Robles, la controvertida exgobernadora de Ciudad de México que pasó de la izquierda al gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI), y José Antonio Meade, entonces precandidato presidencial de esa agrupación a las elecciones del 1 de julio.
Al día siguiente, el 11 de enero, un portavoz de Meade envió una carta a Animal Político, que especialistas interpretaron como una amenaza: “Lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma”.
La organización internacional Artículo 19 consideró que la misiva “evidencia el interés de inhibir el libre ejercicio periodístico materializado en la búsqueda, recopilación y difusión de información de interés público” y alertó de la gravedad de eso “en un país asolado por múltiples actos de corrupción y el mantenimiento de la impunidad”.
Tres meses después, Meade fue nombrado candidato del PRI, un partido que ha mantenido la hegemonía del poder en México durante casi un siglo, con excepción de dos periodos presidenciales en los que gobernó el derechista Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012.
Por su parte, Artículo 19 presentó su informe anual y lanzó un llamado enérgico al gobierno del conservador presidente Enrique Peña Nieto, para garantizar el libre ejercicio del periodismo, ya que durante su administración “cada año ha sido más violento que el anterior”.
La oficina de Artículo 19 en México tiene una década, desde que comenzó a documentarse un aumento inédito de agresiones a periodistas que se ha extendido en todo el país. La lista de periodistas asesinados ya supera un centenar y al menos hay 20 comunicadores desaparecidos.
“La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México”, concluyeron por su parte los relatores especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita conjunta en diciembre de 2017.
Los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU, David Kaye (izquierda), y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante su visita a México el 4 de diciembre. (Fernando Santillán/Pie de Página)
En sus observaciones preliminares (el informe final está previsto para junio de este año) los relatores sostuvieron que el gobierno mexicano, “aunque reconoce los problemas, no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política”.
“Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional” y que “México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad”, añade.
Para los relatores, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, representan “la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México”.
Pero también aclaran que “existe un contexto más amplio” de retos a la libertad de expresión.
Eso “involucra la transición histórica” que “no ha eliminado la problemática y las prácticas intimidantes del pasado, como la expectativa de buena cobertura bajo publicidad oficial, que describe el aforismo: ‘no pago para que me golpeen’; el despido de periodistas críticos a solicitud de las autoridades; la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios”.
A eso se agregan “casos bien documentados” de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, que “parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.
El documento destaca que el ecosistema mediático mexicano ha evolucionado: ahora hay más pluralidad y los medios digitales y redes sociales tienen un papel central en el acceso a la información, a pesar del “contexto en extremo difícil y complejo”.
Sin embargo, plantea, los periodistas siguen enfrentando amenazas de demandas civiles, frecuentemente de funcionarios públicos, además de ataques digitales, acoso en medios sociales y vigilancia secreta, que “han emergido como nuevos retos preocupantes”.
Los relatores incluyeron una “nota de urgencia añadida” por el proceso electoral de 2018: “Las elecciones, y la tensión política que traerán, aumentará la necesidad de seguridad para los periodistas, sin la cual el país podría sufrir una pérdida significativa de información y debate público”.
México vivirá el próximo 1 de julio las elecciones generales más grandes y complejas de la historia, con más de 18,000 cargos en disputa, donde junto con los comicios presidenciales y legislativos se escogerán los gobernadores de 30 de los 32 estados de este país federal de 122 millones de personas.
A eso se agregan elementos inéditos, derivados de la ley de Reforma Político Electoral de 2014, como la posibilidad de reelección en cargos de menos de tres años, una cuota de candidaturas para mujeres y para indígenas y la posibilidad de fiscalización en tiempo real.
Pero el asunto de mayor riesgo es la violencia que asola a regiones enteras del país. Solo en el sureño estado de Guerrero han sido asesinados 25 políticos desde 2017.
La campaña electoral comenzó el 30 de marzo, con ventaja unánime en los sondeos para el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien participa en su tercera contienda presidencial. El candidato del PRI arrancó en tercer lugar, mientras los sondeos adjudican la segunda opción de triunfo a Ricardo Anaya, quien lidera una coalición encabezada por el PAN.
En su informe anual, “Democracia simulada, nada que aplaudir”, Artículo 19 dedicó un capítulo a los recursos de la publicidad gubernamental, que se ejercen sin control y “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.
Según informes al respecto, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto excedió en 71 por ciento el gasto autorizado de publicidad y en los cuatro primeros años de su sexenio, iniciado en diciembre de 2012, erogó más de 2,000 millones de dólares en publicidad.
El capítulo mexicano de Artículo 19 ha encabezado una batalla por la publicidad oficial y consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al bicameral Congreso legislar en la materia durante el actual periodo de sesiones, que termina el 30 de abril.
Sin embargo, los legisladores del PRI y sus aliados maniobraron para impulsar un proyecto de ley opuesto a las propuestas de la sociedad civil, al plantear que las asignaciones para la publicidad gubernamental se concentren en la Secretaría de la Gobernación (ministerio del interior).
“El PRI, a pesar de que parece que no va a ganar, no está permitiendo perder el poder que implica el uso discrecional de la publicidad. Ni siquiera está dejando abierta la posibilidad de que la asignación de publicidad salga de la esfera oficial”, dijo a IPS el periodista Ernesto Aroche, uno de los promotores de la iniciativa de la sociedad civil.
En sus observaciones, los relatores de la ONU y la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, también alertaron de los riesgos del avance de leyes con potencial para reducir sustancialmente la libertad de expresión en México.
“La falta de regulaciones sobre el uso de demandas frívolas contribuye al efecto escalofriante entre los periodistas expuestos a este tipo de amenaza”, concluyeron los relatores, quienes hicieron un llamado al Congreso y al Poder Judicial para regular esas prácticas.
A su juicio, subrayaron, se deben hacer transparentes las reglas de la publicidad oficial, que “son oscuras” y “llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad para dar forma y distorsionar la cobertura de medios”.
