En plan de colaboración la UPR ante allanamiento del NIE

Tras un allanamiento diligenciado hoy por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, en el edificio de Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la presidenta interina de la institución, Celeste Freytes, declaró que en estos momentos la UPR se encuentra colaborando en todos los procesos que conforman la investigación del otorgamiento de las becas presidenciales.

“La Universidad de Puerto Rico se mantiene y mantendrá cooperando y cumpliendo con los requerimientos de las agencias externas que están realizando investigaciones sobre las becas presidenciales conforme al ámbito de las facultades que le confiere la ley”, aseguró Freytes mediante comunicado de prensa.

Por otro lado, los agentes especiales Raúl Lancara Rodríguez y Edgardo Venezuela López, encargados de dirigir los procesos investigativos, informaron a Diálogo que el motivo del allanamiento está centrado en la recopilación de documentos que evidencien el mal manejo en los procesos de concesión de las becas.

Sobre la posibilidad de extender la investigación a las unidades que conforman el Sistema UPR, los oficiales dijeron no conocer detalles sobre el particular y aseguraron que al presente se está trabajando únicamente con un solo referido.

“En estos momentos estamos aquí [en Administración Central]. Posiblemente, en el transcurso de la investigación nos estaremos moviendo a otras oficinas. Pero ahora nos encontramos aquí. Estamos bregando con el referido de febrero”, dijo Venezuela López en referencia a las denuncias sometidas por el senador novoprogresista Ángel “Chayanne” Martínez.

A preguntas de este medio sobre la existencia de otras querellas que denuncien faltas administrativas en la UPR o que provengan de figuras ligadas a alguna colectividad política, los agentes se limitaron a decir que no tienen conocimiento sobre el particular.

Por su parte, la vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos, Aurora Lauzardo, destacó que desde las 9:00 de la mañana han estado colaborando con la investigación y aseguró que hasta el momento los procesos han estado transcurriendo en orden.

La presidenta interina, quien se encuentra de viaje por razones personales, tiene programado su regreso a la isla para las 6:00 de la tarde.

Las irregularidades en torno a la concesión de las mencionadas becas se mantienen en el ojo público desde febrero pasado, luego que docentes de la Escuela de Derecho de la UPR cuestionaran por qué se les había asignado una plaza de bibliotecario condicionada a que la persona debía ser un becario presidencial, cuando la facultad no lo había solicitado. Ese mismo mes, la Junta de Gobierno ordenó a una comisión externa una investigación que se extendió hasta finales de junio, cuando los abogados Samuel Céspedes, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan Casillas Fernández entregaron el informe.

El 7 de julio, en una reunión extraordinaria, la junta destituyó a Uroyoán Walker Ramos de la presidencia de la UPR, a Carlos Severino Valdés de la rectoría del Recinto de Río Piedras, y a Carlos Rodríguez Fraticelli como decano de la Facultad de Estudios Generales de dicho campus. Delia Camacho, vicepresidenta de Asuntos Académicos de Administración Central, y Palmira Ríos, decana de Asuntos Académicos de la unidad riopedrense, renunciaron en medio de la reunión. Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno y quien también fue señalado en el informe, había renunciado una semana antes.

Más allá de las becas presidenciales

Este allanamiento se da a solo semanas de que el Departamento de Justicia radicara un total de 263 cargos criminales por malversación de fondos y fraude contra diez personas implicadas en el proyecto Crece 21, entre ellas tres exrectores de la UPR: Juan Ramírez Silva (UPR en Arecibo), Yanaira Vázquez (UPR en Utuado) y Juan Varona Echeandía (UPR en Cayey).

El proyecto Crece 21 fue una iniciativa desarrollada entre el Departamento de Educación y la UPR bajo la gobernación de Luis Fortuño. Para aquel entonces (2011), Edward Moreno fungía como secretario de educación y Miguel Muñoz tenía las riendas de la universidad del Estado.

La meta del programa era el readiestramiento de maestros del sistema público de enseñanza, así como el ofrecimiento de una suma de 21 créditos a los educadores interesados en una certificación o recertificación en las materias de español, matemáticas, física, química, inglés y biología.

La portavoz de prensa de Justicia, Amber Lee Vélez, afirmó que esta investigación sobre el alegado fraude, supuestamente orquestado entre junio de 2011 y noviembre de 2012 bajo el gobierno del PNP, continúa abierta.

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