Una universidad que fomente la cultura, el desarrollo económico y educativo, accesible al Pueblo, que garantice beneficios laborales para sus empleados, con más cursos y mejores alternativas para sus estudiantes; estas son algunas de las ideas de cómo debería ser el primer centro docente ideal, según distintos representantes gremiales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que nuevamente tienen ante sí el reto de evaluar otro modelo de reforma.
A pesar de los cambios a la Ley Universitaria a través de los años, no ha existido en tiempos recientes una reforma que reestructure por completo el modelo operacional de la institución, según Rafael Aragunde, profesor de filosofía y humanidades y conocedor del desarrollo histórico de la institución en la últimas tres décadas. El también ex secretario del Departamento de Educación y ex rector de la UPR en Cayey, aseguró que una de las reorganizaciones fundamentales de la UPR se dio a partir de 1918. Ese año se produjo la reforma de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que influyó significativamente en el modelo universitario puertorriqueño.
En el ensayo La Reforma Universitaria de Córdoba en 1918: ¿reducto del pasado o fundamento del presente?, del profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Waldemiro Vélez, se establece que entre las cosas que se plantearon en Argentina fueron la autonomía política y administrativa de la institución, la elección de todos los mandatarios de la Universidad por asamblea con la representación de la comunidad universitaria y la gratuidad de la enseñanza superior.
Ilustración por Poli Marichal
Inspirados por el proceso de cambios que sucedía en ese país latinoamericano, en 1923 ocurrió la primera reorganización de la UPR que independizó a la institución del Departamento de Instrucción Insular, estableció una junta de síndicos como entidad dirigente y creó el puesto de rector. Con la segunda reestructuración en 1925, la Legislatura aprobó la Ley 50 que le otorgó a la Universidad autonomía educativa. Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 1 de 1966, que restructura la Universidad en un sistema de tres recintos –Rio Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas- y una administración de colegios regionales bajo la dirección del Presidente. La Ley crea una Junta Universitaria con representación de los recintos y colegios regionales y cambia el nombre de la junta de gobierno a Consejo de Educación Superior (CES).
La última reforma, según Aragunde, fue para 1993. En esa ocasión, la Ley Núm. 16 de 6 de junio de ese añoasignó las funciones de gobierno de la Universidad a una Junta de Síndicos y limitó las funciones del CES a la supervisión de las instituciones de educación superior privadas. A pesar de los múltiples cambios que ha sufrido la ley de la Universidad hasta el día de hoy, el profesor indicó que la comunidad universitaria ha quedado insatisfecha porque no se le garantiza su participación durante la toma de decisiones.
“La universidad necesita cambios”
Aunque en este nuevo momento histórico en que emerge el tema de la reforma no se han desarrollado propuestas concretas sobre un nuevo modelo organizativo para la UPR, los representantes de distintos gremios ofrecieron a Diálogo su opinión sobre cómo, a su entender, debería funcionar el centro de educación superior más importante del País. A pesar de tener ideas y prioridades distintas, todos los entrevistados coincidieron en que la comunidad universitaria debe unirse en “una sola voz” para que sus planteamientos sean tomados en consideración.
“Somos un organismo vivo y necesitamos desarrollo continuo, no podemos seguir con un modelo de los años 50. La reforma se ha visto como una meta cuando es un instrumento de camino para llegar al destino que queremos. Hay que establecer unas estructuras que sean ágiles y que provean resultados”, indicó Lida Orta Anés, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).
Orta Anés destacó que el nuevo modelo de la UPR debería incluir garantías de condiciones de trabajo para sus empleados. La líder sindical expresó su preocupación por la falta de profesores en las aulas porque deciden retirarse antes de tiempo o porque les ofrecen mejores beneficios en otras universidades.Además, debido a la profunda crisis económica que enfrenta la Universidad, también se ha reducido significativamente el reclutamiento de profesores mediante contratos de servicio.
“Si disminuyes los profesores, los tienes hasta el tope dando múltiples clases y secciones, los estudiantes van a ir a otras universidades donde pueden tener mejor acceso a sus cursos. Hay que romper con el círculo vicioso. Nuestro reclamo es una restructuración del presupuesto para mejorar la situación laboral y proveer mejores ofertas al estudiantado”, expresó.
En cuanto al presupuesto de la Universidad, Orta Anés explicó que su gremio no ha demandado un aumento de la Fórmula 9.6, normativa que establece la fuente de ingresos anual de la UPR, sino más bien, ha exigido que se garantice esa entrada de dinero para mantener los distintos proyectos educativos del País.
La líder sindical también sugirió que la Universidad establezca un proceso que permita cobrar los servicios que la UPR le ofrece al gobierno. Según Orta Anés, el gobierno paga cantidades exorbitantes a compañías privadas a pesar de que la Universidad puede proveer el mismo servicio a un costo más bajo.
Orta Anés propuso, además, fomentar la inversión en la educación para que la Universidad vuelva a tener su prestigio. Para la líder sindical, la Universidad debe volver a convertirse en una institución state of the art que promueva el desarrollo cultural y educativo que tuvo en un momento en la historia.
La UPR tiene la capacidad de desarrollarse en el pilar que “mueve a la sociedad puertorriqueña”, aseguró la presidenta de la APPU. Asimismo, indicó que más allá de garantizar un empleo, la Universidad debe contribuir con el País para que salga de su crisis económica al promover espacios de desarrollo en diversas áreas.
“Estamos dejando que la contabilidad de dinero afecte cada uno de los pilares que sostienen a la sociedad. Visualizo la Universidad como uno de esos pilares que pueden mover a la sociedad puertorriqueña. Hay que abrir espacios dentro y fuera de la UPR para el desarrollo social, en vez de castigar a los que se quedan en el País”, aseguró.
Por una educación accesible y una mejor gobernanza
Por su parte, Emmanuelli Algarín, presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Ciencias Médicas y miembro de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), anotó que la UPR necesita consolidar tareas administrativas y hacer más alianzas con universidades del mundo son algunas de las mejoras que se pueden incluir en el modelo de reforma.
“Actualmente nos encontramos en un momento histórico en el que debemos tomar decisiones que trasciendan a largo plazo. Por no planificar bien el futuro, es que nuestro gobierno y nuestra universidad se encuentran en una situación inestable la cual debemos detener”, afirmó.
Algarín comentó, además, que se debería tomar en cuenta a los estudiantes que no pueden costear sus cursos para así hacerles un acomodo razonable de acuerdo a sus ingresos. De ser así, la Universidad cumpliría con su compromiso con el País al proveer una educación accesible, cómoda y costo eficiente.
Del mismo modo, Christian Arvelo, presidente del CGE del Recinto de Río Piedras, sugirió que una de las prioridades en la reorganización de la UPR debería ser una reformulación del sistema de admisión que, según el estudiante, discrimina contra los sectores más desventajados.
Ilustración por Poli Marichal
Otros líderes gremiales también han dejado ver en múltiples ocasiones la necesidad de que la UPR efectúe una reforma. Su reclamo mayor ha girado en torno al aspecto de la gobernanza. Tan reciente como el pasado mes de enero, el presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, expresó que es imperioso “modificar y reformar totalmente el modelo actual de gobernanza de la UPR, que hace permisible que miembros de la legislatura universitaria gobiernen para su propio interés y la de otros sin la participación de los afectados”.
Muñoz denunció que bajo las disposiciones de la actual ley universitaria, los trabajadores afiliados al Sindicato y a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), representan más de la mitad del total de empleados, pero no tienen voz ni voto en la Junta de Gobierno, “lo que convierte al organismo en uno antidemocrático y antiuniversitario”.
También José Torres, presidente de la HEEND, se ha expresado al respecto y ha dejado ver la necesidad de que haya mayor representatividad de los distintos integrantes de la comunidad universitaria dentro del organigrama que rige a la Universidad.
Según el presidente de la HEEND, es necesaria una universidad “más participativa” que incluya a todos los sectores y recintos universitarios. Torres indicó que en la próxima propuesta de reforma se le debe exigir a la administración un rol protagónico a los estudiantes así como a los distintos gremios de la UPR. Asimismo, indicó que en ese proyecto debería estar expresado un compromiso de parte de la UPR para mejorar la enseñanza. “Se le debe exigir a la administración un compromiso en defensa de nuestra Universidad y nuestros estudiantes. Que ese compromiso vaya dirigido a un esfuerzo encaminado a mejorar el sistema de enseñanza”, puntualizó.
¿Es posible la completa autonomía universitaria?
Aunque ha sido el reclamo de la comunidad universitaria por años, algunos de los entrevistados coincidieron en que será difícil que la Universidad consiga una completa autonomía.
El Presidente de la HEEND, exhortó a la comunidad universitaria a unir esfuerzos a fin de lograr que la Universidad pueda ser “lo más autónoma posible”, reconociendo que la UPR es la institución de educación superior del Estado.
Para Torres, a la comunidad universitaria “no le gusta las cosas impuestas” y por lo tanto debería abrirse la toma de decisiones para incluir a todos los sectores que la integran.
Por su parte, la presidenta de la APPU indicó que la Universidad necesita una autonomía fiscal que permita distribuir e invertir en la educación para garantizar asignaciones presupuestarias. Aunque aseguró que es difícil una autonomía completa, pero destacó que se puede lograr obtener autonomía fiscal y debe ser una prioridad para el próximo modelo de reforma.
“En cuestión ideológica, debemos aspirar a una completa autonomía y debe ser una prioridad, pero si nos vamos por la realidad, la estructura de la UPR surge como un proyecto de ley. Es una autonomía que te otorga la Legislatura”, indicó Orta Anés.
Latente la desconfianza en la reforma
El nuevo presidente de la UPR, Uroyoán Walker, aseguró en la pasada edición de Diálogo, que está comprometido en convocar a la comunidad para hablar sobre los cambios que desean. Recintos como Mayagüez y Río Piedras ya comenzaron este semestre a celebrar foros para discutir el tema.
Pero, a pesar de que las autoridades universitarias han dejado entrever su receptividad a nuevas ideas para la confección de un nuevo modelo para el sistema público de educación superior, los entrevistados se mostraron desconfiados ante el proceso.
“Necesitamos cambios y todos tenemos que envolvernos. Debe salir de todos los recintos, unidos en una sola voz, para que se le exija a la Junta de Gobierno que defienda (la reforma) y la haga suya. Sería tristísimo que estas iniciativas se pierdan con la Junta. Tenemos grasa administrativa que tenemos que disminuir”, indicó la profesora.
Asimismo, el presidente de la HEEND aseguró que “históricamente la administración ha fallado” a los miembros de la comunidad universitaria. Torres reclamó que los comités de consulta no escuchan las ideas que propone la comunidad.
Por otro lado, Christopher Torres, representante estudiantil de la Junta de Gobierno, expresó que el proceso de reforma que surja dentro de la comunidad universitaria debería “ser elevado a rango constitucional” para que así sea respetada la autonomía de la UPR. “Mientras la estructura administrativa universitaria se mantenga fuera de la Constitución, la Universidad continuará siendo víctima de la política partidista, la misma que ha provocado las recientes crisis”, añadió.
El estudiante recalcó que la toma de decisiones no se puede realizar “a puertas cerradas sin consultar a la comunidad” ya que son muchas las personas involucradas que se verán afectadas por cualquier decisión que tome la administración universitaria.
