Un importante recurso natural del área sur de la Isla lucha por su recuperación. Se trata de la Laguna de Guánica, convertida con el paso del tiempo en un conjunto de humedales que han sido seriamente alterados en los últimos años y cuya custodia y mantenimiento se encuentran en disputa entre miembros de la comunidad circundante y el Gobierno.
La Laguna de Guánica fue el cuerpo de agua dulce más grande de todo Puerto Rico y fue considerada como uno de los humedales más importantes del Caribe. En la década del 1950 fue drenada por medio de canales en conjunto con otros cuerpos de agua en el Valle de Lajas con el propósito de maximizar la utilidad de estos terrenos para la producción de caña de azúcar, destruyendo más de 3 mil cuerdas de humedales.
No obstante, los proyectos de siembra de caña de azúcar nunca dieron resultado y la planta nunca creció, puesto que los terrenos, a pesar de que se pensaba lo contrario, no eran aptos para la siembra. En la década de 1960 el Gobierno de Puerto Rico decidió entonces poner los terrenos “en descanso”, es decir, terrenos que quedan en desuso.
Desde ese entonces, miembros de las comunidades aledañas al umbral de la Laguna, se reunieron y organizaron para luchar por la restauración de ese recurso natural, dando paso a la creación del Comité Pro Restauración de la Laguna de Guánica.
El biólogo Miguel Canals aseguró que los proyectos de siembra de arroz y deforestación de las tierras afecta el anidaje de varias especies de aves migratorias y nativas, como el pato zarcel, pato quijada colorada, pato chorizo, martinetes, yaboas, la tigua y varias especies de garzas. / Foto: Ricardo Alcaraz
“Desde principios de los 80’ hemos tenido la aprobación de todos los gobernantes de Puerto Rico, secretarios del Departamento Recursos Naturales (DRNA) y del Departamento de Agricultura (DA), de los municipios y los alcaldes, los representantes, los senadores, Toledo (ex secratario del DA) y Myrna (actual secretaria del DA) son los únicos dos que se han opuesto”, denunció Miguel Canals, asesor científico del Comité y biólogo residente del Bosque Seco de Guánica, en entrevista con Diálogo.
En octubre del año pasado el Comité Pro Restauración denunció que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), adscrita al DA, había estado impactando el área de la antigua Laguna de Guánica, mediante la fragmentación, relleno y drenaje de unas 240 cuerdas de humedales.
Un mes después, el 8 de noviembre de 2013, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), tomó jurisdicción del caso y ordenó a la ATPR cesar toda actividad en el área de la Laguna e implantar prácticas de control de erosión y sedimentación en los próximos 35 días a partir de la fecha de la orden y emitir un informe cada tres meses en donde indicaran que las medidas de precaución se estaban llevando a cabo. Al día de hoy, los impactos a los humedales continúan detenidos, pero los procesos legales en contra del ATPR y la restauración de los terrenos están en espera. Por otro lado, según indicó Roberto Viqueira, portavoz del Comité Pro Restauración de la Laguna de Guánica, la orden que emitió la EPA no incluía restaurar los canales de drenaje que el DA, alegadamente, instaló de forma ilegal.
Los terrenos afectados formarían parte del proyecto de siembra y cosecha de arroz que realiza el DA en suelos aledaños a los humedales, lo que también afectó el anidaje de varias especies de aves migratorias y nativas, como el pato zarcel, pato quijada colorada, pato chorizo, martinetes, yaboas, la tigua y varias especies de garzas.
El Departamento de Agricultura lleva a cabo un proyecto de siembra y cosecha de arroz en terrenos aledaños al lecho de la Laguna de Guánica. / Foto por Ricardo Alcaraz.
“Reconocemos la necesidad de que Puerto Rico alcance una seguridad alimentaria, pero ésta no puede alcanzarse con el sacrificio, destrucción y deterioro de uno de nuestros recursos naturales más preciados como lo son los humedales”, puntualizó Viqueira.
Esa entidad había anunciado a finales del mes de mayo de 2013, los planes del DA para acabar con los humedales de la zona con la destrucción de 1.5 cuerdas de humedal. Pero, según ellos, el DA se comprometió posteriormente con la comunidad, con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), con la Agencia de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a no impactar más humedales del antiguo lecho de la Laguna de Guánica.
Ante denuncias de la comunidad, las agencias mencionadas llevaron a cabo una vista ocular el 28 de mayo de 2013. En efecto, determinaron que se había causado daños al sistema de humedales, pero que no llevarían a cabo acciones contra el DA por el compromiso subscrito.
Según el Comité, el DA hizo caso omiso, violó los acuerdos y continuó con los trabajos de relleno y drenaje de los humedales. Asimismo, denunció que dicha agencia cerró con portones, candados y guardia privada todos los accesos a los terrenos públicos que comprenden el área de la Laguna de Guánica y se ha tratado de procesar criminalmente a las personas que han entrado al área. Viqueira enfrenta hoy cargos por haber intentado accesar a los terrenos para evidenciar los daños. Miembros del Comité se vieron obligados a alquilar los servicios de un avión privado para poder comprobar la destrucción de terrenos. Fue durante uno de los vuelos, llevado a cabo en septiembre de 2013, que el Comité corroboró un daño adicional a unas 240 cuerdas de terreno e la Laguna de Guánica.
“No podemos repetir los errores del pasado, cuando se destruyeron miles de cuerdas de humedales en Puerto Rico para dar paso a la agricultura en terrenos de alto valor ecológico y poco valor agrícola. Mientras la mayoría de los países de nuestra región ha desarrollado prácticas agrícolas sustentables y en armonía con el ambiente, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico mantiene una visión arcaica y obsoleta en sus planes agrícolas basados en modelos que han probado ser nefastos, no solo para el ambiente, sino, para la misma subsistencia de la agricultura”, sentenció Roberto Viqueira Ríos, portavoz del Comité. Según la organización, el DA tampoco cumplía con un plan de control de erosión y sedimentación (Plan CEST), como lo exige la Junta de Calidad Ambiental en estos casos.
“Estos hechos conllevan un acto ilegal y violan varios estatutos federales para la Protección de Humedales de la EPA, como el acta de Aguas Limpias y la reglamentación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. También viola leyes estatales bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, como el Reglamento de Vida Silvestre, el Reglamento de Movimiento de Corteza Terrestre y el Reglamento de Poda y Corte de Arboles”, señaló Viquiera.
El Comité Pro Restauración de la Laguna de Guánica considera estas acciones como un crimen ambiental y exige que este hecho no quede impune. “Exigimos al Gobernador ordenar, de una vez y por todas, al DRNA la restauración de la Laguna de Guánica y que aclare las contradicciones que existen en su política pública. Mientras el DRNA mantiene como política pública la restauración de la Laguna de Guánica, por el otro lado, el Departamento de Agricultura mantiene una política pública en detrimento de nuestros recursos naturales destruyendo bosques y humedales en la Laguna de Guánica”, sentenció la organización comunitaria.
La mayor parte de los terrenos de la Laguna de Guánica son administrados por la ATPR. El uso para la agricultura de estos terrenos en la década de 1950 y 1960 fue muy limitado debido a las condiciones persistentes de humedad, poco drenaje y suelos pobres y de alto contenido de sales. Una vez finalizada la producción de caña en la Isla, a finales de la década del 70, el proyecto del Valle de Lajas fue abandonado por el gobierno y la Laguna de Guánica pasó, de ser una gran laguna, a una especie de mosaico de humedales que serían unidos mediante el Proyecto de Restauración.
Antes de ser drenada en la década de 1950, la Laguna de Guánica cubría un área de 1,500 cuerdas de terreno y era el cuerpo de agua dulce más grande de Puerto Rico. / Foto por Ricardo Alcaraz.
Miembros del grupo enfatizaron que el DA debe tomar todas las medidas pertinentes para proteger los humedales existentes, la vida silvestre y la flora utilizando prácticas de manejo adecuadas y preparando un plan agrícola de desarrollo sostenible en coordinación con el DRNA.
Por su parte, la doctora Gladys González, decana del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), exhortó a la Secretaria de Agricultura a realizar un estudio certero sobre las posibilidades de uso de los terrenos de la Laguna de Guánica. “Lapropuesta mía a la Secretaria de Agricultura es, precisamente, que hay que hacer un estudio para poder demostrar, nosotros mismos estar seguros, de qué es lo más conveniente para la sociedad, qué es lo más conveniente para el País”, indicó.
Diálogo intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la secretaria de Agricultura, Myrna Comas, así como con la secretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, pero en ninguna de las ocasiones estuvieron disponibles para responder nuestras preguntas.