Venezuela se encamina aceleradamente a una nueva elección presidencial en condiciones que pueden mermar los derechos de los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes, al carecer de garantías para una competencia equitativa.
El presidente Nicolás Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, se presenta a la reelección para un nuevo sexenio, en los comicios adelantados para el 22 de abril, según la fecha establecida hasta ahora, en los que casi toda la oposición rechaza participar.
La elección “no reúne los requisitos técnicos y políticos que garanticen el derecho de los ciudadanos a elecciones libres, auténticas, universales y democráticas”, manifestó Rafael Uzcátegui, del Foro por la Vida, una coalición de organizaciones de derechos humanos.
La convocatoria se hizo el 7 de febrero con un cronograma comprimido hasta abril, por lo que “no hay tiempo suficiente para que se inscriban en el padrón los ciudadanos que deban hacerlo en Venezuela y el exterior, ni para que los aspirantes concreten postulaciones y campañas, y tampoco para que una observación internacional pueda acudir a un acompañamiento efectivo del proceso”, advirtió a Inter Press Service (IPS) el también director de Provea, una de las instituciones humanitarias más antiguas y respetadas del país.
El 23 de febrero, el arbitral Consejo Nacional Electoral (CNE), cuatro de cuyos cinco rectores son progobierno, confirmó el 22 de abril como fecha de los comicios presidenciales y este lunes 26 inició el proceso de postulaciones, aunque descartó por razones técnicas otra propuesta de Maduro, la de elegir en la misma jornada una nueva Asamblea Nacional legislativa.
El parlamento local cuenta con amplia mayoría opositora desde enero de 2016 y su periodo concluye en 2021, pero en la práctica está inhabilitado por el también progubernamental Tribunal Supremo de Justicia, al igual que los cuerpos legislativos de los estados y los municipios.
Maduro argumentó que la renovación en abril de todos los poderes “nos permitiría, con cuatro años más sin elecciones, despejar el camino para dedicarnos por entero a la recuperación económica” del país.
Venezuela está en lo que analistas independientes califican como un colapso, que se expresa en una tasa de inflación que superaría 3,000 por ciento este año, escasez de alimentos, medicinas, dinero en efectivo y otros bienes esenciales, agudo descenso de la producción petrolera, hundimiento del producto interno bruto, masivo cierre de empresas, elevación del desempleo y la pobreza y el éxodo de millones de personas al exterior.
Noris Sánchez, una docente jubilada que vive en la occidental ciudad de Maracaibo, la segunda del país, dijo a IPS: “sí, votar y respaldar al presidente puede ser una solución para ver si se detiene tanta lucha política, ya está bueno, y se enfrenta esta angustia de todos los días con la economía”.
La elección de abril “sería buena si fuera limpia, para cambiar este presidente o para que este mismo hiciera los cambios que hacen falta, pero por el camino que vamos no será así, y por eso ya estoy terminando de reunir algo de dinero para irme con mi familia a Perú”, comentó a IPS el mecánico caraqueño Luis Acosta, padre de dos niños.
“El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el 22 de abril es solo un show del gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene. No cuenten con la Unidad para lo que hasta ahora es un simulacro ilegítimo”, declaró la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición de la mayoría de partidos opositores.
El gobierno de Maduro, heredero del fallecido Hugo Chávez, quien gobernó el país entre 1999 y 2013, confía en repetir el triunfo de las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes efectuadas en 2017.
La MUD cuestionó esos procesos y, apoyándose en encuestas que coinciden en los altos índices de rechazo a Maduro, sostiene que la oposición es mayoritaria.
Más allá de la MUD, y aún dentro de esa alianza, algunas figuras como el exgobernador y líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, y pequeños grupos se muestran interesados en participar pese a las condiciones adversas. Está a punto de formalizar su candidatura un casi desconocido pastor evangélico, Javier Bertucci.
En cambio, la falta de garantías y vulneración de derechos han sido denunciadas por la academia de ciencias políticas, rectores de las mayores universidades, centrales patronales, coaliciones sindicales, la conferencia de obispos católicos, organizaciones humanitarias y la mayoría de los gobiernos americanos y europeos.
Para zanjar diferencias sobre garantías electorales, la MUD y el gobierno sostuvieron entre diciembre y este febrero un diálogo en República Dominicana, con el presidente Danilo Medina, el exgobernante español José Luis Rodríguez Zapatero y varios cancilleres de la región como acompañantes, pero no fue posible acuerdo alguno.
El 23 de febrero una mayoría de 19 gobiernos en la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó a Venezuela para que “reconsidere la convocatoria y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”.
La OEA pide que el proceso “incluya la participación de todos los partidos y actores políticos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y un CNE cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores”.
Varios de los principales partidos y líderes opositores fueron inhabilitados por decisiones del CNE, la Contraloría, el Tribunal Supremo o la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano supraconstitucional convocado y elegido en julio pasado según reglas establecidas por Maduro y cuyo medio millar de integrantes son todos oficialistas.
Un escenario posible es que Maduro acuda a la justa electoral prácticamente sin rivales. El gobernante ha dicho que “la elección del 22 de abril va, [aunque] llueva, truene o relampaguee”, y que se hará “con o sin la oposición”.
El presidente “puede ganar esa escaramuza, pero está debilitado y su futuro no es promisorio, por la convergencia de problemas económicos, políticos, sociales y de relaciones internacionales sobre su gobierno”, dijo a IPS la historiadora venezolana Margarita López Maya, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
La también profesora en la estadounidense Universidad de Tulane criticó al liderazgo opositor por el retroceso político que a su juicio experimenta Venezuela pues “no ha sabido desarrollar una estrategia coherente, es una especie de eslabón perdido en esta coyuntura tan favorable para un cambio político”.
Por otro lado, Carlos Romero, docente de posgrado en Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela, señaló a IPS que “una elección sin que se garanticen los derechos ciudadanos conforme a estándares internacionales y que se traduzca en una reelección producirá un mayor aislamiento internacional del gobierno de Maduro”.
