La medida radicada en la Cámara de Representantes a petición del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) a fines de que el principal centro docente del país se convierta en la primera opción para ofrecer servicios profesionales al gobierno parece tener el apoyo de los miembros de ambos cuerpos legislativos.
Luego de varias sesiones de cabildeo en las pasadas semanas, en las que hubo acercamientos tanto a miembros del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP), el presidente del CGE, Guillermo Guasp Pérez, se mostró optimista de que el proyecto de ley sea aprobado antes de la conclusión de la presente sesión legislativa el próximo 30 de junio.
El grupo de cerca de diez estudiantes se reunió con los representantes Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Ángel Matos y Luis ‘Narmito’ Ortiz, así como con los senadores Miguel Pereira, Aníbal José Torres, Jorge Suárez, Ramón Luis Nieves y Cirilo Tirado, todos del PPD. Del lado novoprogresista, dialogaron con los senadores Thomas Rivera Schatz, Itzamar Peña y Ángel ‘Chayanne’ Martínez. Además, conversaron con asesores del presidente de la Cámara, Jaime Perelló.
El presidente del CGE indicó que se habían reunido anteriormente con la senadora independentista María de Lourdes Santiago.
“El cabildeo fue uno fructífero porque lo que recibimos y percibimos de parte de las oficinas senatoriales y representantes, sobre todo los del liderato político, el presidente de la Cámara de Representantes, así como del portavoz de la mayoría del Senado [Aníbal José Torres], es que había mucha apertura para la aprobación del proyecto y que tenemos que trabajar en los pormenores para su aprobación”, informó.
Entre esos pormenores se encuentran las excepciones que el proyecto de la Cámara 2883 establece para que, en determinados casos, las agencias gubernamentales no tengan que acudir primeramente a la UPR a solicitar los servicios. Según la medida original, aquellos servicios que cuesten menos de $5,000 por un periodo no mayor de seis meses –y aquellos que cuesten por debajo de $10,000 por un término de hasta un año– estarían exentos de la aplicación de la ley y podrían adjudicarse directamente a un tercero.
Guasp Pérez explicó que en el proyecto esas cantidades se fijaron de “manera arbitraria, no se utilizó ningún indicador”, por lo que los legisladores entienden que se debe hacer un mejor análisis en ese sentido.
De igual forma, en el diálogo con los legisladores se llegó al consenso de que el periodo de treinta días que la medida concede a la UPR para responder una solicitud de servicio debe ser recortado, al menos, a la mitad. Para hacer eso posible sería necesario que la institución prepare un acervo de los recursos con los que cuenta para así responder ágilmente.
“No puede ser que, de una manera irresponsable, a la institución se le solicite un servicio y nosotros nos cobijemos bajo lo que establece la ley y digamos, ‘gracias por su petición, le contestamos en treinta días’. Cuando uno quiere un servicio uno quiere una contestación rápida, sobre todo por lo que es el proceso de papeleo”, reconoció el líder estudiantil.
Por otro lado, reveló que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, se ha expresado a favor del proyecto, aunque “con unas enmiendas técnicas” que ya se están trabajando, lo que “viabiliza mucho la aprobación”.
El detalle que más preocupa en estos momentos al presidente del CGE es el asunto de la fecha, puesto que de no aprobarse antes del 30 de junio, la medida se quedaría sobre la mesa hasta enero, cuando entre en función la próxima Asamblea Legislativa, posiblemente con un nuevo partido en el poder.
Sin embargo, Guasp Pérez asegura que se están realizando las gestiones necesarias para diligenciar el proceso en lo que queda de año fiscal. “Se ha tocado base en personas claves dentro del liderazgo de los tres partidos políticos, por lo que entiendo que hay la posibilidad” de que se logre aprobar a tiempo.
“El objetivo principal es concienciar, porque nosotros tenemos que concienciar de que la UPR tiene unos docentes y unos estudiantes que están al servicio del país pero no son utilizados. Sobre todo porque son ellos los que crean la propiedad intelectual dentro de la universidad, pero muchas veces la discusión se queda ahí”, lamentó.
