Acostumbrada en los últimos 40 años a la aplicación de la teoría del mandato, que supone la supremacía del partido que obtiene el favor del pueblo en los comicios generales y el ninguneo de la autonomía institucional, la Universidad de Puerto Rico vive la incertidumbre de otro proceso de consulta para la designación de un presidente en propiedad tras la renuncia del licenciado Antonio García Padilla en septiembre pasado. Esto sucede mientras en el País suenan tambores de guerra como consecuencia de los despidos masivos de empleados públicos y sus efectos sociales, políticos y económicos. Entretanto, la comunidad universitaria se ha convertido en un hervidero, habiéndose producido paros en los recintos de Mayagüez, Arecibo, Utuado, Cayey, Humacao y Río Piedras con el fin de reivindicar los compromisos laborales acordados (el caso de los trabajadores de mantenimiento y de los no docentes) y en solidaridad con los trabajadores públicos echados del Gobierno (por parte de los estudiantes y los profesores). Todos los grupos tienen reservado un voto de huelga, a ser ejecutado cuando lo entiendan pertinente. Los universitarios han advertido la posible implantación de la ley 7 en la UPR y las consecuencias que esto tendría sobre su presupuesto del próximo año fiscal, que se estima podría presentar un déficit de alrededor de $129 millones, según reveló la página web de la institución (www.upr.edu). Mientras tanto, al cierre de esta edición circulaban rumores en torno a la posibilidad de cientos de despidos de empleados de mantenimiento del sistema universitario. La situación se complica porque en el telón de fondo hay 40 medidas legislativas que buscan enmendar diversos aspectos de la Ley Universitaria de 1966. Entre las más preocupantes están los anteproyectos relacionados con la revisión de la fórmula a través de la cual se le brindan fondos a la institución (9.3 por ciento del presupuesto general); para aumentar el número de miembros de la Junta de Síndicos; y para crear un sistema de retiro autónomo de la Universidad, entre otros. Todo ello pone sobre los hombros de los que asuman la dirección de la presidencia y las rectorías una carga pesadísima. Pero sobre todo, estará en sus manos la definición del rol de la UPR en el contexto del cambio de paradigma que ha propuesto el gobierno de Luis Fortuño para la Isla, que brinda un rol protagónico al sector privado, reduce las funciones del Estado y, parecería, pretende transitar, sin tropiezos, a una economía del conocimiento y los servicios. El modelo de consulta y los equipos de confianza Un anuncio publicado a página completa en el periódico El Nuevo Día en las primeras semanas de septiembre, a la usanza de las convocatorias a subastas o a plazas de trabajo, invitó a someter candidaturas a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Una anécdota que simboliza el choque histórico entre la visión gerencial y la visión democrática de la administración del organismo, según lo documentó en varios escritos el profesor Milton Pabón, un estudioso de la historia y los debates universitarios. La primera supone que la consulta para elegir a los directivos debe desarrollarse con el entendimiento de que una administración universitaria debe funcionar como un orden jerarquizado de mando que fluye desde la cúspide de la Junta de Síndicos (antes el Consejo de Educación Superior, CES) hasta la dirección de los departamentos. Pabón explicaba que dicho esquema eslabonaba verticalmente una serie de “equipos de trabajo” o “equipos de confianza”. Por eso con cada cambio de gobierno se ha observado la teoría del dominó, derrumbándose poco a poco las fichas de los equipos de trabajo, lo que, sin duda, ha debilitado muchísimo la autonomía de la Universidad. Sugería, además, que este problema es inherente a la propia ley universitaria, que injertó en la Ley de 1966 ambas visiones, pero privilegiando el modelo gerencial. Por otro lado, afirmaba que “el control bipartidista de la Universidad había debilitado aún más el modelo democrático de administración” y por eso las consultas para seleccionar a los gestores se había convertido en un “proceso carente de credibilidad” para muchos sectores de la comunidad universitaria. Peor aún, que habían transformado a la Junta de Síndicos en un cuerpo extraño, desarraigado de la vida cotidiana de la Universidad e insensible a sus reclamos. Así pues, la teoría del mandato ha sido ejecutada con pocas fisuras en la Universidad de Puerto Rico, una situación que ha estado en el fondo de algunas de las grandes crisis que ha sufrido la institución como consecuencia de los reclamos de mayor participación en los procesos decisionales de la UPR. En 1973 los líderes estudiantiles de una de las huelgas más extensas de la historia de la institución reivindicaron una mayor participación en los nombramientos de los funcionarios y en la toma de decisiones de la Institución; y la formulación de una nueva ley universitaria. Este último punto ha sido evocado también en las huelgas estudiantiles de 1976, 1981, 1990, 1992 y 2005. De otro lado, por mucho tiempo los profesores han insistido en reclamar el derecho a la negociación colectiva. Entre el Total Quality Management y el Assestment Una de las preguntas que más se hacen los universitarios en estos momentos es hacia dónde irá la UPR en términos filosóficos y qué rol asumirá en estos tiempos de cambios. Un asunto muy pertinente si se tiene en cuenta la coyuntura actual del país, donde se observa la puesta en marcha de una política pública de corte republicano que vuelve líquidas las fronteras entre el sector público y el privado. Por otro lado, no se debe perder de vista los aprietos que podría sufrir la educación superior en la Isla como consecuencia de los recortes presupuestarios y de personal propuestos para el Consejo de Educación Superior por la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal. Estas acciones detonaron en la renuncia del presidente de esa entidad, José Lema Moyá y su directora ejecutiva, Viviana Abreu, así como de otros dos miembros de la junta directiva que se oponían a las cesantías por entender que con ellas ese organismo queda prácticamente desarticulado. Ello pondría en peligro los procesos de acreditación y, como consecuencia, el acceso a los fondos federales y a las becas por parte de las universidades y los estudiantes, respectivamente. Además, algunos podrían plantear que esa eventual desregulación se constituiría en la antesala de intentos futuros para compartir los recursos fiscales de la universidad pública con otras instituciones. Una discusión similar a la que se dio en los primeros años de la década del noventa, particularmente, entre los años 1992 y 2000, cuando se instauró en la Universidad un modelo inspirado en el neoliberalismo. En un ensayo sobre el tema publicado en el libro Frente a La Torre. Ensayos del Centenario de la Universidad de Puerto Rico, 1993-2003, el doctor Eliseo Colón Zayas indica que en ese período se diluyó el saber intelectual y la reflexión académica en estadísticas, misiones, visiones, planes estratégicos, cotejos certificaciones, circulares y procedimientos. Este proceso, a su juicio, también estuvo relacionado con las políticas de las instituciones acreditadoras, las fundaciones y la puesta en marcha de uno de los proyectos emblemáticos de esa etapa: la reconceptualización del bachillerato. Aquellos fueron los años del Total Quality Management, modelo corporativo que le brindó a la institución las estrategias necesarias para el desarrollo de unos vasos comunicantes entre el ente público, las empresas, las entidades acreditadoras y el financiamiento de investigaciones. También se le brindó mucho énfasis a las áreas de ciencia y tecnología. Más recientemente, bajo la presidencia del licenciado García Padilla, se desarrolló el plan “Diez para la década”, dirigido a transformar la institución a raíz de los cambios que se esperaban en el mundo académico y social. Con un espíritu parecido al de su predecesor, el doctor Norman Maldonado, García Padilla promovió la actualización tecnológica, la optimización administrativa y gerencial, la inversión comunitaria y la cultura. Además, fue particularmente agresivo en la búsqueda de fuentes externas para el financiamiento de las iniciativas académicas e institucionales. ¿Inteligencia rentable o conocimiento inútil? Lo que pocos dudan es que la Universidad de Puerto Rico tendrá que hacer más con menos a raíz de las carencias económicas que enfrenta el país. Y que su rol en el proceso de tránsito hacia una economía del conocimiento será fundamental, tanto en lo que respecta a la preparación de profesionales y maestros de alto vuelo, como en el desarrollo de estrategias administrativas cercanas a los paradigmas de la gerencia del conocimiento. La Universidad tendrá, además, que modelar al país nuevas formas de organización de los recursos, de colaboraciones con el sector privado, y aportar investigaciones aplicadas y teóricas que beneficien a la sociedad y a la institución. Aquí el problema no sería la atracción de fondos privados a través de la producción de conocimiento, sino que la empresas terminen dictando cuáles serán las políticas aplicadas en la UPR, un asunto sobre el que se debatió, por ejemplo, durante los tiempos del doctor Juan Fernández en la rectoría del Recinto de Río Piedras. Éste propuso la realización de más investigaciones aplicadas para el Gobierno y el sector privado en aras de promover acuerdos colaborativos, obtener fondos externos, y desarrollar el potencial creativo y el peritaje del personal universitario. Además, Fernández lanzó la idea de unir departamentos para estimular la eficiencia y el ahorro. De la consulta a varias figuras representativas del mundo académico se desprende que el nuevo equipo de trabajo de la Universidad debe promover un modelo de gerencia que busque la eficiencia mediante un modelo horizontal, menos burocratizado, y que fomente la participación y el espíritu democrático; que debe desarrollar estrategias más efectivas de gestión del conocimiento para obtener más productividad, sacar el máximo partido de sus recursos y acabar con los sistemas anacrónicos, la fragmentación entre los recintos, los departamentos y las estructuras de servicio; que es necesario fortalecer nuestra ciberinfraestructura para comunicarnos efectivamente con el país y el mundo; y, que deben ser conscientes de que hoy, más que nunca, los saberes son nuestro recurso exportable de más potencial -la innovación tiene que ver también con capitalizar el producto intelectual- y que la UPR tiene la responsabilidad de producirlos. Finalmente, en el horizonte se divisa otro nudo de tensión, relativo al tribalismo partidista y los fundamentalismos ideológicos: ¿tendrá el anexionismo la capacidad para ocupar simbólicamente la Universidad de Puerto Rico, que históricamente ha sido controlada por el neonacionalismo? O, ¿se desarrollará en la UPR una discursividad dirigida a simplificar la cultura, la educación y el pensamiento, tal y como sucedió en Estados Unidos cuando llegó al poder la derecha fundamentalista republicana a finales de la década del noventa? Educar significa sacar de adentro, extraer las mejores virtualidades, las potencialidades que ya están latentes en los estudiantes. Seducir quiere decir llevar a uno a otra parte, sacarle de sí y conducirle a otra dimensión. Lo que seguramente piensan muchos universitarios es que hoy, más que nunca, la Universidad de Puerto Rico debe convertir el conocimiento en objeto del deseo, seducir al país y convencerle de que en los saberes está la respuesta a la encrucijada que encara. Para ver la edición de Diálogo en PDF haga click aquí
