Cuando el 19 de julio de 2010 el ex gobernador de Puerto Rico, Luis R. Fortuño, firmó la Orden Ejecutiva declarando estado de emergencia en cuanto a la infraestructura de generación de energía eléctrica en Puerto Rico, quizás no se percató que una crisis mayor comenzaba a azotar el mundo entero: la falta de alimentos y la hambruna.
Para esa fecha, docenas de propuestas de proyectos relacionados con la energía renovable empezaron a llegar a las oficinas de la Administración de Asuntos Energéticos (AAE), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Departamento de Agricultura (DA), Autoridad de Tierras (AT), Departamento de Recursos Naturales (DRNA), y a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), entre otras.
“El gobernador Fortuño firmó una Orden Ejecutiva donde señalaba que había una crisis energética en Puerto Rico, por lo cual estos proyectos iban a pasar por un proceso fast-track de permiso, unos permisos expeditos”, indicó a Diálogo Myrna Comas Pagán, la recién designada Secretaria del Departamento de Agricultura.
Estos procesos expeditos facilitaron el arrendamiento de miles de cuerdas de terrenos potencialmente agrícolas, entre ellas las fincas ubicadas en el valle de Santa Isabel, donde se instalaron 44 molinos de viento. Estos terrenos, unas 3,650 cuerdas, eran los únicos en la Isla que pertenecían al 1.8 por ciento de tierras clasificadas como prime farmland, es decir, las mejores tierras para cultivar alrededor del mundo, puntualizó Comas Pagán, quien previo a su nombramiento se desempeñó como profesora del Departamento de Economía Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Myrna Comas, secretaria designada del Departamento de Agricultura.
“Son terrenos que la materia orgánica que tienen es excelente, tienen una capacidad de producción muy buena, buen drenaje, acceso a carreteras, acceso a mano de obra, tienen una capacidad empresarial buenísima”, señaló la Secretaria designada, añadiendo que el daño a los terrenos es irreversible.
Lo paradójico es que la inutilización de estos terrenos no parece estar justificada. Actualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica compra energía renovable solo a tres proyectos a gran escala que adquirieron los permisos y dinero necesarios para su construcción, así como la conexión a las plantas de la AEE. Juan Rosario, miembro de la Junta de Directores de esa corporación pública, indicó que estos proyectos son AES Ilúmina, finca de celdas fotovoltaicas ubicada en Guayama, la finca de molinos de viento en Santa Isabel y el proyecto de molinos de viento en Naguabo.
Rosario aclaró que la compra de energía solar y eólica no representa, al momento, ningún ahorro para la AEE ni para el ciudadano. Esto significa que los puertorriqueños no verán, por ahora, ningún alivio en el pago de electricidad, como resultado de la compra de energía renovable por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según Rosario, “nosotros (la AEE) pagamos el kilovatio a 18 centavos y medio, eso es un poquito más caro que lo que nos cuesta el petróleo, por lo tanto no van a bajar los precios”.
La AEE tiene contratos firmados con 65 proyectos de energía renovable a gran escala, es decir, proyectos que producirían más de un megavatio por hora. Según el miembro de la Junta de Directores de la AEE, estos contratos se otorgan porque los proyectos necesitan tener un acuerdo con la Autoridad para poder continuar con los procesos de permisología y financiamiento de infraestructura. Estas compañías recibirían dinero solo si logran venderle energía a la Autoridad.
Rosario explicó que se trata de contratos de compraventa de energía. “Básicamente establecen las condiciones, las cantidades de energía y los precios a los cuales la Autoridad le va a comprar energía a los diferentes proyectos”.
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE?
Precisamente el mismo día en que se firmó la Orden Ejecutiva que declaraba estado de emergencia energética en Puerto Rico, se firmó la Ley Número 83, conocida como Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico.
Fue a través de ese estatuto que se creó el Fondo de Energía Verde (FEV), que se nutre de recaudos provenientes de fondos gubernamentales como impuestos, donaciones privadas no gubernamentales y multas, e incentivos estatales y federales como de la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés). La partida de estos fondos, que comenzó con 20 millones de dólares durante el año fiscal 2011-2012, alcanzaría los $290 millones en el año 2020.
El reglamento de la Administración de Asuntos Energéticos, dispone que los incentivos que un proyecto recibe del FEV, dependan de la cantidad de kilovatios y megavatios por hora que genere la instalación. En un primer nivel, recibirían incentivos de hasta un 60 por ciento de la inversión total, los proyectos que no excedan la producción de 100 kilovatios por hora. El ingeniero José Maeso, director de la Administración de Asuntos Energéticos, explicó que este programa va dirigido mayormente, a los hogares de Puerto Rico.
“En estos proyectos se sustituyen los calentadores eléctricos, los aires acondicionados que no son eficientes y las neveras de la casa que no son eficientes, para que el consumo de la casa se reduzca”, indicó Maeso.
Por otro lado, las instalaciones que generan entre 101 kilovatios y un megavatio, pueden recibir incentivos de hasta un 50 por ciento de la inversión. Maeso precisó que el nivel dos va dirigido a ofrecer asistencia a los edificios del País, a través de la instalación de sistemas que provean una mayor eficiencia energética en la estructura.
Estas iniciativas de la AAE, fueron cónsonas con varios programas federales de energía renovable, como el State Energy Program (SEP), Weatherization Assistance Program (WAP) y el Energy Efficiency and Conservation Block Grant (EECBG). La integración de programas logró la inversión en Puerto Rico de más de 116 millones de dólares provenientes de la Ley ARRA del Departamento de Energía Federal. Estos fondos fueron aprobados en el año 2009 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como parte de un plan de estímulo federal.
Los proyectos de energía renovable a gran escala son financiados con fondos privados. No obstante, la Ley 83 establece una tasa fija de un cuatro por ciento de contribución sobre ingresos, en lugar de cualquier otra contribución dispuesta por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico o por cualquier otra ley.
Sin embargo, para la Secretaria designada de Agricultura, existe una razón más poderosa para que las compañías privadas que se dedican a la producción de energía renovable se interesen en instalarse en la Isla. Mientras en Puerto Rico la AEE paga a 18 centavos y medio el kilovatio, “en Estados Unidos ese kilovatio se paga a 9, entonces estas compañías ven esto como una oportunidad tremenda de hacer negocio”, puntualizó.
ESPACIOS ALTERNOS
Aunque es un hecho que la instalación de proyectos de energía renovable a gran escala ha provocado la pérdida de miles de cuerdas de terreno agrícola, también es cierto que, ante la amenaza de la escasez de petróleo en las próximas décadas, el alza en el precio del combustible fósil, los daños ambientales y los cambios climáticos, es necesario transformar la manera en que se genera electricidad en la Isla.
Pero, ¿cuáles son los espacios correctos para desarrollar energía renovable?
Para el planificador Carlos Maysonet, existen dos espacios idóneos para la instalación de molinos de viento y celdas fotovoltaicas. En cuanto a la energía eólica, el planificador recomendó instalar molinos en el mar, aunque reconoció que sería mucho más costoso que colocarlos en tierra. Por otro lado, las celdas fotovoltaicas, podrían ser fácilmente instaladas en el techo de cada hogar puertorriqueño.
“Las celdas fotovoltaicas tienen una ventaja y es que se pueden establecer en cada uno de los hogares de Puerto Rico y se descentraliza el sistema”, destacó Maysonet, quien trabajó como profesor en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR. La descentralización del sistema de electricidad, significaría que la energía eléctrica no sería totalmente distribuida por la AEE, sino que cada hogar podría generar su propia energía y se reduciría la necesidad del petróleo.
Por su parte, el ingeniero Maeso destacó los dos programas que promueve la AAE, dirigidos a propiciar el establecimiento de proyectos de energía renovable en los hogares y edificios de Puerto Rico. Respecto al desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala, Maeso recomendó que se lleven a cabo en terrenos ya impactados y que no tengan o hayan perdido su valor agrícola. “Hay lotes industriales que han sido ya impactados, no hay muchas cosas que se puedan desarrollar ahí y hay otro tipo de terrenos que quizás ha sido contaminado”, puntualizó el director de la AAE.
CULTIVO PARA COMBUSTIBLE
La instalación de estructuras de energía renovable no es la única amenaza a los terrenos agrícolas del País. La necesidad de sustituir el petróleo y el incremento en la compra y la venta de biocombustible alrededor del mundo, augura que pronto este negocio llegará también a Puerto Rico.
La presente administración gubernamental de la Isla se comprometió a velar por la seguridad alimentaria.
Por el momento, la administración gubernamental de turno se ha expresado en contra del uso de terrenos agrícolas para fines contrarios al cultivo de alimentos. “Si yo tengo que decidir entre un proyecto de biocombustible y un proyecto de seguridad alimentaria, yo me voy por seguridad alimentaria porque esa es mi misión y esos son mis principios”, indicó Comas Pagán, añadiendo que la misión de esa agencia es velar por la seguridad alimentaria de todos los puertorriqueños y aumentar la disponibilidad de alimentos que se producen localmente.
Sin embargo, la funcionaria aseguró que ya tenía propuestas sobre su escritorio para el desarrollo de biocombustible en la Isla. Estos proyectos, que se encuentran en la etapa de evaluación, serían considerados por tratarse de generación de biocombustible con sobras o excedentes de producción.
“Están proponiéndonos producir mieles, pero con el residuo de la caña, el bagazo, producir biocombustible. Tenemos una propuesta de una empresa de Estados Unidos y otra empresa puertorriqueña”, reveló.
Por su parte el director de la Autoridad de Tierras, Salvador Ramírez, afirmó que de aprobarse los proyectos de biocombustible, se utilizarían tierras donde, por años, se sembró y cosechó caña de azúcar.
Asimismo, indicó que también se adoptarán otras tecnologías. Explicó que ya se había comenzado a desarrollar en Puerto Rico un proyecto de cultivo de algas, plantas que se utilizan para la producción de biocombustible.
“Este proyecto se está gestando en la finca La Julia en Dorado, donde estaban las charcas de camarones y es un terreno que está bien adecuado para ese tipo de proyectos porque ya tiene básicamente la infraestructura, que son las charcas de agua construidas”, indicó Ramírez.
