Representantes de la Junta de Retiro y la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) intercambiaron la pasada semana fuertes acusaciones en las que ambas partes cuestionaron decisiones recientes sobre el Sistema de Retiro de la institución.
Ambas entidades se acusan mutuamente de tomar acciones que podrían perjudicar la estabilidad financiera del fondo de retiro de 19,000 participantes activos y retirados.
Por un lado, el presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos Torres denunció la contratación por parte de la Junta de Gobierno de la empresa de consultoría y contabilidad BDO Puerto Rico.
Según manifestó Berríos en una conferencia de prensa el pasado viernes donde se hizo público este asunto, dicha compañía tiene la tarea de diseñar un modelo de Contribución Definida que sería el fin del fondo de sistema de retiro universitario.
El doctor Berríos Torres aseguró que dicho modelo asestará un golpe mortal al Sistema de Retiro de Beneficios Definidos de la UPR y trastocará totalmente el sistema de retiro universitario.
“Fue contratada para asesorar en cuanto a las mejores alternativas para la transformación del sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico, para así poder implantar el Plan Fiscal de la Universidad”, declaró el funcionario en la conferencia de prensa sobre el rol que tendría la empresa BDO.
Agregó que BDO propone emplear su experiencia en el diseño y administración de Planes de Contribución Definida en el sector privado y convertir el Fideicomiso de Retiro de la UPR en uno “auto-sustentable”, por lo que “presumimos vienen a trastocar totalmente nuestro Plan de Pensiones de Beneficios Definidos siguiendo el mandato de la Junta de Control Fiscal, según nos había confirmado su directora ejecutiva, Natalie Jaresko”.
Berríos catalogó esta acción como un “proyecto de desmantelamiento del Plan de Retiro de Beneficios Definidos de la UPR”.
Alegó que hace poco más de un año la Junta de Gobierno excluyó deliberadamente la representación de la Junta de Retiro (compuesta por empleados activos y jubilados de la UPR) del Comité de Retiro de la Junta de Gobierno.
“Una vez más se violenta el acuerdo de co-administración y co-fiducia por ambas juntas sobre el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR que la UPR y la entonces Junta de Gobierno estipularon a partir del 29 de junio de 2016”, sostuvo.
Señaló, además, que hace 68 años el cuerpo rector de la UPR encomendó a la Junta de Retiro el deber de asesorar a petición o por iniciativa propia a la Junta de Gobierno en todo aquel asunto relativo al Plan de Pensiones de Beneficios Definidos del Fideicomiso de Retiro UPR.
Informó que la BDO Puerto Rico recibirá un desembolso máximo de $300,000.
“La transformación del sistema de retiro universitario estará a cargo de los socios de la empresa, Fernando Scherrer, Sigfredo Vélez, Luis Torres Llompart, el gerente de proyecto y consultor, David Lugo ($250mil entre los cuatro), así como el economista Antonio L. Rosado ($30mil), quienes facturan a razón de $200 la hora. El abogado Francisco J. González Magaz, quien facturará a razón de $100 la hora ($20 mil) y otros consultores también participarán del proyecto”, aseguró.
Los servicios de BDO deberán ser completados y el informe final con el Flujo de Trabajo del Sistema de Retiro para la implementación del Plan Fiscal de la UPR se le rendirá a la Junta de Gobierno de la Universidad en unas 16 semanas a partir de la fecha en que se otorgó el contrato.
“Estamos hablando que para el 23 de diciembre ya la Junta de Gobierno tendría en sus manos la propuesta con la que cumple con el Plan Fiscal que sometieron”, aseguró el presidente de la Junta de Retiro de la UPR.
Actualmente, el Sistema de Retiro de la Universidad se rige por un modelo de Beneficios Definidos, que establece una pensión vitalicia para los trabajadores de la institución, de acuerdo con lo que estos hayan acumulado al momento de jubilarse. Estos fondos provienen de una fórmula en la que se combina la aportación del empleado y la realizada por la institución durante los años de servicio de este último.
El Modelo de Contribución Definida, por el contrario, no brinda una entrada económica mensual, sino que opera muy similar al tipo de pensiones 401K. El día de su jubilación, el empleado se lleva lo que él aportó a ese fondo hasta ese momento.
En noviembre del año pasado, la Junta de Retiro denunció que la Junta de Gobierno, a insistencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, estaba contemplando reducir significativamente los beneficios definidos en el plan vigente, o bien eliminar por completo el sistema y adoptar uno de contribución definida.
Hace dos semanas integrantes de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se reunieron con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, su equipo de trabajo, asesores fiscales y actuariales para discutir los requerimientos del organismo federal sobre el Plan de Retiro de Beneficios Definidos que tiene la institución.
En esa ocasión Jaresko les confirmó que la posición de la Junta de Control Fiscal es eliminar este tipo de Plan de Retiro (de beneficios definidos) y defendió la adopción del Plan de Contribución Definida, de acuerdo a Berríos.
“Hacemos un llamado a la Junta de Gobierno a que genuinamente cumpla su deber de fiducia y acate la Ley y la Reglamentación Universitaria que nos obliga a atender los asuntos universitarios con la mayor responsabilidad y reconociendo el compromiso que todos como universitarios tenemos con la Institución que es la Universidad de Puerto Rico”, instó Berríos, quien censuró a la Junta de Gobierno por entender que el proceder de ese organismo con respecto a esta situación ha sido “antiuniversitario, falto de transparencia y que incumple con su deber de fiducia en la protección del Fideicomiso de Retiro”.
“Condenamos este contrato de marras y la trasgresión al derecho que tiene la Junta de Retiro de representación de los 19,000 participantes del retiro universitario. Pero, sobre todo, repudiamos que con esta acción la Junta de Gobierno condene a miles de trabajadores a no recibir una pensión justa y razonable, una vez se acojan a su retiro, y a un estado de pobreza absoluta luego de haberlo dado todo por la Universidad y la educación de nuestro País”, sentenció Berríos Torres.
Berríos Torres hizo un llamado a los participantes del Sistema de Retiro de la UPR a firmar una misiva dirigida al licenciado Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, repudiando la intervención de cualquier entidad o compañía externa en el Sistema de Retiro.
La carta, circulada entre la comunidad universitaria, también expresa que se desautoriza a la Junta de Gobierno, sus miembros y/o cualquier otro empleado o agente de la UPR a divulgar o entregar la información del expediente de empleo, salarios devengados de la UPR, beneficios acreditados y cualquier otra información (datos) sobre la pensión y perfil del empleado.
Reacciona la Junta de Gobierno
Por su parte, la Junta de Gobierno de la UPR envió un comunicado de prensa a los medios catalogando las acciones de Berríos Torres “como un atentado irresponsable contra el Sistema de Retiro y la salud emocional de los empleados”.
La presidenta del Comité de Retiro de la Junta de Gobierno de la UPR, licenciada Zoraida Buxó, condenó que el doctor Berríos obstaculizara el proceso de obtención de información y análisis que realiza el ente rector de la institución sobre el Sistema de Retiro de la UPR.
“Con sus actuaciones, el doctor Eduardo Berríos atenta contra el futuro de las pensiones de los empleados de la Universidad y la buena gobernanza. No quiero atribuirle intención dañina, pero lamentablemente ese es el efecto que tienen”, afirmó Buxó.
Añadió que la Junta de Gobierno, como fiduciaria del Sistema de Retiro, se encuentra analizando responsablemente el estado real de ese sistema para que se rindan informes confiables a los participantes, a la comunidad universitaria y a quienes tienen a su cargo la toma de decisiones. “Informes que estén basados en información veraz y en supuestos ciertos, creíbles y razonables”, destacó.
“Eso nos permitirá a todos estar en mejor posición ante la comunidad universitaria, el Pueblo de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Para ello, solicitamos mediante carta la colaboración de la Junta de Retiro y, con la autoridad conferida por virtud de ley, hemos tomado las acciones que hemos entendido necesarias, incluyendo la contratación de una firma consultora, altamente cualificada y con vasta experiencia en materia de sistemas de retiro, para evaluar el estado del sistema actualmente, a corto y largo plazo”, explicó.
Buxó indicó que el doctor Berríos ha optado por que se obstruya el proceso de análisis, impidiendo el flujo de la información que obra en la Oficina de Sistema de Retiro.
“Las acciones del presidente actual de la Junta de Retiro no son apropiadas ni convenientes para el propio sistema. Su mensaje obstruccionista para que los custodios de la información en la Oficina de Sistema de Retiro se nieguen a suplirla a los consultores y representantes de la Junta de Gobierno, a la vez que alega que la Junta de Gobierno no ejerce su deber de fiducia para con el sistema es una paradoja”, manifestó.
“Instruyó a personal supervisor de la Oficina de Sistema de Retiro a negar todo pedido de información por parte de los consultores de la Junta de Gobierno, lo cual coloca a ese personal en una situación de incumplimiento de ciertos deberes que tienen como funcionarios públicos”, añadió Buxó.
La vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR dijo que el doctor Berríos se ausentó el jueves 27 de septiembre, el día antes de la conferencia de prensa de la Junta de Retiro, a una reunión del Comité a la que fue convocado desde el martes 25 de septiembre.
“Luego Berríos envió una carta haciendo alegaciones que no son correctas sobre la Oficina de Transformación Institucional (OTI). Ello pese a que ya le habíamos aclarado sus dudas por escrito y estábamos disponibles para responder sus preguntas”, sostuvo.
En la carta en cuestión Buxó le indica a Berríos que la creación de la OTI no interfiere con las funciones de ninguno de los dos cuerpos, Ia Junta de Retiro ni la Junta de Gobierno.
También le señala que la UPR “tiene la facultad de desarrollar, supervisar, asesorar e implementar proyectos de transformación en cualquiera de sus organismos, tanto a nivel central como a nivel de los recintos, incluyendo el Sistema de Retiro y su Junta”.
“De este modo, y en el ejercicio de sus facultades y deberes conferidos por ley, la Junta de Gobierno creó la OTI para que, en colaboración estrecha con el presidente de la UPR, asista en tales funciones y enfoque los recursos que se le asignen en la implementación, cumplimiento y logro de las metas trazadas en el Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico, conforme a las disposiciones y requerimientos de la ley federal conocida como PROMESA”, afirma.
La funcionaria lamentó la confusión y ansiedad que ha generado toda esta situación.
“Si tiene interés en que se conozca la realidad del sistema de retiro, el doctor Berríos no debe impedir que se abran los libros, que se estudie el flujo de los fondos y la estructura administrativa existente. Si, por el contrario, no tiene interés en que se conozca la realidad, al punto que sabotea el esfuerzo de la Junta de Gobierno en establecer lo que se conoce como un baseline, es el doctor Berríos quien está incumpliendo con su obligación como líder de la Junta de Retiro”, anotó.
“Esto es un asunto muy serio y el status quo no es opción”, enfatizó y reiteró que, contrario a lo manifestado por Berríos anteriormente, la Junta de Gobierno no ha tomado ninguna determinación sobre cuál será el modelo el sistema de pensiones”, aseguró.
“Como le dije al doctor Berríos en la misiva de ayer [el día antes de la conferencia de prensa de la Junta de Retiro], nuestras decisiones son estudiadas e informadas, y no responden a presiones indebidas de sectores particulares. Nuestro norte es el sostenimiento de un sistema de educación superior de la mejor calidad posible para los estudiantes de hoy y del futuro. Con ellos y hacia ellos es nuestro deber de marca mayor”, puntualizó.
Salen al paso los docentes y no docentes
Entre tanto, el Senado Académico del Recinto de Río Piedras, el Claustro de la UPR en Cayey y la Facultad de la UPR en Arecibo emitieron resoluciones y certificaciones apoyando la Junta de Retiro de la institución.
El senado académico del recinto riopedrense aprobó la Certificación Núm. 23 (2018-2019), donde apoya la Resolución del Claustro de la UPR en Cayey del 11 de septiembre de 2018, que critica la decisión de la Junta de Gobierno de crear la Oficina de Transformación Institucional (OTI) y solicita a la Junta de Gobierno que se derogue su Certificación Núm. 10 del 2018-2019, que crea la OTI junto a su reglamento.
El Senado Académico de Río Piedras, además, acordó apoyar la Resolución Núm. 7 de la Junta de Retiro de la UPR del 13 de septiembre de 2018, que solicita revocar la aplicabilidad de esa misma Certificación Núm. 10 al Fideicomiso del Retiro UPR y privar a la OTI de toda intervención en ese fideicomiso.
Asimismo, la Facultad de la UPR en Arecibo aprobó una resolución apoyando la Junta de Retiro y reclamando que no se congele ni elimine el sistema de beneficios definidos del sistema retiro de la UPR; que la Junta de Gobierno pase el fideicomiso del Sistema a la Junta de Retiro de la UPR; que el rector interino de UPRA y la representante ante la Junta Universitaria se opongan a cualquier medida que atente contra el plan de beneficios definidos; y que no se afecte la pensión de los cerca de 8,000 pensionados de la UPR.
La Hermandad de Empleados No Docentes también ha realizado diversas manifestaciones en la institución en apoyo a la Junta de Retiro.
