La eliminación de derechos laborales a los empleados, como respuesta a la crisis económica y fiscal que atraviesa Puerto Rico, se ha convertido en un lugar común de la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal. La aprobación de la Reforma Laboral, Ley 4 de 2017, y la derogación de la Ley 80 de 1976 debilitan el marco legal que protege al trabajador puertorriqueño, aunque en algunos casos sea de manera prospectiva.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tomó al azar dos premisas que aparecen en las primeras páginas del Memorandum sobre la Reforma Laboral como catalizador de Crecimiento Económico en Puerto Rico enviado el 28 de mayo por la Junta de Control Fiscal luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, alegara que no aprobaría la eliminación de la Ley 80 mientras no recibiera la documentación sobre la efectividad de la medida.
El memorando hecho público por la junta para impulsar la derogación de la Ley 80 tiene más de 2,000 páginas y fue presentado apenas 48 horas antes de que se aprobara la derogación del estatuto en el Senado. Las citas seleccionadas por el CPI para ser verificadas apenas están en las primeras páginas.
Chequeo #1
En el marco del debate legislativo que culminó la noche del miércoles con la anulación en el Senado de la Ley 80 de 1976 que regulaba el despido injustificado, la Junta de Control Fiscal sugirió como argumento para la eliminación de ese derecho laboral al empleado de la empresa privada que hay un vínculo entre la migración puertorriqueña al estado de Florida y la precaria reglamentación en materia de derechos laborales vigente allí.
“Desde el 2000 alrededor de 600 mil puertorriqueños se han relocalizado en el estado de Florida, muchos de ellos en busca de oportunidades de empleo. Florida es un estado de ‘empleo a voluntad’ y no requiere que los empleadores provean ningún pago por vacaciones ni días de enfermedad ni bono de Navidad”, dice el Memorandum.
El CPI indagó en las fuentes citadas en una parte del documento sin encontrar una conexión directa ni indirecta que sostenga que las precarias leyes laborales vigentes en Florida incentiven a los puertorriqueños a la hora de buscar un nuevo destino allí.
El economista Edwin Meléndez, director del Center for Puerto Rican Studies del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), ha indagado en las razones que manifiestan los migrantes cuando abandonan la isla.
La falta de trabajo en Puerto Rico, que se manifiesta en una tasa de desempleo de 9.9%, hace que el motivo principal para irse sea obtener un empleo, dijo Meléndez. En el caso de las mujeres, la segunda razón de peso es acompañar a un familiar que está mudándose por trabajo.
El economista se mostró sorprendido ante la afirmación de la Junta de Control Fiscal. “La relación que se alude entre que [Florida] sea un sistema de pocas regulaciones laborales y el hecho de que los puertorriqueños prefieren ese estado… no le veo la conexión directa. Yo soy economista y trabajo mucho en el mercado laboral y realmente me cuesta trabajo hacer esa conexión. Es una barrera que los puertorriqueños sobrepasan, no un incentivo”, dijo.
La relación entre la demanda y la oferta laboral dentro de ese estado es el factor de influencia con mayor peso. Los puertorriqueños encuentran trabajo y de mejor remuneración que en Puerto Rico, ya que “las destrezas que ellos traen encajan perfectamente con el tipo de demanda en las industrias de entretenimiento y servicios [en Florida]; es esa para mí la explicación más poderosa”, explicó Meléndez.
La junta respondió a la petición del CPI para aclarar la premisa enviando una serie de enlaces a estudios e informes que documentan la migración de puertorriqueños a Estados Unidos, muchas de las cuales ya están en el memorando y no sostienen la premisa de que la movida migratoria implique que la gente se fue a Florida por las leyes laborales de ese estado. Aquí consignamos su respuesta.
“La oración en cuestión se basa en estimados de varias fuentes, y dado que la cantidad precisa no es necesariamente importante para el argumento de que Florida es una jurisdicción de ‘empleo voluntario’, no citamos estudios reales. El mismo argumento se puede hacer para otros estados donde los puertorriqueños han migrado. La cifra utilizada proviene de estimaciones y extrapolaciones de diferentes demógrafos, artículos e información de terceros a los que la junta ha tenido acceso”.
La Junta de Control Fiscal incluyó estos enlaces:
https://centropr.hunter.cuny.edu/sites/default/files/data_sheets/CENTRO-DS2017-FL01.pdf
https://estadisticas.pr/files/Memoriales/carta_FOMB_listening_session_171116.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/PR
Veredicto: FALSO
Chequeo #2
La Junta de Control Fiscal sostuvo como argumento en el mismo memorándum que la existencia de leyes laborales protectoras de los derechos y beneficios del trabajador provoca que los empleadores decidan no abrir nuevas plazas de empleo en favor de su rentabilidad económica. En consecuencia, muchas de esas personas estarían trabajando en el sector informal sin aportar recaudos al Estado.
“Alrededor de una cuarta parte de los puertorriqueños trabajan de manera informal. El mercado laboral informal, que es mucho más grande en Puerto Rico que en cualquier lugar de los Estados Unidos, se impulsa en parte debido a las leyes laborales que hacen costoso contratar empleados con beneficios completos y protecciones laborales”.
El CPI encontró que la Junta de Control Fiscal hace un uso engañoso de la información del Grupo de trabajo bipartita del Congreso sobre el crecimiento económico en Puerto Rico citada en su documento, ya que no hay mención explícita ni posible que relacione al mercado laboral informal con estas causas.
La premisa de la junta implica que las leyes laborales que hay en Puerto Rico desincentivan la contratación de empleados. El estudio al que se hace referencia en la nota al calce #8 no dice en ninguna parte que hay una relación entre empleo informal y que el mismo esté impulsado por leyes laborales que hacen poco atractivo contratar empleados con beneficios y protecciones.
La economía informal abarca las actividades lícitas e ilícitas que no se reportan en las transacciones financieras del gobierno. En Puerto Rico, este sector económico es uno de los menos estudiados y entre muchos expertos todavía no existe un consenso de cuál es la mejor metodología para medir su impacto en la economía.
Consultado por el CPI, el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, confirmó que “no sabemos cuántas personas trabajan en la economía informal de Puerto Rico. Hay muchas hipótesis, pero ninguna ha sido corroborada”.
Sin datos concretos de lo que ocurre dentro de la actividad económica del sector informal de Puerto Rico y habiendo manipulando el contenido de su fuente, el argumento ofrecido por la Junta de Control Fiscal resulta falso.
Veredicto: FALSO
