A veces es difícil agarrar la realidad del tiempo y toparse con la noción de que ha transcurrido un año del comienzo de la huelga en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico y que fuera aprobada en la Asamblea Nacional Estudiantil el pasado 5 de abril de 2017.
Luego de una jornada de paros consecuentes y de construcción de procesos, el estudiantado del sistema UPR aprobó ante un Coliseo Roberto Clemente lleno a capacidad la necesidad de parar para construir. Énfasis en construir, porque las exigencias de entonces, a diferencia de las huelgas anteriores, tuvieron como eje central requerimientos de magnitud nacional.
En efecto, de las exigencias aprobadas en esa asamblea —con excepción a la petición de cero alza de matrícula y cero sanciones al estudiantado— quienes tenían el poder para cumplir con las exigencias no era la administración universitaria sino el gobierno central. La auditoría de la deuda, el fin de los recortes para la UPR y el comienzo de una reforma universitaria que contara con amplia participación de todos los sectores universitarios, son todavía reclamos que quedan fuera de los poderes de los administradores de la UPR.
La Asamblea Nacional de Estudiantes contó con la participación de alumnos de 13 instituciones del sistema de educación superior público. (Archivo Diálogo)
Estas exigencias, previamente aprobadas en una asamblea en el Recinto de Río Piedras el 22 de marzo de 2017, fueron nuevamente validadas y ampliadas para proteger de recortes a la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música ante una concurrencia histórica de estudiantes. En dicha asamblea, 11,000 alumnos abarrotaron el coliseo a capacidad para expresar su voz democrática y su descontento con el futuro al cual nos quieren forzar la clase política y pudiente del país.
Para hacer firme nuestras exigencias, se aprobó una huelga sistémica que trajo consigo la paralización indefinida o parcial de la totalidad del sistema universitario. En el caso del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que no logró llevar el quórum necesario al coliseo de San Juan, sustentaron el mandato nacional ante una asamblea de 7,000 estudiantes —más del 50% de la población estudiantil del recinto— el día después.
De esta manera, el estudiantado del País comenzó una jornada de lucha que se manifestó como el primer reto contundente a las políticas que se nos quieren imponer actualmente. Las reuniones con el actual gobernador Ricardo Rosselló, con senadores, representantes, y la entrada de 11 estudiantes a la reunión con miembros de la Junta de Control Fiscal fueron muestra del impacto del mecanismo huelgario y la manera en que se irrumpió la normalidad por la duración de la huelga.
A su vez, el estudiantado volvió a servir como catalítico para la movilización de otros sectores sociales de Puerto Rico. Si algo nos volvió a mostrar la huelga en 2017 fueron las fortalezas y debilidades históricas del movimiento estudiantil.
A continuación una recuento detallado de todo lo que aconteció durante este proceso huelgario de 2017.
Por un lado, mostró que el estudiantado por sí solo no es capaz de frenar la avanzada neoliberal ni derrotar la Junta de Control Fiscal (JCF). Por otro lado, volvió a mostrar que el estudiando es un ser catalizador, un chicle capaz de pegar una pluralidad de sectores que ante la valentía de la juventud deciden también actuar. Todavía más cuando las exigencias estudiantiles se extienden a reclamos nacionales.
Quizás, uno de los errores más grandes del pasado proceso huelgario fue pensar que todos los problemas se resolverían dentro de este proceso de paralización y que existía una correlación positiva entre la duración de la huelga y nuestras posibilidades de éxito. Si fuese un juego de pelota, se jugó zumbando siempre al cuadrangular, cuando todos y todas sabemos que dicha receta trae una mayor probabilidad de derrota.
Manifestación del 1 de mayo de 2017. (Archivo Diálogo)
Aspirar a que los sucesos del 1 de mayo de 2017 traerían consigo, por vía espontánea, el cambio social en Puerto Rico, es ignorar las realidades materiales y subjetivas con la que debemos trabajar en el País. Con este argumento no pretendo desvalorizar las acciones llevadas acabo ese día. Por el contrario, el pasado 1 de mayo fue una muestra del descontento —organizado y desorganizado— del País y una muestra del descontento generalizado que se respira en el presente. No me cabe la menor duda que debemos aspirar a más movilizaciones masivas, similares a las del 1 de mayo. Ahora bien, a lo que no debemos aspirar es a partir de cuadrangulares, de la noción de que una acción particular y de gran impacto movilizará de por sí sola a las masas y cambiará el rumbo de nuestra sociedad.
En el caso del pleno de Río Piedras, esta noción trajo consigo un aguante a las luchas para presionar en las negociaciones dentro del proceso huelgario. Por ciertos momentos, el objetivo de la huelga fue menos buscar articular estrategias para lograr los objetivos de la Asamblea Nacional y más resistir hasta llegar al 1 de mayo, o resistir hasta “derrumbar el capital”. Por eso es que, cuando nos topamos con la creciente desmovilización a partir del 2 de mayo, cuando otros sectores se echaron para atrás, y luego de los arrestos del 7 de mayo, nos vimos forzados a una reorganización de tácticas atropelladas para adentrarnos al proceso de negociación desde una posición de desventaja.
Entrada la etapa de negociación, surgió de nuevo el debate sobre las características del proceso huelgario.
La huelga como instrumento y la huelga como fin
Dentro de ese marco surge otro de los grandes errores del proceso huelgario: el énfasis en el debate de convivencia, de cómo vivir mejor dentro de la huelga, cómo extenderla, a expensas del debate político de cómo ganar. Los procesos huelgarios, aunque en su transcurso pueden cumplir fines organizativos y experiencias que serán útiles a mediano y largo plazo, son un instrumento de presión para la adquisición de objetivos políticos definidos. En el caso de la Universidad, estos fines fueron delineados por la Asamblea Nacional y sostenidos por asambleas posteriores de los distintos recintos.
Para todos los efectos, el mandato de asamblea para comenzar un proceso huelgario es un voto de confianza hacia el movimiento estudiantil para lograr los fines que se desean. El manejo de este voto de confianza es importante, porque de ella surge la posibilidad de extender el proceso lo suficiente para lograr los objetivos deseados, con o sin huelga. Si algo nos mostró el pasado proceso, es que existe una juventud, criada en su mayoría bajo la influencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) que están hastiados de la toma de decisiones de estos entes y que desean cambios.
La de 2017 huelga en la UPR se extendió durante 72 días en el Recinto de Río Piedras. (Archivo Diálogo)
Luego del 1 de mayo, cuando ya era evidente que se agotaba el impulso de las fuerzas sociales tanto dentro como fuera de los portones, fue necesario encontrar maneras de empujar por la negociación. Y, efectivamente, fue poco después de ese día que comenzaron los primeros acercamientos para negociar entre la administración universitaria y el movimiento estudiantil.
Como era sabido que habían temas que no estaban al alcance de la administración de la UPR, y como una estrategia para ir en la ofensiva, se sometió un paquete legislativo para apoyar con propuestas nuestro mandato. Tras más de un mes de huelga, comenzó realmente el proceso de cabildeo y negociación. Es en el transcurso de ese proceso que se desatan los debates sobre los máximos y los mínimos y sobre la importancia o no de los preacuerdos.
Aunque en el presente artículo no entraré de lleno a esa discusión, sí estoy convencido de que el segundo gran error del pasado proceso huelgario, en cuanto al pleno de Río Piedras, fue el rechazo total a los preacuerdos sin ánimos de ofrecer enmiendas al proceso trabajado, a diferencia de otros de los recintos del sistema. Si bien el proceso de negociación continuó, con el desenlace ya conocido, surgen tres interrogantes. Primero, cuáles eran las expectativas reales de negociación. Segundo, si la actuación de Río Piedras a expensas de otros recintos fue la correcta, y tercero, si la aceptación o el rechazo de los preacuerdos era una decisión que le competía al pleno del movimiento estudiantil o a la asamblea general. En fin, así como el estudiantado decidió empezar la huelga, así el movimiento estudiantil escogió el momento para finalizarla.
De cara al futuro inmediato
Ante todos estos sucesos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El saldo de la huelga fue agridulce a lo menos; una escaramuza sin una definición clara de quiénes ganaron y quiénes perdieron. Por un lado, el estudiantado perdió la narrativa de lo sucedido. Para el País el estudiantado perdió la huelga del 2017, y es ante ese panorama que debemos trabajar los nuevos retos que enfrentamos. A su vez, se obtuvo el saldo negativo de la persecución criminal contra siete compañeros y compañeras estudiantes, que aún hoy enfrentan cargos criminales por sucesos ocurridos en la huelga.
Por otro lado, y aún cuando no se firmaron los preacuerdos, se logró frenar por un año la Reforma Universitaria propuesta por el senador PNP Abel Nazario, se logró llevar la auditoría de la deuda a ser una exigencia nacional, se logró captar la atención sobre posibles medidas legislativas alternas con el paquete legislativo, se logró obtener una reunión con la JCF, se logró un año de moratoria al alza de matrícula y el aplazamiento del Plan Fiscal y, aunque por otras vías, se logró que hasta el momento ningún estudiante fuese procesado por acciones dentro del proceso huelgario.
Según el autor, la UPR todavía enfrenta desafíos para el cumplimiento de su misión. (Archivo Diálogo)
En la esfera organizativa, observamos una mayor organización del sector docente y a contrato y la permanencia del Comité de Reforma Universitaria, que cobra vigencia ahora más que nunca. Del proceso huelgario salieron derrotas, sí, y de ellas debemos aprender para avanzar. Pero del proceso huelgario también salieron victorias y de ellas también debemos aprender y darles continuidad ante el gran reto que tenemos de frente.
Según el nuevo Plan Fiscal, aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR, escogida en su práctica totalidad por el PNP en alianza con la JCF, se pretende aumentar la matrícula uniforme del estudiantado en más de un 100% en un plazo de cuatro años. Como bien nos enfatizó la directora de la JCF, Natalie Jaresko, cuando nos reunimos con miembros del ente federal en Hato Rey, la meta de la Junta es imponer el modelo estadounidense, ya fracasado, donde la totalidad de la beca va hacia el pago de matrícula independientemente de los gastos de vida del estudiante. A su vez, se pretende continuar con el cierre de recintos y la posible eliminación de los programas de bachillerato en los campus de Río Piedras y Mayagüez.
En efecto, se contempla achicar la universidad para unos pocos y abandonar la misión de la UPR de brindar una educación accesible y de calidad. Asimismo, se proponen consolidar recintos universitarios, con la posibilidad de cierre, sin explicar claramente si dicha consolidación es meramente administrativa o si abarcará programas académicos y servicios indispensables para el estudiantado. Claro está, todo esto a puerta cerrada, sin la participación de la comunidad universitaria y con la promesa de que la JCF continuará con los recortes al presupuesto universitario, forzando una “desreforma” universitaria a las malas.
¿Qué nos queda?
Ante esta realidad, ¿qué hacer? La capacidad organizativa a nivel nacional, al momento de este escrito, es menor que la organización a esta fecha el año pasado. El estudiantado de ahora carga consigo el peso de una huelga anterior y de los estragos dejados por el huracán María. El estudiantado de hoy, lejos de vivir en una burbuja, es parte de ese universo puertorriqueño que vive con promedio salarial de $18,000 al año y la precariedad total. Al día de hoy hay poblaciones estudiantiles sin luz, sin servicios y con una realidad que se aprieta mes a mes. Tomando esa realidad en consideración entiendo que se debe tomar en consideración los siguientes elementos:
- Protestas amarradas a propuestas concretas, en formato de proyecto de ley, incluyendo la Reforma Universitaria.
- Una matrícula ajustada a los ingresos donde los sectores bajo el nivel de pobreza paguen menos de lo que pagan en la actualidad.
- En lo inmediato, motivar y organizar.
En cuanto al primer punto, ha llegado el momento de que el estudiantado, y si es posible en conjunto con otros sectores amplios, de continuación y ampliar la iniciativa de propuestas de proyectos de ley que se empezaron en la huelga anterior. Actualmente, de los cinco proyectos de ley, dos pasaron el Senado pero están paralizados en la Cámara de Representantes.
Sobre el proyecto de ley para la eliminación de las exenciones contributivas de la Ley 20 y la Ley 22, encontramos que la misma se violenta continuamente al no existir informe alguno que justifique la continuación de tales beneficios, según lo dispuesto en ley. En cuanto al proyecto de ley sobre el impuesto a los bienes raíces reposeídos por los bancos y la preferencia a los servicios que pueda brindar la UPR ante cualquier subasta observamos que ni tan siquiera fueron considerados por la mayoría legislativa.
Articular protestas a base de propuestas escritas nos ofrece la ventaja de extender la presión ideológica al gobierno central y establecer, de primera, el lenguaje por donde irá la presión.
La huelga de 2017 también pasó a la historia por la gran cantidad de mujeres en puestos de liderazgo en los movimientos estudiantiles. (Archivo Diálogo)
Si algo nos mostró la huelga pasada es la incapacidad de la administración universitaria de atender los reclamos estudiantiles nacionales, y las limitaciones de presión que un proceso huelgario de portones cerrados tiene con el gobierno central. Más aún, la construcción de movimientos a base de meras consignas limita el contenido político que se desea llevar ante el País y nos coloca en desventaja al momento de sobrellevar negociaciones. En la medida en que el lenguaje de la propuesta no la controlemos nosotros y nosotras estaremos cojeando con medias propuestas al último momento, que si bien articulan espléndidamente nuestros deseos, fracasan en sobrellevar nuestras realidades.
A esta aseveración está atada el segundo punto. Si bien la aspiración mayor personal es la matrícula gratuita no es menos cierto que existe una realidad en el país, que aún aprobando una mayor base contributiva para la universidad, queda trastocada por la crisis económica y las limitaciones coloniales que nos envuelven. Ante ello, y considerando que de parte de quienes ostentan el poder se pretende empujar a como de lugar un alza de matrícula, la línea mejor articulada en torno al costo de matrícula es una ajustada a los ingresos.
Sin embargo, a diferencia de la propuesta de la JCF, que considera esta vía posterior a un alza general en donde el pago mínimo sería el costo posterior al alza, la meta sería disminuir el costo de matrícula para aquellos sectores más desaventajados utilizando el costo actual del crédito.
Ante un país cada vez más desigual, pretender que las personas de bajos recursos paguen exactamente lo mismo que personas pudientes es sobrecargar de manera injusta el peso social del pago de matrícula a los sectores más desaventajados. Quizás ese sea el mayor reto que tenemos al momento de articular nuestras propuestas frente un país cuya opinión pública gira fuertemente hacia la lógica empresarial.
Es cierto, bajo esta lógica la Universidad de Puerto Rico es sumamente ineficiente; lo que ocurre es que la misión de la universidad pública no responde al mercado. Tenemos la gran tarea, como juventud, de dejar claro que hay ciertos servicios indispensables, como la educación superior, que deben ser considerados derechos indispensables y que jamás deben responder a las empresas o a la lógica de ganancias.
En camino
Entonces, en lo inmediato ¿qué? Al día de hoy el movimiento estudiantil en Río Piedras lleva tres plenos en las costillas. Ante una masa de estudiantes nuevos y nuevas, preocupadas y ansiosas ante un futuro incierto que se acerca, la meta es organizar y accionar. Ni en un pleno estudiantil, ni en un semestre se podrá tener todas las conversaciones políticas necesarias para la salvación del País, ni debemos aspirar a ello. Una persona común no tolera un espacio de tres horas de discusión política cuando tiene un trimestre encima y, probablemente, un trabajo para subsistir.
El autor también exhorta a mantener la lucha por la continuidad de la Universidad pública. (Archivo Diálogo)
Sin embargo, sí hay una base inmensa de personas que están inconformes con su presente y que tienen ganas de actuar. De la misma manera que tenemos retos políticos a los cuales asumir, tenemos retos organizativos que son indispensables resolver antes de que se nos caiga la guagua.
Previo a culminar, dejo claro que el análisis del presente escrito se circunscribe a experiencias vividas en el pasado y el presente desde la perspectiva de un estudiante del Recinto de Río Piedras. Ciertamente, hubo una multiplicidad de experiencias de las cuales no viví, pero que son imprescindibles para entender el proceso. Esa es una de las aspiraciones de esta reflexión, dialogar la huelga vivida desde la multiplicidad de experiencias alrededor del País.
Llegarán nuevas caras, nuevos procesos y nuevas esperanzas para construir un futuro distinto. Cuentan conmigo, como con todos y todas que vinieron antes para asumir nuestras respectivas tareas. A un año de la huelga, seguimos en pie de lucha.
