“En desacuerdo”, “indeciso”, “me da igual” así se expresaron varios ciudadanos entrevistados por Diálogo, como parte de un sondeo informal acerca del plebiscito pautado para este año. Muchos de los entrevistados hicieron hincapié sobre “la pérdida de dinero” que implicaría llevar a cabo la gestión.
Por otro lado, un 25% de los participante -de una veintena de personas consultadas por Diálogo– asumieron una postura fija en cuanto a la celebración del plebiscito:
“Se debe tomar en cuenta la opinión del pueblo”, “la estadidad va a ganar” y “entiendo que ya era hora, estoy completamente de acuerdo”, eran algunas de las expresiones de aquellos que estaban a favor de la gestión plebiscitaria.
El Informe presentado por el Grupo Interagencial de la Casa Blanca recomienda que el Congreso y el Presidente apoyen los resultados de los plebiscitos sugeridos por el Gobierno de Puerto Rico. El Gobernador señaló que se llevarán a cabo dos consultas, una este año y la próxima en el 2013. No obstante, el primer plebiscito no incluirá el Estado Libre Asociado como alternativa de status.
“Para todos los efectos, ese llamado plebiscito, hasta ahora no es más que un referéndum; no es más que una consulta de opinión: una gran encuesta”, advierte el Doctor Jorge Benítez Nazario, profesor de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras.
El profesor indicó que se trata más bien de un ejercicio de participación sin consecuencia, pues al no contar con el compromiso del Congreso ni la participación de varios grupos políticos que se han expresado en contra de la gestión, el plebiscito pierde legitimidad. No obstante, la celebración de un plebiscito podría aportar al desarrollo de nuevos grupos políticos, añadió Benítez.
Por su parte, varios de los encuestados por Diálogo sostienen que existen problemas más urgentes y apremiantes que el estatus político de la Isla.
Asímismo, el Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CEN), Sergio Marxuach, explicó que llevar a cabo un plebiscito en el contexto económico actual “desviaría la atención de asuntos importantes como el estado de la economía – que todavía está en contracción desde hace cinco años, la pérdida de empleos, y el problema del sistema de retiro”.
“Ciertamente el problema del estatus es uno de los problemas fundamentales de Puerto Rico, me parece que a través de los años, los partidos políticos han concentrado gran parte de la discusión en la situación del estatus, dejando al margen otras situaciones que son igualmente importantes para garantizar la calidad de vida de nuestra sociedad”, expresó Luis Jorge Rivera Herrera, científico ambiental.
“Si no logramos garantizar la conservación de nuestros recursos naturales, Puerto Rico no va a ser viable como estado, como estado libre asociado, república asociada o cualquier fórmula de estatus”, recalcó el ambientalista.
“Puerto Rico está en su sexto año de recesión económica”, indicó el profesor Carlos Colón De Armas, catedrático de finanzas de la UPR, aunque recalca que la situación del estatus debe resolverse en cuanto antes, independientemente de los costos.
Por su parte, Marxuach advierte a que “enfocarnos en toda esta cuestión del estatus y el plebiscito en este momento es tal vez lo peor que pudiéramos hacer desde un punto de vista de política económica”.
Mientras se cuestiona la validez del plebiscito a partir de las opciones que incluye y del contexto económico de donde surge, Benítez sugiere que se podría tratar de una estrategia política.
"Desde el punto de vista de los miembros de la directiva del Partido Nuevo Progresista, es una manera para ellos adelantar su causa. Nada más. Posiblemente desviar la atención de un proceso electoral donde el partido de gobierno no está bien parado en esa contienda, una manera de desviar la atención hacia el “issue” ideológico”, analizó el profesor.
Finalmente, Rivera Herrera añadió que "lo importante de cualquiera de las fórmulas de estatus que decidamos escoger es que nos lleven a tener una ciudad mucho más justa, con un índice de calidad de vida razonable para todo ciudadano, oportunidades de progreso y convivencia sana entre cada ciudadano”.
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