Entre el revuelo mediático que ha causado todo lo relacionado con el Paro General del pasado 15 de octubre: Don Rafael Cancel Miranda y sus palabras al micrófono; Calle 13 y su vocabulario; la Fuerza de Choque y los estudiantes en el medio de la autopista Luis A. Ferré; se ha dejado pasar un detalle que sonó con menos estridencia en la oreja pública: la recolección de material audiovisual de los manifestantes por parte de la Policía. Según se difundió en los medios, el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, aceptó que se recopiló evidencia fotográfica durante el Paro, pero descartó la ilegalidad de la acción argumentando que “levantar inteligencia criminal no es delito”, contrario a levantar “inteligencia por afiliación política”. Añadimos a este escenario, el hecho de que varios de los policías/ fotógrafos no estaban identificados como la ley lo exige: con su número de placa visible. Incluso, varios periodistas de Diálogo, durante la cobertura de la actividad que aglutinó a más de 150 mil personas, pudieron advertir cómo oficiales de la Unidad de Operaciones Tácticas escondían su número de identificación, mientras se dirigían a toda prisa a la vía, movilizados por la situación tensa en la que manifestantes tomaron ambos lados de la autopista provocando una fuerte congestión de tránsito en las direcciones de Caguas y San Juan. Sobre este asunto, el profesor Efrén Rivera, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recordó a Diálogo que a partir de las vistas del Cerro Maravilla (1983-84), se hizo público la existencia de material privado y personal que la Policía recopiló de personas vinculadas con la ideología independentista. Más tarde, en 1992, el Tribunal Superior de San Juan en una decisión, ratificada luego por unanimidad en el Tribunal Supremo, declara ilegal la práctica de fichar y espiar ciudadanos por sus ideas políticas.
Los oficiales pueden grabar actos públicos o la escena de un crimen, lo que hay que cuestionar es “qué se hace con ese material fílmico. Se tiene que preguntar el fin, porque podría ser la continuación del carpeteo”, sentenció Rivera. Por su parte, Figueroa Sancha admitió que, en este caso, hay recopilación de pietaje pero para obtener una supuesta “inteligencia criminal”. Mas, ¿qué quiso decir el Superintendente de la Policía con inteligencia criminal? Sobre el particular, Diálogo conversó con el licenciado Vance Thomas, Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC). “Sinceramente, no sé qué quiso decir, (su expresión) es muy general, ambigua, vaga”, confesó el abogado de la CDC. Asimismo, el ex Decano de Derecho sostuvo que las declaraciones de Figueroa Sancha podrían apuntar a la presunción de que a quienes se graba son criminales. Para el académico quizás las alegaciones son “un intento de criminalizar actividades (como el Paro General)”, donde la gente expone reclamos y se muestra en contra de las políticas del Gobierno. Thomas contó que durante la Asamblea del Pueblo, de junio pasado, observadores de la CDC identificaron a policías que, con videograbadoras, filmaban a los manifestantes, además vieron que algunos oficiales no portaban sus placas. Estos hechos provocaron que la Comisión enviara una misiva al Superintendente de la Policía exigiéndole copia del reglamento que autoriza la práctica de grabar y el protocolo a seguir con el pietaje. Figueroa Sancha respondió al reclamo, haciendo referencia a una cláusula de la Ley Orgánica, o como el Director Ejecutivo dijo, una “cláusula zafacón”, que dice que “la Policía realizará todo lo que no está contemplado en la Ley que sea inherente al ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, “el punto de vista de la Comisión es que esto no es suficiente”. Según Thomas, aquí se está grabando “sin ton ni son, (incluso) en ausencia de la inminencia delictiva. ¿Cuál es el propósito de que el Estado grabe, si la gente sólo está ejerciendo su libertad de expresión?”. Cuando hace unos meses se hizo público que oficiales del municipio de San Juan grababan intervenciones con ciudadanos durante actividades de esparcimiento en la Placita de Santurce, Hilton Cordero, Comisionado de la Policía capitalina, tuvo que desautorizar la práctica ante la ausencia de un protocolo para el manejo de las imágenes filmadas. Antecedentes en Nueva York En la ciudad de Nueva York, una decisión de la Corte Federal de Distrito del condado de Manhattan (en febrero de 2007) resolvió que la Policía no podría recopilar videograbaciones de personas que estén ejerciendo su libertad de expresión sin violar ninguna ley. Este fallo se dio en el contexto de una manifestación en Harlem y de una protesta de deambulantes frente a la casa del alcalde nuyorquino, Michael Bloomberg. En ambas movilizaciones, algunos oficiales de la ciudad levantaron material fílmico sobre las actividades de los manifestantes. Gracias a estos incidentes, en la ciudad de los rascacielos se establecieron unas guías que clarifican cuándo y bajo qué condiciones la Policía puede grabar. Thomas explicó la urgencia de crear un protocolo en Puerto Rico, similar al de Nueva York, que indique el procedimiento para disponer del material filmado por los agentes. Por su parte, Rivera manifestó que compilar este tipo de data de personas que ejercen sus libertades civiles, sin la comisión de delito, constituiría una acción inconstitucional. El Director Ejecutivo señaló que la pieza normativa que se redacte debe indicar quiénes son los policías que grabarán; que los que sean empleados para esa labor, tengan un conocimiento y ciertos criterios de sensibilidad, para discernir qué tomar o qué no. Además, en el protocolo se tiene que establecer que la captura de imágenes será para documentar acciones delictivas, por lo que la intervención policial debe estar justificada. Añadió que se deberá especificar qué se hará con el material audiovisual reunido, así como el término razonable para usar la cinta recopilado. El letrado de la CDC entiende que debe existir una comisión con la participación de ciudadanos independientes que examinen lo que filma la Policía. Que no haya en el País un protocolo es “una práctica peligrosa del Estado, es como darle un cheque en blanco a la Policía”, pronunció Thomas. Vea el video tomado por un miembro del equipo de Zona Franca/Rojo Chiringa que exhibe cómo un policía grababa a manifestantes durante el Paro Nacional. El Centro de Medios Independientes de Puerto Rico (www.indymediapr.org) colaboró para la transmisión en vivo de este material: http://qik.com/video/3212843 Micro-documental de Diálogo en un día de Paro Nacional
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
