Escuela de Derecho UPR recibe donativo para asistencia legal

La Sección de Desarrollo Económico Comunitario y Autogestión de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico recibirá una nueva aportación anual de $25,000 durante los próximos cinco años gracias a la Fundación Carvajal.

“Desde el 2012 la Fundación Francisco Carvajal ha auspiciado la Clínica de Desarrollo comunitario que forma parte de la Clínica de Asistencia Legal en la que estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), participan ofreciendo sus servicios gratuitos a organizaciones de base comunitaria. Ha sido una enorme satisfacción para la Junta de Directores de nuestra Fundación apoyar este programa de iniciativa comunitaria que busca empoderar a las comunidades desventajadas y aliviar la pobreza en nuestro país al promover la autogestión”, expresó Ángel Rivera, uno de los miembros de la Junta de Directores de la fundación, en un comunicado de prensa.

Además, compartió que le causa orgullo ver a estudiantes que están por culminar su grado de Juris Doctor ofreciendo servicio de asesoría legal, de forma gratuita, a personas de escasos recursos que de otra forma, no tendrían acceso a servicios legales. 

La decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, manifestó que “en momentos de retos para la Universidad de Puerto Rico, esta donación es un oasis que nos permite continuar ayudando a las comunidades por lo que agradecemos el compromiso de la Fundación Carvajal con la Clínica de Asistencia Legal de la UPR”.

Además, señaló que por la manera como se ha creado el contrato con la Autoridad de Tierras, es un precedente novel, un logro conjunto donde la comunidad Villa Esperanza hizo historia al tener la oportunidad de optar por adquirir el terreno donde se ha desarrollado esta comunidad en Toa Alta.

El estudiante de la clínica, Christian Ríos manifestó que el trabajo con la Comunidad Villa Esperanza los ayudó a sensibilizarse, a crear conciencia social y a entender que la profesión de abogado tiene también un aspecto político en la colaboración, el apoderamiento de las comunidades y al ver la discusión dentro de un ambiente de democracia participativa.

El propósito de este servicio es ofrecer asesoría legal a las juntas comunitarias, organizaciones vecinales y otras organizaciones de base comunitaria a través del todo el país para facilitar el pleno desarrollo de iniciativas y microempresas que alivian la pobreza y sirve de modelo de autogestión y desarrollo económico para otras comunidades.

Según la directora de exalumnos, Amarilys Ortiz Medina, la grave situación de pobreza que por más de 10 años ha afectado a los sectores de la población puertorriqueña, va dirigido a las personas desventajadas económicamente las que más sufren los efectos negativos e inciertos de la crisis financiera que afecta a Puerto Rico. Los efectos negativos se manifiestan en pérdida de viviendas, pérdida de la salud, educación deficiente, falta de seguridad y aumento del crimen, entre otras.

Para paliar esta situación, en el país se han desarrollado programas dirigidos a personas residentes en comunidades desventajadas conducentes a la autogestión, el micro empresarismo y autoempleo como lo son el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón y las ocho comunidades que integran el G-8 aledañas al Caño Martín Peña que han contado con la colaboración de la Clínica de Asistencia Legal por los pasados 10 años. El apoyo a estas comunidades les ha permitido perseverar en la consecución de justicia ambiental, el desarrollo de viviendas asequibles, desarrollo social y económico.

Otro de los ejemplos en el que los estudiantes de la Clínica de Desarrollo Comunitario han colaborado es el trabajo de asesoramiento legal realizado en Villa Esperanza, una comunidad de 130 familias compuesta mayormente de menores y donde el 45% de los hogares está dirigido por mujeres que viven en extrema pobreza.

Como parte del trabajo realizado en los pasados cuatro años, los estudiantes  han tenido la oportunidad de educar a la comunidad en aspectos legales, desde lo que es un emplazamiento en casos de demandas judiciales, desahucios, manejos de una corporación sin fines de lucro, rendición de informes, reglamentación, la organización comunitaria y la redacción de comunicaciones dirigidas a agencias gubernamentales que les ayuden a resolver su precaria situación.

Su logro más reciente  fue la formalización de un contrato de arrendamiento con opción a compra con la Autoridad de Tierras. Este contrato les permite realizar obras de infraestructura y continuar con gestiones de financiación y garantías para comprar finalmente el predio de terreno donde viven.

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