El arresto de la estudiante Camila Rodríguez Estrada, quien se negó a mostrar su identificación a los guardias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de RíoPiedras (UPR-RP), para algunos no representa un acto acorde a la manera operacional de las políticas del Recinto. Mientras otros, incluso la Administración universitaria, observan el suceso como un acto de preservación de la seguridad en los predios de la Institución.
Varias universidades como la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Yale en Connecticut y la Universidad de Harvard en Massachusetts, entre otras, son abiertas al uso público. Ya sea para caminar a través de ella, llegar de un extremo de la ciudad a otro, ubicarse en una cuadra más rápido o simplemente la utilización de algún recurso bibliotecario; los campus universitarios representan una franja ciudadana a menudo utilizada por el colectivo. Sin embargo, la UPR-RP pareciera no seguir esos patrones.
Y es que, el campus riopedrense ha permanecido con portones de seguridad por un periodo aproximado de más de cuatro décadas. No obstante, luego de los movimientos de huelga que experimentó el Recinto en 2010, la Administración decidió removerlos y crear nuevas estructuras de acceso controlado.
Para el ex presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras, Omar Ramírez, en ese momento la acción significó “poner en juego la vida, la propiedad de los compañeros estudiantes que viven y estudian en el recinto de Río Piedras”.
Mientras que, el profesor y ex director del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE), Juan Giusti, opinó que la Administración no tomó las precauciones necesarias para eliminar los portones y llamarse un “recinto abierto” de manera responsable.
Según el profesor, al momento de eliminar los portones del Recinto de Río Piedras, nunca se tomó en cuenta la opinión de la comunidad. De igual modo, no se tomó en cuenta CAUCE en el proceso. La meta de CAUCE, detalló Giusti, es servir de espacio para estrechar lazos con la comunidad de Río Piedras con el fin de la revitalización de la ciudad universitaria.
Giusti, quien lleva a cabo investigaciones en torno al tema de recinto abierto, explicó que la Universidad, junto con el Municipio de San Juan, debió tomar en consideración la reestructuración y reponderación de aquellos edificios abandonados y en desuso que se encuentran alrededor de la Institución.
Gran parte de estas estructuras abandonadas funcionan como hospitalillos o refugios para personas sin hogar. Asimismo, Giusti indicó que otro factor que se debe atender para poder gestionar un recinto abierto es tratar de buscar soluciones a la cantidad de deambulantes y personas sin hogar que hay en las áreas adyacentes al Recinto. También enfatizó que se debe analizar a profundidad el horario de los negocios dirigidos a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la Avenida Universidad. Estos comercios funcionan como puntos de encuentro cultural claves para la vida estudiantil fuera del salón de clase. Sin embargo, en dichos espacios se han registrado múltiples delitos que afectan la experiencia universitaria, la percepción de la zona y la comunidad riopedrense.
Otra área que no se tomó en consideración, según Giusti, a la hora de pensar la UPR-RP como un campus abierto, fue la seguridad en el casco urbano. ¿Cuál es el número de policías disponible para el manejo de la seguridad en Río Piedras? ¿Cuántas patrullas y equipo tiene disponible el Municipio para llevar a cabo sus rondas preventivas? ¿Qué aportaciones puede hacer la seguridad universitaria a la par con la Policía de Puerto Rico y viceversa? Son algunas interrogantes que saltan a la vista cuando se habla de un plan de recinto abierto.
Según una fuente de Diálogo, que prefirió no identificarse, en la actualidad la Policía Municipal de San Juan no tiene un sistema de estadísticas criminales de calidad que les provea la asistencia para implementar un plan de trabajo o de sondeo adecuado. Aún más, según las investigaciones de Giusti, la cantidad de policías destinados a la zona de Río Piedras no es acorde con la cantidad de actos delictivos que se reportan en y fuera de los espacios que comprende la Universidad.
UPR en zona de alta incidencia criminal
Los crímenes Tipo 1 que se reportan en Río Piedras podrían ser un obstáculo para la elaboración de un recinto abierto de excelencia. Entre los delitos Tipo 1 se encuentran homicidios, violación por la fuerza, robo, agresión agravada, daño a la propiedad, escalamiento, apropiación ilegal y hurto de auto.
Para estos delitos, la Policía de Puerto Rico utiliza un sistema de organización en donde divide los municipios en distintos precintos. El precinto al que pertenece la UPR de Río Piedras es el numero 162. Dentro de este precinto, los sectores con mayor incidencia criminal son los 155, 156 y 157, los que responden a las tres áreas más cercanas de la UPR-RP.
El sector 155 abarca la Urbanización Santa Rita, la Urbanización Cabrera y la Avenida Universidad. Mientras que, el sector 156 –al que pertenece el campus riopedrense- está delimitado por la avenida Jesús T. Piñero, la Avenida Barbosa, la Calle Tabanz y la Calle Saldan.
Y, finalmente, el sector 157 cubre las urbanizaciones de Santa Ana, Hyde Park, University Gardens, Villa los Olmos, Jardín Metropolitano, Villa Nevárez, Antonsanti y la Urbanización Caribe, que colinda con la Avenida José De Diego. Estos tres sectores reflejan un alza en la incidencia de escalamiento, robo y apropiación ilegal, que en ocasiones se dan a tempranas horas de la tarde, según las estadísticas.
La mayor incidencia en el precinto 162 es la apropiación ilegal, entre otros crimines como robo, escalamiento, asesinatos y acoso sexual, entre otros.
Según indicó a Diálogo un oficial de la UPR-RP, que pidió no ser identificado, paralelo a la apertura del Recinto, se establecen puntos de seguridad en todos los portones de la Universidad ininterrumpidamente.
Esta dinámica permitirá proveer la seguridad necesaria y el monitoreo específico durante ciertas horas de la noche. Sin embargo, necesita mayor inversión económica para la Institución, que apenas comienza un proceso de recuperación de una crisis financiera.
Otra medida que se pretende emplear es proveer "beeper" o tarjetas magnéticas a estudiantes de la Universidad con el propósito de brindarles acceso exclusivo a las áreas de estacionamiento u otras instalaciones del Recinto.
Asimismo, la seguridad universitaria toma en consideración la ley de “Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act”. El Acta de Jeanne Clery requiere que toda institución de educación superior debe proveer información sobre actos delictivos ocurridos en los predios universitarios y áreas adyacentes.
La página de web del Recinto pone en práctica esta ley, emitiendo boletines de alerta por parte de la seguridad universitaria. Esto consiste en suministrar boletines informativos sobre los acontecimientos afines con los crímenes que ocurren en el Recinto. No obstante, según se observa en la página de la Universidad, no se provee información de eventos ocurridos en edificios cercanos al recinto y pertenecientes al mismo, como el edificio Turabo (donde residen estudiantes y profesores), el edificio Puerto Rico (donde viven varios profesores retirados) o Plaza Universidad, entre otros.
Además, se omiten situaciones acontecidas en las residencias estudiantiles en zonas claves como Santa Rita, Hyde Park o la Urbanización Santa Ana. De no cumplir con esta ley, la Universidad podría verse multada con cifras que pudiesen ascender a $27,500.
Ante este panorama, organizaciones estudiantiles mantienen una petición para que se analice a profundidad el plan de universidad abierta, así como los nuevos lineamientos de seguridad y acceso al recinto riopedrense de la UPR.
