Estado de emergencia académica y el estado de excepción económico en la UPR

La asamblea de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC) ha declarado esta semana un estado de emergencia académica tras el estado de excepción económico que impulsa el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) el cual pretende recortar unos $300 millones del presupuesto en el sistema universitario estatal. La situación empeora en la medida en que la nueva presidenta interina de la UPR Nivia Fernández Hernández – como ha reseñado Diálogo –, se ha allanado a la lógica neoliberal impuesta por la JCF.

Según la moción aprobada en la asamblea, el “estado de emergencia académica” declara que “…queda toda actividad del salón de clases inmediatamente suspendida hasta el martes 28 de febrero de 2017, y los profesores y la administración universitaria quedan ampliamente convocados y emplazados a reunirse con el estudiantado para la redacción y análisis de informes y propuestas durante este espacio de emergencia en el cual se aspira al mayor llamado que le correspondiera a la academia: su deber social. Toda actividad administrativa y de apoyo universitario continuará como de costumbre, a fin de que se suplan los debidos recursos para la formulación de propuestas y se pueda continuar sobre la construcción de la Universidad”.

El estado de excepción económico se refiere principalmente a la suspensión de aquellas disposiciones que por derecho reconocen a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como una entidad social y pública cuyo financiamiento estatal permite el acceso a una parte significativa de la población (tomando en cuenta que cerca del 50% del país y que más de medio millón de niños y jóvenes viven bajo niveles de pobreza).

Este estado de excepción económico y la suspensión de esas disposiciones buscan provocar una situación adversa a la Universidad que legitime, a su vez, los recortes mediante los siguientes dispositivos:

por medio de discursos e intervenciones mediáticas se busca fomentar opinión pública que favorezca la posición de la JCF y la del gobierno;
se intenta reproducir el discurso fortuñista que declara el acceso a la educación superior como privilegio;
se intenta producir un lenguaje que parta de la crisis y de los recortes al gasto público como única alternativa o solución a la llamada crisis fiscal; y
se hace uso de un discurso que invoca la lógica schmittiana del amigo/enemigo catalogando al estudiantado y profesorado que es crítico a los vaivenes del poder autoritario como enemigos a ser superados (Véase el lenguaje político utilizado en el informe conocido como Golpe de Timón para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21 que fuera encargado por el entonces gobernador Luis Fortuño y hecho público en diciembre de 2011) .

Por otro lado, el estado de emergencia académica busca suspender el estado de excepción económico mediante la acción participativa. La consigna incoada por el estudiantado es #cerrar para abrir #cerrar para construir. Este estado de emergencia académica buscaría, de facto, entrar al juego de poder con el fin de suspender permanentemente el estado de excepción.

A las prácticas autoritarias de los recortes se antepone una acción sui generis que cuestiona algunos de los paradigmas de movilización y resistencia política en la Universidad. Hay, de forma subyacente, una crítica a la política de los portones y del piquete: se busca superar el mero momento dialéctico, de mera negación que caracteriza esas resistencias sociales espontáneas; se niega pero se propone al mismo tiempo – es lo que el filósofo de origen francés Alain Badiou llama una dialéctica afirmativa.

La estrategia estudiantil solamente tendrá éxito si logra intervenir y disputar esa relación de poder que la máquina estatal ya ha comenzado a circular mediante las cuatro estrategias arriba mencionadas. Es decir, su éxito radica en la capacidad de sustituir el paradigma neoliberal de los recortes, la privatización y el individualismo extremo por el paradigma alternativo de lo común.

Quedará por ver si en el transcurso de los próximos siete días la moción aprobada tiene la capacidad de generar una esfera afirmativa que supere la mera negación (que es muy propia de nuestras luchas). Se hace necesario, de este modo, recuperar algunos de esos legados de la Huelga Estudiantil de 2010: la mejor propuesta/afirmación no es necesariamente la que se plasma en un papel por escrito, sino que es aquella que surge de la propia performatividad política de los movimientos.