Son pocos los gobernantes que llegan al poder con prisa por cumplir sus promesas de campaña, tal como lo ha demostrado Ricardo Rosselló Nevares.
Durante el periodo electoral, Rosselló Nevares prometió -entre otras cosas- elaborar un sistema ágil de permisos para el desarrollo de infraestructuras y un nuevo modelo energético.
Tan pronto asumió el mandato del país, y al amparo de la Ley 76 del 2000 -que fue creada y aprobada bajo el gobierno de su padre, Pedro Rosselló González-, Rosselló Nevares declaró que la infraestructura del país se encontraba en estado de emergencia.
Su declaración, según lo establece la Ley 76, tendrá una vigencia de no más de seis meses. Durante ese tiempo, una serie de proyectos vinculados mayormente con propuestas de construcción, que el mandatario detalla en la Orden Ejecutiva para Activar las Disposiciones de la Ley 76-2000 (OE-2017-003), deberán ser aprobados de manera casi inmediata. Esto ya que no pasarán por el cedazo de la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico ni de la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico. Los proyectos serán atendidos por el Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental Vía Acelerada, según indica la orden ejecutiva firmada por Rosselló.
Además, no habrá que anunciar el proyecto por más de un día, no habrán vistas públicas ni participación multisectorial en el proceso.
Los proyectos de infraestructura que el “Subcomité” deberá aprobar estarán relacionados con la producción de energía renovable, el manejo de desperdicios sólidos, mejoras a la red de comunicación terrestre y mejoras en el sistema de transporte marítimo de Vieques y Culebra.
También, estarán dirigidos a mejorar el sistema de acueductos y alcantarillados, construir un nuevo embalse, construir nuevas escuelas y hospitales, rehabilitar espacios abandonados, crear nuevas instalaciones de telecomunicaciones y desarrollar sistemas para atender la seguridad y la salud pública.
Asimismo, se deberá comenzar el establecimiento del Puerto Las Américas y muelles turísticos en Ponce, Ceiba y Mayagüez.
A pesar del crítico panorama fiscal que enfrenta la mayoría de las corporaciones públicas, “es prioridad del Estado establecer proyectos de infraestructura”, lee la orden ejecutiva. En el documento, el mandatario indica que el desarrollo de estos proyectos activará la economía y fomentará el turismo en el país. Por lo tanto, es inminente que se atiendan con celeridad.
Diálogo auscultó con dos reconocidas especialistas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sobre el posible impacto de esta orden en el desarrollo del país y su necesidad. ¿Creen que fue un acierto del gobernador declarar en estado de emergencia la infraestructura en Puerto Rico?, preguntó este medio a la geógrafa marina Maritza Barreto y a la economista y planificadora Martha Quiñones.
“Sí, está en el acierto de poner las infraestructuras en estado de emergencia porque las infraestructuras en Puerto Rico lo están”, aseguró la doctora Barreto para quien la erosión costera acelerada, el aumento en el nivel del mar y otros efectos del cambio climático mantienen sumamente vulnerables a infraestructuras como las plantas generadoras de energía, los puertos, los aeropuertos, las plantas de agua, entre otros.
Sin embargo, partiendo de los proyectos que el gobernador propone para resolver el estado de emergencia, la doctora Quiñones señaló que “la crisis la está creando el Gobierno para justificar una serie de inversiones”. La economista y planificadora manifestó que “hay unas situaciones [de mantenimiento de infraestructura] que se van a dar, pero no ameritan una orden ejecutiva para decir que hay crisis”.
El mayor problema que ambas identificaron es que la orden de Rosselló Nevares puede dar paso al desarrollo de proyectos peligrosos para el ambiente y para las comunidades. Entre esos proyectos están las plantas de incineración y dos cogeneradoras de gas natural.
“Las estrategias de planificación que se vayan a acoger tienen que estar alineados con todos los documentos e instrumentos de planificación [de las distintas agencias ambientales reguladoras] porque si no vamos a repetir la historia y vamos a perder dinero”, comentó Barreto, profesora en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR.
Asimismo, Barreto advirtió que “el gobierno actual tiene que entrar a trabajar y generar ordenanzas ejecutivas y municipales y documentación de política pública que proteja la infraestructura de las zonas costeras y pueda evitar que se sigan construyendo estas estructuras de servicio que son tan importantes en zonas que están vulnerables”.
Por su parte, Quiñones planteó que los proyectos identificados por Rosselló Nevares “le van a pasar factura al pueblo de Puerto Rico”. Para la profesora, esto se debe a que la declaración de estado de emergencia es “simplemente para acelerar los procesos [de otorgación de permisos], para justificar y decirle a los inversionistas [extranjeros] que ‘vengan que como quiera les vamos a aprobar’”, según Quiñones, educadora en la UPR en Arecibo.
La planificadora fue enfática al decir que “eso es problemático porque puede causar más daños que beneficios”.
“Algunos de los proyectos podrían poner en riesgo la salud, el ambiente y otros elementos que no necesariamente generan las ganancias que ellos [el Gobierno y los inversionistas] quieren que se generen”, puntualizó.
