De los $266 millones en ingresos nuevos, $175 millones provendrían del aumento al costo de matrícula. (Archivo)
El plan fiscal revisado que la Universidad de Puerto Rico (UPR) entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado miércoles pone en peligro la integridad y la misión de la institución para con el país, y tampoco garantiza su estabilidad financiera a corto o largo plazo, opinaron expertos consultados por Diálogo.
De igual forma, el documento aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR deja fuera detalles específicos que resultan necesarios para evaluar con mayor grado de certeza el posible impacto de medidas tales como la consolidación administrativa de sus unidades, o el efecto del aumento en el costo de matrícula sobre la demanda que existirá por sus servicios en el corto y mediano plazo.
“El plan fiscal es un problema que resulta de la pobre política pública que ha sido responsable de una crisis fiscal y depresión económica que ya va por 11 años y que no ha procurado atender las causas verdaderas y por ende le imponen al país y a instituciones particulares el costo del ajuste”, señaló el economista Argeo Quiñones Pérez, al aclarar que la propia administración universitaria ha contribuido en parte a su crisis interna mediante el pésimo manejo de fondos para proyectos como la implementación del sistema de informática Oracle y la construcción de Plaza Universitaria en la década de 1990.
El plan incluye medidas de generación de ingresos que para el año fiscal 2023 ascienden a cerca de $68 millones, así como recortes y ahorros que para esa fecha superan los $130 millones. Esos cálculos cierran una brecha presupuestaria de $284 millones a unos $85 millones, por lo que —partiendo de la premisa de que todos los estimados del plan fiscal se concretizarán— la UPR deberá seguir realizando ajustes sobre la marcha para lidiar con el proyectado déficit acumulado de $281 millones durante la vigencia de este plan a cinco años.
Quiñones Pérez destacó que, en gran medida, el déficit presupuestario se debe al monumental recorte en las partidas del gobierno asignadas a la UPR, que para el 2023 representarán apenas un 45% de los fondos que la institución llegó a recibir durante la vigencia de la Ley 1-1966. La denominada Ley de la Universidad de Puerto Rico estipulaba que al principal centro docente se le asignaría cada año el 9.6% del promedio de los recaudos del fisco en los dos años previos.
Bajo las condiciones del plan fiscal del gobierno —acogidas en el plan universitario—, en los años fiscales 2022 y 2023 la UPR recibirá $496 millones en financiamiento gubernamental, entre dinero proveniente del fondo general y otras asignaciones.
De los casi $266 millones en ingresos adicionales que la UPR espera generar en los próximos cinco años, más de $175 millones descansan en los aumentos a la matrícula estudiantil, que verá el costo del crédito subgraduado ascender de $56 a $140 durante el transcurso del plan fiscal, y a los créditos de maestría y doctorado hacer lo propio de $140 a $200 y $250, respectivamente.
El documento igualmente contempla nuevos ingresos provenientes de aumentos a cuotas y cargos estudiantiles, un incremento sustancial en subvenciones federales y la monetización de patentes.
Sin embargo, a pesar de encarecer el costo por estudiar en la universidad del Estado, el plan no prevé una reducción significativa en el total de estudiantes matriculados a lo largo del próximo lustro.
Según el documento, para el año académico 2022-2023 habrá 51,188 estudiantes en la UPR, unos 6,632 menos que los actuales 57,820. La JCF ha proyectado que para esa fecha en la universidad estudiarán 41,000 alumnos, señaló el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, en una conferencia de prensa en la que defendió el plan fiscal.
“[El plan fiscal] está poniendo a prueba la elasticidad de la demanda. Se proyectan unos 6,600 estudiantes menos de aquí a 2023, una proyección que no es muy pesimista en este contexto”, dijo Quiñones Pérez, al tiempo que advirtió que la JCF tiene la facultad de “imponer” medidas de austeridad más severas.
¿Crees viable que la @UPR_Oficial cobre $115 por crédito?
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— Diálogo UPR (@DialogoUPR) March 21, 2018
Por otro lado, la UPR espera generar ahorros de sobre $50 millones anuales mediante el mecanismo de attrition, o “desgaste”, que según el plan fiscal permitiría eliminar 1,500 puestos de trabajo durante los próximos cuatro años entre áreas administrativas y no docentes y de profesores por contrato.
“Eso significaría que no habría una reducción de docentes con permanencia, pero eso no es lo que ha pasado en los últimos años”, sostuvo Quiñones Pérez.
Riesgosa la especialización
La reducción en personal sería posible a partir de la consolidación administrativa de las unidades y la especialización de los programas académicos.
En el transcurso del proceso de evaluación del plan fiscal por parte de la JCF se tendrá que determinar si la UPR adopta un modelo de tres conglomerados –con tres unidades cada uno–, en el que los recintos de Ciencias Médicas y Río Piedras mantienen su independencia; o uno de cuatro conglomerados, en el que Río Piedras encabezaría un conglomerado que también incluiría las unidades de Bayamón y Carolina.
En principio, cada recinto se especializaría en ciertas áreas académicas, lo que podría poner en riesgo varias de las principales fortalezas del sistema UPR.
“La gerencia de la UPR, en vez de aumentar el potencial de la universidad e invertir en sus recintos, está estrangulando el único recurso accesible que tienen los jóvenes puertorriqueños para profesionalizarse. En los últimos tiempos, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo, vemos que cada vez hay más estudiantes que se profesionalizan no en una, sino en varias especializaciones. Se gradúan de más de una facultad con múltiples concentraciones. La especialización [de los recintos] les estaría cortando esa posibilidad”, apuntó Nellie Zambrana, profesora en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras.
La catedrática mencionó específicamente el caso de la UPR Utuado “que tiene una oferta académica única en el Caribe”, pero que desde agosto de 2019 se convertiría en la sede de estudios agrícolas del Recinto de Mayagüez, eliminando sus programas subgraduados.
La especialización académica se lograría a través del cierre de decenas de programas de bachillerato. En el plan fiscal se indica que, de los 271 programas subgraduados existentes al presente, unos 168 (62%) cumplen parcialmente o no cumplen con las tasas de retención y graduación requeridas, por lo que corren el riesgo de ser reevaluados y eliminados.
“Las explicaciones para los programas que han tenido mermas son muchas. Muchas veces a estudiantes que están interesados en alguno de estos programas se les dice que están en pausa y no pueden tomar estudiantes y al cerrarle las puertas se crea una tormenta perfecta. En muchos casos no se ha hecho el trabajo de abrir puertas a programas que, aunque no tengan alta demanda, son áreas de alta empleabilidad. Hay que verlo con mucho cuidado. Hay programas que son únicos”, planteó Zambrana.
Por su parte, el también catedrático en Educación Roamé Torres lamentó la poca “transparencia” con la que la administración universitaria manejó el proceso de elaboración del plan fiscal, comparándola con la forma en que el gobierno llevó a cabo su reforma educativa.
“Vemos como Utuado básicamente se convertiría en una sucursal de [el Recinto de] Mayagüez, y quizás eso se justifica, pero no sabemos cómo funcionaría porque no dicen”, manifestó Torres.
“Es un momento de mucho peligro para la educación pública en Puerto Rico. Nos están dando por ambos lados, en la educación pública a nivel escolar y la educación pública universitaria”, dijo el exdecano de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras.
En muchos sentidos, dijo Quiñones Pérez, las decisiones que se están tomando en torno a la universidad, al igual que con el país en general, no obedecen a ningún principio de racionalidad económica, sino que “trascienden al plano ideológico”.
“El peligro de este proceso de consolidación y ajustes [en la UPR] es que está en manos de personas que no quieren el bien para esta universidad. No se ha utilizado el propio conocimiento de esta universidad, que es donde mayor concentración de talento hay en Puerto Rico, para elaborar un plan racional que atienda las verdaderas necesidades y permita a la institución cumplir con su función”, elaboró el economista.
“No podemos saber lo que están pensando. Están tan sumisos con la Junta de Control Fiscal que no consideran otras alternativas como el Plan Sostenible que propusieron profesores de Mayagüez. Obviamente hay que mirar la universidad y sus procesos pero no desde esta perspectiva de ajustes tan draconianos”, sentenció el catedrático Torres.
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