El Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) manifestó su oposición al plan de reorganización gubernamental que eliminaría el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), instrumentalidad que tiene a su cargo licenciar los centros de educación superior en el país.
La medida, anunciada la semana pasada, forma parte del proceso de consolidación de agencias que encamina la administración del gobernador Ricardo Rosselló y que fue viabilizada mediante la aprobación de la Ley de Nuevo Gobierno (Ley 122-2017).
La Middle States Commission on Higher Education (Msche) expresa claramente en su manual Standards for Accreditation and Requirements of Affiliation que para obtener la acreditación de esta instrumentalidad es necesario el otorgamiento de una licencia por parte de una agencia gubernamental como el CEPR.
“Es necesario que el señor gobernador conozca la importancia que tiene para nuestra universidad la acreditación y, más aún en tiempos donde, como universidad, buscamos reinventarnos y salir airosos luego del impacto tras el huracán María y de la situación fiscal que enfrenta la institución”, dijo Héctor Ortiz, presidente del consejo, a través de un parte de prensa.
“Si no poseemos una licencia vigente de una agencia de gobierno, las acreditaciones de agencias como la Msche y el Departamento de Educación federal (certificación de fondos federales) se verían seriamente afectadas y eso agravaría aún más el estado de situación fiscal que tiene la Universidad de Puerto Rico”, agregó el secretario del cuerpo estudiantil, Jorge Rivera.
Al eliminarse el CEPR, de acuerdo con el plan esbozado por la presente administración, sus funciones de licenciamiento serían suprimidas y el Departamento de Educación asumiría la responsabilidad de mantener un registro tanto de las instituciones de educación superior como de las escuelas privadas de nivel primario y secundario.
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