Cuestionamientos sobre los criterios que se tomaron en consideración para los ajustes propuestos y un llamado a la transparencia fue el resultado de la reunión que sostuvieron ayer representantes estudiantiles de las once unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández.
Y es que, en un acto de “cumplir” con los estudiantes, la administración universitaria —por conducto de la vicepresidenta en Asuntos Estudiantiles, Nitza Hebe Rivera— les entregó un documento de 15 páginas bajo la premisa de que eran los anejos que estos habían pedido. Una vez en sus manos, vieron que eran las últimas 15 páginas del borrador del plan fiscal que circula públicamente desde el miércoles.
El documento, en síntesis, propone ajustes operacionales de $111 millones que, sumados a los $31 millones que generaría una matrícula ajustada a los ingresos, alcanzaría los $142 millones para el próximo año fiscal 2017-2018. Una versión de este debe integrarse al plan fiscal que el gobierno debe entregar el 28 de este mes a la Junta de Control Fiscal (JCF).
La UPR debe reducir su presupuesto operacional en $300 millones para el 2019, de acuerdo con la propuesta de la JCF planteada en enero. El ente federal espera una versión final del plan fiscal de la UPR para el 31 de marzo.
“En la reunión se hizo una solicitud de los anejos del borrador del plan fiscal, porque no se puede entender este si no se tiene de dónde salió la información”, explicó la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Wilmarí De Jesús Álvarez.
“Lo que nos entregaron fue un documento de 15 páginas que ya estaba contenido en el plan fiscal, que no tienen información detallada de cuál fue la lógica para llegar a las sugerencias de ese borrador”, agregó la líder estudiantil.
Según los estudiantes, o no se ha querido compartir esos anejos o simplemente no existen.
“Lo que entendemos es que la administración universitaria no tiene una explicación de esas decisiones. [El criterio] ha sido conversaciones que ellos han tenido, llegaron a unas conclusiones y eso es lo que pusieron en las tablas. Estamos pidiendo que nos den la lógica para llegar a esas conclusiones [del borrador] y cómo eso es una decisión razonable para el futuro de la universidad”, sostuvo Pedro Rodríguez, representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.
“Nosotros como representantes estudiantiles no podemos discutir responsablemente el borrador del plan fiscal si no tenemos los anejos”, sumó.
Rodríguez aclaró que los miembros de la Junta de Gobierno –organismo del que forma parte– no han recibido todavía el borrador del plan fiscal que se filtró el miércoles, por lo que cabría la posibilidad de que sea uno distinto al que se discute actualmente.
Por esta razón, los estudiantes mantienen sobre la mesa la solicitud para recibir los anejos. De igual modo, solicitaron a Fernández transparencia en el proceso, recabando que la redacción del borrador no contó con participación estudiantil.
En disenso amigable la APPU
Aparte del sector estudiantil, la presidenta interina también se reunió con miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).
“Fue una reunión bastante amigable. Sin embargo, sostenemos que estamos en contra de la reducción presupuestaria. Nosotros incluso le planteamos que estamos en contra de la propuesta del plan fiscal que ella ya ha sometido”, expresó Javier Córdova, vicepresidente de la APPU y profesor de la UPR en Arecibo.
Córdova basó la oposición del profesorado a los recortes propuestos en que desde el 2014 se han perdido $348 millones por la congelación de la fórmula producto de la Ley 66, y que se extenderá hasta el 2021 por la Ley 3. Otro recorte más sería “devastador”, dijo.
Entre los acuerdos que llegaron la APPU y la administración universitaria se encuentra la participación –por primera vez– en la negociación de los planes médicos de los empleados docentes y no docentes, y la investigación conjunta de las partidas que agencias gubernamentales le deben a la UPR.
“Estamos conscientes que debe haber procesos de reestructuración y procesos de reforma universitaria y siempre lo hemos reclamado, pero eso debe surgir de la propia comunidad universitaria, y no que se le imponga externamente, como es decir que la UPR tiene que recortar $300 millones, un número sacado de la manga”, manifestó Córdova.
