Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (INTER), representada por organizaciones estudiantiles, redactó y suscribió una misiva en repudio a las más recientes resoluciones emitidas por la mayoría del Tribunal Supremo, calificándolas como “un golpe al ordenamiento constitucional democrático”.
“El Juez Presidente por virtud del mandato constitucional expreso en el Artículo III, Sección 7, ordenó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) a realizar una investigación en cuanto al uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial. En respuesta a esto, los jueces asociados del Tribunal Supremo emitieron dos resoluciones: una para establecer nuevas reglas para comenzar cualquier investigación independiente que realice la OAT y otra para designar nuevos miembros de la nueva Comisión de Investigación Independiente del Tribunal Supremo. Ambas resoluciones redactadas con el propósito manifiesto de impedir al Juez Presidente ejercer el poder administrativo que le fue otorgado expresamente en nuestra Constitución”, lee parte de la misiva firmada por los presidentes de organizaciones estudiantiles de la Facultad de Derecho de la INTER.
En relación a la facultad constitucional del Tribunal Supremo para adoptar reglas para la administración de tribunales los jóvenes expresan que “aunque la Constitución le da el poder al Tribunal Supremo para adoptar las reglas para la administración de los tribunales, “se ha ignorado impúdicamente por parte de la mayoría del Tribunal Supremo el citar textualmente la última oración de la Sección 7 que dispone que “[E]l Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, que desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.
“Al no reconocer este precepto constitucional, la mayoría del Tribunal Supremo deliberadamente suprimió la independencia administrativa conferida al Juez Presidente por mandato constitucional. Vale recalcar que incluso, desde la Convención Constituyente, había virtual unanimidad en evitar alguna administración colegiada, lo que se pretende realizar con ambas resoluciones. Nos es doloroso señalar cómo la voluntad del pueblo puertorriqueño se ha visto mancillada”, añaden.
Asimismo, los estudiantes, entienden que es indudable la facultad constitucional del Juez Presidente a los fines administrativos del Tribunal. Sobre todo nos es incomprensible e inaceptable que la mayoría que compone nuestro Tribunal Supremo suprima la facultad constitucional del Juez Presidente, actuando así en contravención a la Constitución que juraron proteger y defender.”
Por su parte, el presidente del Movimiento Pro Justicia Social, Imanol Caballero indicó que se debe “salvaguardar el esquema constitucional democrático de gobierno. El Tribunal Supremo de nuestro país, es la institución que debe mantener con vida cualquier esperanza de encontrar justicia. Tronchar la esperanza de justicia lacera la legitimidad misma de nuestro Tribunal Supremo”.
Mientras que, el Presidente del Consejo de Estudiantes de la INTER, Iván Rivera, expresó que “es deber del Tribunal Supremo actuar con prudencia, transparencia y consenso, ya que su poder depende de la credibilidad que tengan entre el pueblo puertorriqueño.”
En sintonía con esto el estudiante de derecho Andrés Pérez añadió que “es triste que en el pasado el pueblo confiaba en la institución del Tribunal Supremo. Hoy día esa confianza se escapa como agua entre las manos.”
Con él coincidió la presidenta de Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental, Aurivette Deliz, manifestando que “no solo se están violando los derecho del pueblo de Puerto Rico, sino que se está menoscabando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial creando un vacío que será difícil de superar”
Los futuros abogados del país añaden categóricamente que “estamos obligados a preguntarnos, ¿cómo los futuros abogados y ciudadanos puertorriqueños podemos mantener la confianza en el Poder Judicial si desde su interior surgen atropellos y se usurpan poderes constitucionales ratificados por el pueblo? ¿Podrá existir alguna justificación constitucional para que la mayoría actúe fuera de los preceptos constitucionales vigentes? Ciertamente no. Peor aún, ¿qué mensaje se le da a los ciudadanos que algún día necesitarán la protección constitucional de sus derechos, cuando el Tribunal Supremo, llamado a interpretar las leyes y la constitución, no los protege? Exhortamos que siempre sea el norte del Tribunal Supremo de Puerto Rico llevar el orden constitucional democrático a su máxima expresión.”
