Cerca de diez estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPPRR) cabildearán mañana en la Asamblea Legislativa a favor del proyecto de ley 2883 de la Cámara de Representantes, que daría prioridad al capital humano de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para ofrecer servicios a las dependencias del gobierno.
Lo anterior representa la movida más reciente –sea del Consejo General de Estudiantes (CGE) o de los distintos grupos que componen el movimiento estudiantil– que se discutió hoy en la tercera Asamblea General de Estudiantes, celebrada en el Teatro Eleanor Roosevelt del campus riopedrense.
La asamblea fue de carácter informativa ya que no se logró el quórum requerido de 1,579, con poco más de 330 estudiantes presentes. En las pasadas dos, en marzo y abril, participaron más de 4,000 alumnos.
En su informe, Guillermo Guasp Pérez, presidente del CGE, indicó que al momento 16 legisladores –ocho de la Cámara y ocho del Senado – han confirmado que se reunirán con los estudiantes para discutir la medida, pero no descartan visitar las 62 oficinas restantes.
La propuesta, referida a las comisiones de Educación, Gobierno, y Para el fomento de las artes y la cultura de la Cámara, buscaría “asegurar las mejores prácticas fiscales a las agencias, entidades e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, sus corporaciones, y los municipios autónomos, mediante priorización de la UPR en la contratación de servicios”, tales como legales, de asesoría económica, auditoría o contabilidad.
De acuerdo con datos publicados por el CGE, quien peticionó la medida, el gobierno gastó cerca de $1,066 millones en esos servicios durante el año fiscal 2014-2015.
El proyecto de ley 2883 se uniría al proyecto de ley 1050 aprobado en octubre de 2015 en el Senado, y que propone que el estudiantado de la UPR ofrezca los servicios de tutorías en las escuelas públicas. Para este último, falta la aprobación de la Cámara.
“Específicamente lo que nosotros buscamos es establecer unas cuentas restrictas, donde podamos establecer para qué es ese dinero que se estaría recibiendo con estos servicios. En primera instancia iría al pago de los estudiantes subgraduados y graduados que estarían participando”, explicó Guasp Pérez.
La segunda prioridad sería el fondo de mejoras permanentes –la UPRRP solamente necesita sobre $200 millones para modernizar toda la planta física–, y el dinero restante iría al fondo de becas de la UPR y al apoyo de actividades culturales, recreativas, académicas y deportivas, detalló el líder estudiantil.
Otros de los informes destacados fue el presentado por el Grupo de Trabajo de Género, a cargo de la estudiante Shariana Ferrer Núñez, quien enumeró los cinco acuerdos que el colectivo ha logrado con la administración universitaria del recinto.
Estos incluyen la creación de un grupo de investigación encargado de identificar las problemáticas de género en el campus; la elaboración de un programa de adiestramiento sobre perspectiva de género para maestros del Departamento de Educación liderado por la UPR; el establecimiento de un comité multisectorial para atemperar las políticas del recinto; la discusión de la asignación de fondos recurrentes del Programa de Estudios de la Mujer y Género (PEMG), adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales; y el nombramiento de personal administrativo secretarial para dicho programa.
Sobre la poca asistencia para esta asamblea, Roberto Nava Alsina, vicepresidente del CGE, lo adjudicó al hecho de que el semestre se encuentra en sus últimas semanas y, por consiguiente, la preocupación de los estudiantes está más en terminar trabajos y estudiar para los exámenes finales.
“[Fueron] dos asambleas bien cargadas, y [los estudiantes] se quieren dedicar a estudiar. Tampoco ha salido una propuesta de paro o huelga que haya estado rondando en las redes sociales los días antes”, apuntó.
