La celebración de la asamblea nacional de estudiantes del sistema universitario público del país sumó hoy una fuerza más en sus filas, luego que los alumnos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón acordasen participar en ella.
La decisión se tomó en la segunda asamblea general de estudiantes que celebró el campus vaquero en lo que va de año.
Con esta determinación, se unen a las unidades hermanas de Arecibo, Carolina, Cayey y Ponce, quienes ya han confirmado su asistencia al cónclave. Ahora Bayamón tramita la concesión de un receso académico y administrativo para participar del evento, tal como mandató el estudiantado.
La asamblea nacional estudiantil se realizará el 5 de abril en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Para que sus trabajos sean válidos deberán asistir –como mínimo– seis de las once unidades de la UPR, y cada una deberá llevar el 10% de su matrícula, el mismo porcentaje requerido para celebrar las asambleas estudiantiles por campus.
Con la UPR en Bayamón en el barco, resta un campus para alcanzar el quórum nacional. La invitación a dicho evento ha sido extendida a los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música.
Cuestionan capacidad de la administración universitaria
En asuntos de la UPR, el estudiantado vaquero acordó solicitar la renuncia a la presidenta interina del primer centro docente del país, Nivia Fernández, por sus “posturas incongruentes” y “faltar a su deber de fiducia”.
Fernández lleva menos de un mes en su puesto, y llegó justo en medio de la etapa final de la preparación del borrador del plan fiscal de la UPR, que busca –entre ajustes e ingresos– modificar el presupuesto universitario en $300 millones.
Esa cantidad fue “sugerida” por la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en enero pasado.
La moción de destitución advino luego de una discusión del borrador, donde se detalla que de aquí al 2019, se prevé un ajuste presupuestario de $200 millones. De estos, $142 millones serían para el próximo año fiscal 2017-2018: $111 en ajustes operacionales más $31 millones que generaría una matrícula ajustada a los ingresos.
En el debate salió a relucir el panorama de “incertidumbre” en el que se encuentra la UPR con respecto a ese documento, pues ya la Junta de Gobierno de la institución sentenció que no aprobará el plan fiscal hasta que Rosselló Nevares nombre las cinco vacantes en dicho organismo.
A raíz de ese debate, se aprobó una moción para que los puestos nombrados por el gobernador a la Junta de Gobierno sean reducidos a dos, y que los rectores sean escogidos por estudiantes, profesores y trabajadores no docentes sin que medie la intervención de dicho cuerpo rector.
En la asamblea también se favoreció solicitarle a la Junta de Gobierno que no confirme la nominación de la doctora Arleen Hernández Díaz como rectora de la unidad. Esta participó en la infructuosa implementación de la tecnología Power Campus, que le costó $1.7 millones a la UPR.
Ataque a contratos de asesoría legislativa
Con respecto al gobierno, los estudiantes de la UPR en Bayamón favorecieron que se decrete una moratoria al pago de la deuda y que esta no se salde hasta que sea auditada, contrariando la postura de Rosselló Nevares, quien ha catalogado esa iniciativa como innecesaria.
Un tema recurrente, además, fue la palpable molestia en querer imponer recortes a la UPR sin que se consideren otras alternativas. Consecuentemente, se aprobó una moción para que el gobierno tenga como prioridad a la UPR al momento de suplir servicios y necesidades gubernamentales, allegando así fondos a la institución.
En esa misma línea, se acordó la creación de un comité a nivel sistémico –compuesto por profesores y estudiantes– para que la universidad desarrolle internados y programas que viabilicen que sean los alumnos, de acuerdo con su área de preparación, quienes ofrezcan dichos servicios no solo al gobierno, sino al sector privado.
Karla Padró del Río, presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPR en Bayamón, y quien lideró el trámite parlamentario. (Gabriella Báez Reyes / Diálogo)
Similar a lo anterior –y ya entrando en el tema de los recortes– el estudiantado favoreció que se redujera la partida de recortes que enfrenta la UPR, y que simultáneamente se eliminen los contratos de asesoría legislativa. Dio el visto bueno, complementariamente, a que los contratos de asesoría deberían ser ocupados por personal de la UPR.
Concordaron, igualmente, que antes de imponer recortes al presupuesto universitario, debería reducirse el presupuesto legislativo para las asesorías. En la discusión se mencionó los controversiales contratos que ha otorgado el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a políticos derrotados, como Aníbal Vega Borges, Rolando Crespo, Roger Iglesias y Jorge Santini.
En otros asuntos, se validó una propuesta para publicitar la UPR en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica y, de esta forma, lograr un aumento en la matrícula de estudiantes que genere ingresos. La moción fue de las pocas que generó oposición por el prospectivo costo de la campaña en medio de posibles recortes. No obstante, se aprobó por 188 votos a favor sobre 158 en contra.
Ya al final de cónclave, y tras determinarse que no había quórum para hacer vinculantes las determinaciones, se acogió una propuesta para que el CGE de la UPR en Bayamón viabilice la promoción y participación del estudiantado en el Paro Internacional de Mujeres que se celebrará el próximo 8 de marzo.
Hubo, asimismo, un grupo de estudiantes que se dirigió a la rectoría para realizar un piquete.
