
Seis representantes estudiantiles reclamaron ayer al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar, mayor participación en el proceso de consolidación de recintos y unidades que se pretende impulsar en el sistema.
Según la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Nancy Cardona, durante una reunión con Alomar, los alumnos expresaron la urgencia de que haya un proceso “mucho más amplio” respecto a cuáles serán los lineamientos que guiarán la elaboración de los conglomerados propuestos en el plan fiscal presentado por la institución a la Junta de Control Fiscal (JCF).
Cardona indicó que Alomar confirmó que la administración se inclina por adoptar el modelo de consolidación que certificó la JCF. En el plan fiscal que sometió la UPR se incluían dos modelos de consolidación. En el primero, se proponía dejar intactos a los recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas al tiempo que se creaban tres conglomerados con el resto de recintos y unidades: Recinto de Mayagüez –con Aguadilla y Utuado–, el “conglomerado de noreste” –con Arecibo, Bayamón y Carolina– y el “conglomerado de sureste” –con Cayey, Humacao y Ponce–.
En la propuesta favorecida por la JCF, en tanto, Río Piedras se convertiría en el recinto principal que absorbería administrativamente a las unidades de Bayamón y Carolina, mientras que Arecibo pasaría a Mayagüez junto con Aguadilla y Utuado, y se mantendría el conglomerado del sureste con Humacao, Cayey y Ponce. En esa alternativa Ciencias Médicas también permanecería solo.
“[Los conglomerados] fue un tema que se habló en el plan fiscal y no se volvió a hablar hasta recientemente […] Eso sigue siendo una preocupación entre la comunidad estudiantil sobre cómo van a quedar los servicios estudiantiles dentro de estos conglomerados. Por ejemplo, si Aguadilla será un recinto satélite, ¿cómo van a ser los servicios estudiantiles?, ¿los estudiantes tendrán que ir hasta Mayagüez para poder hablar con el decano de estudiantes?”, cuestionó Cardona.
De acuerdo con la alumna, el presidente de la Junta de Gobierno recordó que como parte de la propuesta de consolidación se recomendó separar el año académico 2018-2019 para recibir opiniones y comentarios de la comunidad universitaria de todos los recintos a fin de trazar la ruta de implementación. De hecho, la presidenta del CGE del RCM dijo que Alomar no precisó cuándo comenzaría el proceso de unificación de los conglomerados, aunque en el plan fiscal se establece agosto de 2019 como meta de inicio. Diálogo buscó confirmar la información con el presidente de la Junta de Gobierno, pero los esfuerzos no rindieron frutos.
En cualquier caso, Cardona vio con buenos ojos que se dé espacio a todos los recintos que formarán parte de un conglomerado a realizar una serie de diálogo de los que emerjan propuestas concretas para la elaboración de las consolidaciones.
“Hace falta escuchar todas las preocupaciones de parte de cada una de las comunidades estudiantiles que representamos y que eventualmente haya una propuesta que sea de parte de la comunidad, que incluye a los no docentes, los catedráticos y los estudiantes”, expresó.
Aunque coincidió con su homóloga en la importancia de los diálogo, el presidente del CGE del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Marcus Ramos, miró con escepticismo estas reuniones entre las partes que comprenderán cada conglomerado.
“Es ingenuo pretender que unidades negocien cómo se van a serruchar el palo los unos a los otros. Obviamente, las unidades más grandes van a tener un poder decisivo sobre cómo finalmente terminen la organización de los programas y qué integración habrá en lo que es la creación de cursos. Cuando se habla de los hubs, naturalmente no existirán los Senados Académicos. Por lo tanto, hay que hacer una reestructuración completa de cómo se legisla la gestión académica en esos hubs, cómo se crean y se enmiendan programas, etcétera”, destacó Ramos.
De igual manera, el colegial se manifestó preocupado respecto a cuál será la economía real que obtenga el sistema UPR con la consolidación propuesta, ya que –dijo– la administración universitaria se mantiene firme en que no se despedirán empleados como consecuencia de esta propuesta.
“La administración insiste en que la UPR no se va a despedir a nadie, que será por medio del attrition en la plantilla no docente, que quizás solo llegue a un 20% o un 30%. Aunque Alomar señaló el asunto de lo que es la reducción de programas académicos, el traslado de recursos docentes a otros recintos, eso potencialmente no redunda en una economía, porque se mantiene la plaza y el salario”, cuestionó.
En concreto, el plan fiscal de la UPR menciona que, durante el primer año de los conglomerados –2019-2020– la institución vería un ahorro de $16 millones, gracias a la disminución de 25% del personal temporero o transitorio, 2% de reducción de personal docente administrativo y 2% de disminución de personal no docente por medio de la congelación de plazas de empleados que se retiren. Según el análisis, en ese año la UPR vería una disminución aproximada de 578 empleados de los 12,779 con los que actualmente cuenta el sistema. La propuesta es continuar la disminución por medio de attrition en los siguientes años académicos hasta llegar a 11,207 empleados en 2022-2023 con un ahorro global de $51.4 millones.
“Vamos a ver si con este endoso del presidente de la Junta de Gobierno finalmente se da un proceso participativo en el que tengamos claro hacia dónde va dirigida la universidad, y cómo va a operar la consolidación, cuáles son los programas que se mantienen, qué oficinas se van a consolidar y cómo, y cuáles va a ser las transferencias de recursos humanos”, añadió Ramos.
Otro de los puntos del proceso de consolidación presentados por los estudiantes en la reunión con Alomar, fue que se elimine completamente la posibilidad de que convertir a la unidad de Utuado en un campus exclusivamente de investigación agrícola y experimental y sin un componente de oferta académica.
Alertas con el presupuesto
Además del proceso de consolidación, en la reunión –en la que también participaron los presidentes del CGE de Ponce, Juan José De Jesús; y Utuado, Emmanuel Santiago; y los presidentes interinos de Río Piedras, Gabriel Negrón; y Bayamón, Lyvan Butín– también se tocó el tema de la elaboración del presupuesto que regirá a UPR el próximo año fiscal que inicia el 1 de julio.
Según los estudiantes, Alomar les explicó que el borrador “sufrió cambios mayores”, sobre todo en la sección de ingresos debido a las medidas aprobadas durante la tarde de ayer por la Junta de Gobierno de la UPR con respecto al aumento de matrícula para los estudiantes de maestría y doctorado.
El presidente de la Junta de Gobierno, de acuerdo con los alumnos, les reiteró que el 4 de junio entregarán un borrador modificado tanto a la JCF como a la Junta Universitaria.
Cardona se mostró esperanzada en que la administración cumpla con su palabra en hacer público el documento tal como les indicó Alomar en la reunión.
“Se enfatizó que hay unos procesos en el cual el presupuesto tiene que pasar la Junta Universitaria. Definitivamente, comparado con otros años cuando yo estuve en la Junta Universitaria en 2015, los presupuestos se habían evaluado entre abril y mayo. Hasta el momento no se sabe cuál es el presupuesto final que se entregará a la JCF. Es atípico y no es alentador para la comunidad universitaria. Esperamos que la UPR estuviera preparada desde mucho antes para poder tener los documentos a tiempo y que la comunidad universitaria tuviera una participación real, pero al día de hoy no ha sido así”, lamentó la estudiante.
Con ella coincidió el presidente del CGE del RUM, quien instó a sus compañeros concejales a estar alerta a todo el proceso inmediato de los asuntos que se tocaron con el presidente de la Junta de Gobierno.
“Los consejos debemos estar pidiendo participación e injerencia en esos procesos, que eso va en contradicción a los que ha sido la norma de los administradores –al menos los de los recintos– hasta el momento todo se ha hecho a oscuras y a espaldas de la comunidad universitaria”, expresó Ramos.
Durante la reunión, también se habló sobre los aumentos al costo de la matrícula en todos los niveles estudiantiles, el futuro de las exenciones de matrícula, el proceso de becas en la UPR y la situación con el cierre de la residencia estudiantil del Recinto de Río Piedras, Torre Norte, entre otros asuntos.